La Guardia Civil lleva meses investigando, en el marco del caso del 3 %, el supuesto amaño en los contratos de obra pública de la Generalitat en adjudicaciones por valor de 500 millones de euros entre 2011 y 2015, cuando el gobierno catalán estaba presidido por Artur Mas.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, la Guardia Civil sigue desde hace meses el rastro a este supuesto amaño en la contratación pública, del que hoy El Español ha dado detalles tras tener acceso a cientos de miles de documentos internos del Govern de esa época.

De hecho, el juez de El Vendrell (Tarragona) que desde hace años investiga el caso del 3 %, sobre el supuesto pago de comisiones a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública, ha encomendado a la Guardia Civil, como policía judicial, las pesquisas sobre esta supuesta trama.

Según pública hoy El Español, a partir de la documentación interna del ejecutivo catalán a la que ha tenido acceso, la Generalitat “creó una red” para que esos contratos fueron repartidos a empresas afines a CiU que financiaron después a Convergència con grandes cantidades de dinero.

Parte de esos contratos fueron manipulados tras la intercesión directa de altos cargos y miembros del ejecutivo catalán, “con el exconseller de Justicia Germà Gordó como correa de transmisión y con el tesorero de Convergència Andreu Viloca a la cabeza”, según el diario digital.

Gordó tenía que declarar hoy como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha asumido la parte del caso del 3 % que afecta directamente al exconseller, dada su condición de aforado, porque actualmente es diputado no adscrito en el Parlament, tras abandonar el grupo de Junts pel Sí (JxSÍ).

Sin embargo, la declaración de Gordó se ha pospuesto debido a una enfermedad de su abogado.

Hasta el momento, los informes de la Guardia Civil relativos al caso del 3 % han permitido a la Fiscalía Anticorrupción concluir que Gordó era el supuesto “conseguidor” o “recaudador” de la presunta trama.

Según la información difundida hoy por El Español, tras llegar a la presidencia de la Generalitat en 2011, Artur Mas y sus altos cargos habrían creado un sistema opaco capaz de burlar todos los controles administrativos y entregar a dedo obras millonarias en un momento delicado para las arcas de la administración catalana.

Las empresas públicas de la Generalitat utilizaron una oficina de colocación para militantes de Convergència, y cuando estalló el escándalo del 3 %, altos cargos del ejecutivo catalán intentaron ocultar informes internos sobre el caso, según este medio.

En mayo de 2012, la empresa pública Gerencia de Infraestructuras (GISA) se fusionó con otras dos entidades públicas para dar paso a Infraestructures, que centralizó la licitación pública en Cataluña mediante un sistema que facilitaba los amaños y llegando a multiplicar por cinco el volumen de las licitaciones.

Así, el volumen de contratos licitados por Gisa primero e Infraestructures después fue de 31,8 millones en 2011; 66 millones en 2012; 98 millones en 2013; 157,9 millones en 2014 y 176,6 millones en 2015.

Dentro de esta red, el papel de Germà Gordó, como hombre fuerte del gobierno catalán, era el de señalar a determinados empresarios para que fueran recibidos mientras controlaba un ránking con las empresas que más dinero y contratos se habían llevado de la administración catalana.

Las primeras compañías de ese ránking eran habitualmente Emte o Copisa, dos firmas investigadas desde 2015 en la trama del 3 %.