Fotomontaje de Oriol Junqueras detenido por la Guardia Civil

AD.- Los separatistas han depredado los recursos públicos hasta el punto de tener que ser rescatados por el mismo Estado al que tanto aborrecen. Han empobrecido a mayores y jóvenes. Con el dinero que nos les pertenecen han dilapidado cientos de millones de euros en “embajadas”, medios lacayunos de comunicación, compra de voluntades y asociaciones afines. Han dinamitado las relaciones con el resto de la nación. Han reinstaurado la cultura del ‘tupper’ en hospitales, centros de trabajo y hasta en los colegios. Han llenado la región de yihadistas. Han traicionado el artículo segundo de la Constitución. Han islamizado una parte de Cataluña. Han despertado en nosotros la sospecha de que, con la intervención económica de ciertas fundaciones del Golfo, particularmente Qatar, ya es posible comprar terrenos en Cataluña para construir mezquitas. Han polarizado a los catalanes en buenos y malos. Han propagado el odio a España entre los más jóvenes. Han dejado sin futuro a miles de compatriotas. Han arruinado a miles de familias. Han pretendido destrozar todos los puentes institucionales entre Cataluña y el conjunto de España. Han robado a manos llenas y han culpado a otros de sus desmanes. Han acabado con la paciencia de muchos y con la libertad de aún muchos más.

Definitivamente, el separatismo catalán ha perdido ya el derecho a cualquier miramiento. El separatismo catalán es un lastre para la convivencia y para la economía nacional. Por consiguiente, si persiste la actual parálisis del Gobierno de Rajoy, no hay otra salida que la intervención militar de Cataluña, la derogación de sus normas autonómicas y la clausura de sus instituciones regionales. Hay margen para ello en la mismísima Constitución, concretamente en su artículo 155: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. No se me ocurre situación más grave que la de ahora para dicha intervención.

En Cataluña, la subversión es alentada con el dinero de todos los españoles. No contentos con las amplias y generosas prerrogativas autonómicas que han disfrutado todos estos años, los separatistas buscan ya la colisión frontal con el resto de España. Son ellos quienes fomentan el boicot a los símbolos nacionales; quienes responden con sectarismo violento a las voces que claman estérilmente por una Cataluña para todos; quienes utilizan a los Mossos contra la legalidad vigente; quienes, para proteger sus privilegios y difuminar sus responsabilidades en el proceso de gansterización que sufre la vida política y social catalanas, pretenden ahora emporcar y culpar a los demás de sus propios desmanes.

Es imperio señalar con el dedo acusador a los separatistas, denunciar sus turbios manejos y hacerlos fracasar en su propósito delictivo. Para ello no se nos ocurre otra salida que la derogación ‘estricto sensu’ del marco autonómico de Cataluña y la detención de todos los responsables del proceso sedicioso que ha sido puesto en marcha. No ignoramos que cualquier alternativa al desafío de los separatistas distinta a las paniaguadas pretensiones del portavoz socialista, José Luis Ábalos, contará con el crispado rechazo  de la izquierda radical y su amplia y encanallada base social. El exigente deber de quienes tienen la obligación de preservar la unidad territorial de España debe sobreponerse al temor a los círculos más vocinglerantes y depravados de la sociedad. De no ser así, la democracia española estaría siendo secuestrada por el sector más infame de la población, lo que a la larga nos garantizaría un país sin resortes morales para su supervivencia.

En octubre de 2007 fueron detenidos por la Policía Nacional 23 integrantes de la Mesa Nacional de Herri Batasuna. Durante las semanas previas se sucedieron los mensajes contrarios a esa medida, con el pretexto de que generaría una violenta respuesta social que haría saltar por los aires todos los puentes entre la comunidad autónoma vasca y el Estado. PNV y PSOE encabezaron las apocalípticas advertencias, que al final resultaron infundadas. Sin embargo algunos incidentes de baja intensidad, la detención y encarcelamiento de la cúpula de la formación proetarra contó con un amplio e inesperado apoyo social dentro de la población vasca. Hoy nos atrevemos a pronosticar que una medida similar contra los impulsores del proceso sedicioso en Cataluña recibiría el apoyo mayoritario de esa mayoría silenciosa que se siente tan española como catalana.

Por lo demás, nuestro mayor respeto a esa Cataluña que sin perder su genuino compromiso con su tradición cultural y sus señas identitarias, quiere vivir en estrecho y fraternal consorcio con la patria común de todos.

¡Visca Espanya y Viva Cataluña!