Isabel San Sebastián*.- Primero se cedió un terreno crucial en el campo de la Educación, después vino la marginación consentida de los castellanoparlantes, la carta blanca al despilfarro de dinero público en políticas secesionistas y, como colofón, la renuncia a controlar la lucha contra el terrorismo, con las consecuencias constatadas en Barcelona y Cambrils. Si les quedara algo de responsabilidad a los partidos que dicen creer en el sistema democrático, esto es, PP, PSOE y Ciudadanos, estarían buscando desesperadamente la forma de parar esta locura y dar marcha atrás. Porque las manifestaciones de repulsa, en el mejor de los casos, solo sirven de terapia colectiva frente al miedo, y en el peor, como vimos el sábado, se convierten en una humillación tolerada a las más altas instituciones del Estado y a las víctimas, amén de una vergüenza internacional rubricada con la ausencia absoluta de líderes extranjeros ante el temor, más que justificado, a verse involucrados en la encerrona. Los gobernantes autonómicos catalanes no se cansan de demostrar que tienen una única obsesión llamada independencia, inmune a la razón y la lógica. Las manifestaciones, por tanto, no sirven. La batalla por la seguridad compatible con la libertad solo puede ganarse con información, con muchos más medios de los empleados hasta ahora, con plena unidad operativa dirigida desde Madrid y desterrando los complejos que nos atenazan. Considerando que ni siquiera ha podido incrementarse el nivel de alerta hasta el grado cinco, ya que esa decisión habría requerido el despliegue del Ejército en las calles y provocado el estallido del pacto antiterrorista (existían amenazas explícitas al respecto) debemos ponernos en lo peor.

Es imposible saber si la Guardia Civil, la Policía Nacional y el CNI, coordinando información y esfuerzos con los Mossos d’Esquadra, habrían podido evitar la masacre, aunque parece obvio que su experiencia y preparación habrían multiplicado las posibilidades. ¿Se les habrían escapado los indicios de que se estaba preparando un atentado con explosivos en la casa que saltó por los aires en Alcanar, donde hasta la juez alertó de esa evidencia a los agentes de la Policía autonómica, que desecharon tal posibilidad pese a la acumulación de pruebas apabullantes? ¿Habrían dejado marchar al herido sin interrogarle siquiera? ¿Se habría archivado la advertencia de la Policía belga sobre el imán yihadista sin una mínima comprobación, que habría sacado a la luz la investigación llevada a cabo en 2005 por el CNP al detectarse la vinculación de Satty con Al Qaida? Lo dudo. Como dudo que hubiera habido millares de personas caminando por una rambla vulnerable a atropellos terroristas como los acaecidos en Niza o Berlín si la decisión de protegerla con bolardos hubiese correspondido a una autoridad estatal guiada únicamente por criterios de eficacia operativa y no por el sectarismo. Basten estos graves errores cometidos para demostrar hasta qué punto es imprescindible que el Estado, si es que Estado queda después del 1 de octubre, recupere a la mayor brevedad el control total de la respuesta ante la amenaza terrorista. No hacerlo implica abandonar a su suerte a millones de españoles que merecen ser protegidos.

Los brutales atentados perpetrados por sicarios de Daesh el 17-A en Cataluña nos demostraron hasta qué punto nos debilita la fragmentación de policías y servicios de información. La manifestación del sábado les demostró a los terroristas que muchos catalanes, empezando por sus líderes, ponen sus mezquinos intereses rupturistas por delante de las víctimas y de la seguridad. ¡Pobres de nosotros!

*Articulista de ABC