El portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardá, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno

Esquerra Republicana de Cataluña ha llevado al Congreso de los Diputados su obsesión laicista con una moción que se debatirá la semana próxima para instar al Gobierno a modificar la ley de libertad religiosa de 1980. Esta iniciativa ha estado precedida de una interpelación urgente -ni más, ni menos- de ERC al Gobierno, sin otra finalidad que la de reabrir un nuevo ciclo de polémica laicista sobre la relación del Estado con las confesiones religiosas, principalmente con la Iglesia católica, que es la única mencionada expresamente en la Constitución y con la que se identifica la mayoría de los ciudadanos españoles. ERC ya intentó algo parecido en 2010, y lo que pretende ahora va por el mismo camino: desterrar lo cristiano de la vida pública, prohibir celebraciones religiosas en los funerales oficiales o juramentos de cargos públicos ante el crucifijo, excluir el hecho religioso del sistema educativo para reducirlo a la marginación, eliminar los beneficios fiscales a los edificios religiosos y, en definitiva, poner en marcha un proceso de deslegitimación de toda presencia religiosa fuera de ámbitos privados.

Tristemente coincide esta iniciativa retrógrada con la nueva agresión a una capilla universitaria. En la madrugada de ayer, unos desconocidos lanzaron artefactos incendiarios contra la capilla de la Universidad Autónoma de Madrid, el segundo ataque en un año. Para estos casos, la izquierda olvida su sensibilidad frente a la islamofobia y calla ante la cristianofobia que, sutil y constantemente, se va infiltrando con tintes agresivos, de palabra o de acción, en la sociedad española. Sor Rosario, una monja de Granada a la que un desconocido rompió la nariz de un puñetazo, podría dar cuenta de las consecuencias de esa animadversión contra la Iglesia.

Tampoco entra en contradicción con la propuesta de ERC que Cataluña sea precisamente un territorio donde las relaciones entre comunidades islámicas integristas y grupos nacionalistas radicales sean particularmente estrechas. Al final, siempre convergen los extremismos de cualquier signo cuando todos buscan romper la convivencia. La moción de ERC es, realmente, una prueba para el PSOE de Pedro Sánchez, quien debería ver esta iniciativa de los republicanos como una trampa para radicalizarse. La izquierda en España debe asumir que su relación histórica con la libertad religiosa no le aconseja abonar sentimientos extremistas, porque sobre esto también hay memoria histórica. Y tampoco debe olvidar que la aconfesionalidad del Estado no justifica una actitud hostil contra lo religioso, sino el respeto neutral a las creencias de los ciudadanos y a las tradiciones de la sociedad, incluso cuando unas y otras se manifiestan legítimamente en la vida pública.