Los crecientes actos de violencia y vandalismo que protagonizan las organizaciones vinculadas a la CUP constituyen una de las señas más visibles de la fractura social y política que se gesta en Cataluña desde hace años, fruto de la intolerancia y la radicalidad que pregonan a sus anchas estos y otros movimientos nacionalistas y antisistema con la connivencia –cuando no la complicidad– de determinados partidos e instituciones públicas. Arran, entidad juvenil perteneciente a la izquierda «independentista y revolucionaria», genuina incubadora de los cachorros de la CUP, asaltó el pasado jueves un autobús cargado de visitantes extranjeros en la Ciudad Condal para, poco después, pinchar las ruedas de varias bicicletas de alquiler o, tal y como sucedió ayer, reivindicar una algarada cometida a finales del pasado julio en un concurrido restaurante situado en el puerto de Palma. Este grupo de radicales se envuelve ahora en la bandera de la «turismofobia» para justificar sus tropelías, pero, en realidad, no se trata más que de una excusa para dar rienda suelta al natural instinto violento y totalitario que profesa su ideología.

Arran, al igual que otros grupos antisistema, se dedica a lo único que sabe hacer: pura y dura violencia callejera a base de disturbios, quema de cajeros, ocupación de edificios, pintadas amenazantes, barricadas universitarias, destrozos de escaparates y mobiliario urbano, asaltos a las sedes de otros partidos, insultos y amenazas. Es decir, vandalismo organizado y sistemático en todas y cada una de sus vertientes, a imagen y semejanza de lo que hacía la kale borroka etarra en el País Vasco. Estos radicales actúan, ni más ni menos, como el reflejo catalán de la violenta juventud batasuna y, por tanto, son merecedores de idéntico trato penal. Expertos consultados por ABC aseguran que la ley aprobada para frenar al terrorismo callejero en el País Vasco se puede aplicar al nuevo fenómeno que están protagonizando los jóvenes de la ultraizquierda catalana. Su aplicación ayudaría, sin duda, a combatir el vandalismo, más allá de las responsabilidades jurídicas que se puedan imponer a estos delincuentes.

Lo más preocupante de este clima de violencia política es la indolencia que muestran algunas formaciones ante estos ataques, condenados de forma superficial, como un simple trámite administrativo, y sin cuestionar la verdadera raíz del problema. La presencia de la CUP en las instituciones democráticas catalanas y la sumisión que la Generalitat manifiesta hacia sus demandas políticas ponen de relieve el riesgo que entraña una radicalización institucional que tiene cumplida respuesta en las calles, siniestra carta de presentación para la «república» de la CUP, Junqueras y Puigdemont.