Rajoy y Urkullu.

El PNV asegura sentirse «muy cómodo» formando el eje parlamentario sobre el que Mariano Rajoy soporta la legislatura y se prepara ya para afrontar el siguiente nivel de negociación: los Presupuestos de 2018. Tras lograr un suculento acuerdo económico sobre el Cupo vasco y cuantiosas inversiones, sobre todo en la Alta Velocidad, por haber apoyado las cuentas de este año, los nacionalistas vascos buscan subir el precio en la negociación de otoño. La aprobación del techo de gasto ha sido más bien un trámite técnico, pero la dirección del PNV estudiará desde este lunes cómo «balizar» en el terreno político unas conversaciones con Moncloa que retomarán tras el verano, según cuenta ABC.

El partido de Andoni Ortuzar quiere aprovechar la fuerza que le dan sus cinco escaños en el Congreso para arrancar a Rajoy mayores compromisos con el autogobierno vasco. Los nacionalistas recuerdan que hay una veintena de transferencias recogidas en el Estatuto de Guernica pendientes de traspasar, y pretenden aprovechar la debilidad del Gobierno del PP para lograrlo en esta legislatura.

Entre los asuntos que están sobre la mesa hay materias muy sensibles, como es la gestión de las cárceles. Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene asumida esa competencia y el Gobierno vasco la ha reclamado históricamente. Aunque la responsabilidad de llevar las prisiones no afecta a la política penitenciaria, que marca el Estado, no cabe duda de que la existencia de ETA entorpece ese traspaso.

Caja única

En el Ejecutivo de Rajoy no se cierran a hablar de este asunto, según las fuentes consultadas, aunque reconocen que en Moncloa no se apuesta por seguir transfiriendo a las comunidades competencias, «que luego, en tiempos de crisis, muchos han sugerido devolver al Estado por falta de financiación», apuntan.

Otra de las prioridades del Ejecutivo de Iñigo Urkullu es asumir la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. «No supone romper la caja única», matizan desde el PNV, donde se insiste en que el Estatuto de Guernica, aprobado en 1979, «es ley y debe cumplirse». En total, reiteran, hay una veintena de competencias más pendientes de ser transferida al País Vasco, como la gestión de los cercanías o las autopistas, puertos y aeropuertos.

Al PNV «no les disgusta» el protagonismo adquirido en esta legislatura, que ya tuvieron también en la primera etapa de Aznar y la segunda de Zapatero, y tratarán de exprimir al máximo la debilidad de Rajoy. El Gobierno de Iñigo Urkullu, coaligado con el PSE, planteará en septiembre su lista de la compra en forma de traspaso de competencias, donde las cárceles y la gestión económica de la Seguridad Social serán prioridad.
Los nacionalistas no ocultan que ambas cuestiones, enquistadas durante décadas, serán complejas de negociar con Rajoy, pero insisten en que la «agenda vasca» en la próxima mesa de Presupuestos será más política que económica. «Muchas más cosas en términos de inversiones no hay. Debemos aprovechar nuestra oportunidad», señalan las fuentes consultadas. El PNV sabe que está en posición de ventaja por la negativa del PSOE de Pedro Sánchez a pactar con Rajoy. «Seríamos tontos si no lo aprovecháramos», afirman en Sabin Etxea, esperando su nueva oportunidad.

Leyes clave

Los nacionalistas han apoyado las leyes clave para la estabilidad del país, empezando por los Presupuestos de este año, pero también reformas importantes para el crédito del Ejecutivo de Rajoy, como la de la estiba. Su voto acaba de ser decisivo para convalidar el techo de gasto de 2018 y Moncloa confía en salvar también las próximas cuentas con los nacionalistas vascos, canarios y Ciudadanos en esa estrecha aritmética parlamentaria de 176 escaños.

El Gobierno y el PP reconocen que su relación con el PNV está muy engrasada, más aún que con Ciudadanos, su socio de investidura del que Rajoy sigue recelando tras sus continuos cambios de postura. «En cambio, el PNV es un socio de fiar», dicen los populares.

El grupo vasco asegura tener las «manos libres» pero niega ningún eje «estratégico» con el PP. «Defendemos los intereses del País Vasco y Navarra, no hay alineación con el PP, sólo política de utilidad», apuntan. El PNV reprobó a Catalá y al fiscal general, pero salvó a Cristóbal Montoro tras el varapalo constitucional a la amnistía fiscal. «Nos abstuvimos porque la reforma fiscal no tiene efectos en las haciendas vascas», señalan. El grupo vasco no quiere entrar en el «circo diario» de la oposición con las reprobaciones a ministros, como tampoco ha abandonado la comisión de investigación sobre financiación en el Senado. Aunque no participa.

Techo de gasto

En el Congreso de los Diputados, el portavoz del Grupo vasco, Aitor Esteban, ha dejado claro que el apoyo al techo de gasto, producido la semana pasada, no condiciona la negociación de los Presupuestos Generales de 2018. Según subrayó, el respaldo al techo de gasto solo supone abrir la puerta a una posible discusión de las cuentas públicas para el próximo ejercicio. «No demos a este trámite una relevancia como si fueran los Presupuestos», comentó tras la votación del límite de gasto.

Desde el PNV se insistió en que se está «tan lejos» de apoyar los Presupuestos Generales de 2018 «como que todavía no los conocemos». En cualquier caso, los nacionalistas quieren mantener los planteamientos de su «agenda vasca».