Último gobierno autonómico de la provincia de Puerto Rico en 1897.

Muchos desconocen que hasta 1898 los puertorriqueños ostentaron la nacionalidad española de rango constitucional. Dicha nacionalidad les fue despojada de manera unilateral durante la negociación del Tratado de París de 1898. Conforme al artículo I de la Constitución Española de 1876 –vigente en aquel momento– eran españoles todas las personas nacidas en territorio español. Por lo que todos los nacidos en Puerto Rico poseían la nacionalidad española. Era una nacionalidad que no distinguía si habían nacido en uno u otro lado del Atlántico, pues desde la Constitución de 1812, «La Pepa», se establecía que la nación española era la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios y que eran españoles todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, y los hijos de éstos.

Tras la derrota española en la guerra, se dan unas «negociaciones» (más bien imposiciones de Estados Unidos a España) que desembocan en el Tratado de París de 1898. Negociaciones en las que el gobierno autonómico de Puerto Rico –estatus alcanzado mediante la Carta Autonómica de 1897– ni formó parte ni fue consultado. A través del artículo IX del tratado se estableció que sólo los nacidos en la Península podían conservar su nacionalidad española. Y que para esto debían acudir a una oficina de registro, dentro de un año después del cambio de ratificaciones del tratado, para hacer una declaración de su propósito de conservar dicha nacionalidad. La declaración fue hecha por miles de ciudadanos nacidos en la Península, incluyendo a canarios y baleáricos, a pesar de que el tratado sólo habla de peninsulares, que residían en Puerto Rico. Sobre los puertorriqueños, el tratado dispuso que su condición política la determinaría el Congreso.

«Botín de guerra»

Puerto Rico, a diferencia de Cuba, nunca le declaró la guerra a España reclamando su independencia. Se mantuvo fiel a la Madre Patria hasta 1898, cuando fue cedida por esta a Estados Unidos como «botín de guerra». Para 1898, su clase política se dividía entre los incondicionales a España, en su mayoría de ellos peninsulares y de la clase dominante, y los autonomistas, que en su mayoría eran criollos. También existía un pequeño grupo de independentistas.

La negativa de los estadounidenses a que los españoles puertorriqueños mantuvieran su nacionalidad fue protestada por los comisarios españoles que representaron a ese gobierno durante la negociación del tratado de paz: «Se niega a reconocer a los habitantes de los países cedidos y renunciados por España el derecho de optar por la ciudadanía de que, hasta ahora, gozaron. Y sin embargo, este derecho de opción, que es uno de los más sagrados de la personalidad humana, ha sido constantemente respetado desde que se emancipó el hombre de la servidumbre de la tierra, rindiéndose tributo a este sagrado derecho en los Tratados que, sobre cesión territorial, se celebraron en el mundo moderno».

Territorios cedidos

La propuesta de los comisarios españoles era que todos los habitantes de los territorios cedidos tendrían el derecho de elegir la nacionalidad española. Mientras que la propuesta (impuesta) de los estadounidenses en París eliminaba de su ciudadanía a los españoles nacidos en Puerto Rico para tratarlos como tribus «no civilizadas» como habían hecho en Alaska. No fue hasta 1917, en vísperas de su entrada en la Primera Guerra Mundial, que Estados Unidos decidió, mediante el «Acta Jones», imponer –con el apoyo de la clase política anclada a la clase empresarial– la ciudadanía (nacionalidad) estadounidense a los puertorriqueños. A pesar de que los medios de comunicación de la época no resaltaron que se podía rechazar, 286 puertorriqueños no la aceptaron. Es importante resaltar que la nacionalidad estadounidense impuesta a los puertorriqueños es una de «segunda categoría», pues no permite votar por el presidente de Estados Unidos ni por congresistas.

Declaración de Nacionalidad que sólo pudieron radicar los españoles nacidos en la Península, en Canarias o en Baleares. A los que nacieron en Puerto Rico se les negó la oportunidad.

Ante todo este escenario, el Gobierno español se ha quedado de brazos cruzados y no ha asumido su responsabilidad histórica con su «siempre fiel» Puerto Rico. Como país con representación en organismos internacionales, no ha traído a discusión la situación política en que viven los puertorriqueños. Tampoco se ha legislado –como sí se hizo con los descendientes de los exiliados de la Guerra Civil mediante la Ley de la Memoria Histórica y hasta con los descendientes de los sefarditas, expulsados de España hace más de 524 años– para que los puertorriqueños hijos, nietos y bisnietos de aquellos a quienes se les arrancó unilateralmente su nacionalidad hace 119 años puedan recuperarla. Es un acto de justicia histórica.