Cuando hablamos de reconstruir de nuevo el Estado nacional, es evidente que contemos también con los empresarios. Ese empresario que pone su capital al riesgo, que crea una empresa y da trabajo a otras personas. Un capital que se invierte y que no tiene porqué derivarse siempre como sostiene la izquierda, de una herencia o fortuna e incluso fruto de la explotación humana, sino que puede ser el resultado de muchos años de trabajo personal y de sacrificio, y de mantener unos ahorros e invertirlos con cabeza después, mientras otros se lo malgastaban en juego, drogas, vicio, fornicio, fiestas y bacanales.

Pues bien, ese empresario merece también un respeto y la protección de ese Estado nacional, que perseguirá implacablemente a aquellos que envenenan por motivos políticos a los trabajadores, diciéndoles que ese o aquel empresario es un ladrón, y que el capital invertido en la creación de la empresa es resultado del robo, de la explotación y de la usura.

Ese hombre o mujer, ese pequeño empresario que expone un capital conseguido a base de trabajo, esfuerzo, sacrificio, austeridad y ahorro, tiene derecho a dirigir su empresa con el respaldo, el apoyo y la seguridad que le debe brindar el Estado, con la idea clara de que junto a los técnicos y los trabajadores -parte esencial también de esa empresa-, recibirán las plusvalías de manera justamente equitativa por ser partícipes en la producción de la misma.

Pero además, y esto es de suma importancia, parte de esas plusvalías, por tratarse de una empresa ordenada al bien común, tiene un objetivo también común, pues por encima de los intereses económicos del trabajador, del técnico o del empresario, se encuentra el interés de la economía nacional y los intereses sagrados de la patria.

Por eso, ese programa social de la formación de unidad nacional que demandamos, debería dirigirse a la creación de un Estado al servicio del bien común que, mediante la justicia social, deberá tener como prioridad imperiosa la de evitar la lucha de clases. Hay que abolir la lucha de clases, porque antes -independientemente de los problemas de naturaleza económica que hayan podido engendrarse entre hombres de una misma patria que son hermanos-, lo que debe hacer esa formación que irrumpa en la escena política para regenerar el sistema es, frente a una masa amorfa sin sentido de patria y puesta al servicio de intereses internacionales, manejada más allá de nuestras fronteras por instrumentos de presión por grupos de poder que se mueven a escala universal, y como juguetes de todas las tempestades o instrumentos operativos de la subversión, es necesario afirmar que los trabajadores, precisamente por ser trabajadores, tienen que ser esencial y fundamentalmente españoles.

Porque, si al hombre que tiene dinero, se le pueden dar otras ambiciones y otras perspectivas; si a ese hombre que tiene un gran patrimonio y un gran capital y que juega a escala internacional, resulta que cuando la patria se hunde y el barco hace aguas en periodos de crisis o de naufragio, puede marcharse para disfrutar de sus bienes en un país extranjero, entonces, al trabajador humilde, no le queda otra cosa que el suelo de su patria, y es por eso, que nadie puede ser más radicalmente español que quien tiene como único patrimonio verdadero el suelo y la tierra que le vio nacer.

Y es precisamente por estas razones, por las que los artífices del sistema constitucional de 1978, no permiten que nazca un movimiento político de unidad nacional con un marcado contenido social al servicio de las personas trabajadoras, honestas y decentes. Los que nos han llevado a la mayor ruina moral, social y económica de nuestra historia, y que se autodenominan “constitucionalistas” por la cobardía de llamarse españoles, impedirán, con todos los medios informativos a su servicio, que un movimiento de reconstrucción nacional pueda darse a conocer. Será insultado, vilipendiando, linchado y criminalizado, incluso antes de nacer.

(Continuará)