Muchos españoles se preguntan cada día ante la situación actual, ¿que piensa hacer Rajoy frente al desafío separatista catalán del 1-O?; ¿A que obedece la parálisis de la Fiscalía ante temas tan graves como la “turismofobia”, la islamización de Cataluña, y las acusaciones al gobierno y a la Corona por parte de los independentistas, de ser los responsables de los atentados yihadistas? ¿Por qué Rajoy no tomó el mando dando órdenes a su ministro del Interior tras los atentados yihadistas del pasado mes de agosto de 2017?

El actual ejecutivo tiene asumido ser el de la parálisis, la galbana y la cobardía, pero al mismo tiempo se siente muy seguro porque la oposición no ofrece ninguna alternativa seria y creíble, más bien todo lo contrario. A esto hay que añadir también, que tampoco irrumpe como en el resto de Europa un movimiento de reconstrucción nacional a la derecha del PP con un programa ilusionante y que se pueda cumplir, que logre aglutinar a los patriotas que se sienten desilusionados, y capaz de atraer el voto del desencanto, la decepción y el desengaño.

El gobierno de Rajoy, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, con la ayuda de los medios informativos a su servicio es ahora mismo lo menos malo en la escena política. En estos momentos no tiene rival, lo que no obsta, para poder decir alto y claro que por tener todo el poder de la información en sus manos juega con las cartas marcadas. Calificarlos únicamente de oportunistas, corruptos, acomplejados y cobardes, sin tener en cuenta otros comportamientos durante su mandato, sería una manera de subestimar la gravedad de todo un cúmulo de actuaciones que deberíamos tener siempre presentes para saber lo que nos jugamos en el futuro.

Para sacar conclusiones y poder calificar las actuaciones de un ejecutivo vacunado contra los insultos de todo género, pero impasible ante lo que se viene tejiendo en Cataluña, creo muy conveniente que los buenos españoles tengamos la memoria suficiente para recordar lo siguiente:

El 7 de septiembre de 2015, un grupo de personas convocadas por CDC, UNIO, ERC, la CUP y el PSC se concentraron a las puertas del colegio público Gaspar de Portolá de la localidad leridana de Balaguer, enarbolando banderas independentistas y exigiendo el DESACATO a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ordenaba impartir el 25% de asignaturas en castellano. La sentencia vino a raíz de la denuncia de una familia residente en la localidad, para que se les garantizara el derecho que tienen sus hijos a recibir clases para su educación y formación, en castellano. Estos padres, sufrieron todo tipo de presiones e intimidaciones, hasta tal punto, que la dirección del colegio filtró sus datos personales a la prensa nacionalista, y la familia sufrió un boicot en el pequeño negocio que regentaban en el pueblo. A todo esto, se sumó también el llamamiento que se hizo a través de las redes sociales, para que se hiciera “bullying” (acoso físico o psicológico a un alumno por parte de sus compañeros) a los hijos de los padres denunciantes. Y para terminarlo de arreglar, la candidata de ERC, Roser Jurado Regué –como si dispusiese de un cementerio particular-, declaraba lo siguiente: “¡Esto no quedará así! Al inicio de curso ya se verá cómo se recibe a esa familia”.

Han transcurrido ya dos años de aquella canallada infame, y yo me sigo preguntando, ¿qué han hecho el gobierno de Rajoy, la Fiscalía, y el que fuese un día, Señor de Balaguer?

El 26 de octubre de 2015, el parlamento catalán da por iniciado el proceso independentista. Todavía no se sabía que Carles Puigdemont (alcalde de Gerona) finalmente sería elegido presidente de la Generalidad, pero la nueva presidenta del Parlament aprovechó la sesión constitutiva para dejar claro que los independentistas se veían legitimados para poner en marcha el proceso de secesión. Forcadell cerró su discurso dando vivas al “pueblo soberano” y a la “república catalana”. Y añadió: “Con esta undécima legislatura del Parlament también cerramos la etapa autonómica. Protagonizamos un momento fundacional: De un Parlament regional de competencias limitadas, recortadas y recurridas, a un Parlament nacional con plenas atribuciones”.

Han transcurrido también dos años de aquella ilegalidad, y dada la clara inanición del gobierno de España, el envalentonamiento de los secesionistas ha ido en aumento: “turismofobia”, islamización generalizada, atentados yihadistas, anuncio de la consulta soberanista, y por último, la inauguración de una agencia tributaria catalana. Sigo sin ver aparecer al gobierno, salvo para asistir junto al Rey a una manifestación donde no pintaban nada, donde fueron abucheados, insultados y ridiculizados, y finalmente acusados de ser los responsables del atentado.

El día 6 de enero de 2006, en este caso con los aplausos del Partido Popular, el entonces ministro de Defensa José Bono cesaba en el cargo al teniente general jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra don José Mena Aguado, por hacer alusión durante el discurso de la Pascua Militar, a la posibilidad de una intervención del Ejército en el caso de que el futuro Estatuto de Cataluña excediese los límites constitucionales. El ministro Bono, informaba de inmediato al portavoz de CiU en el Congreso, Durán y Lleida, que el general sería sancionado. El “delito” cometido por el teniente general Mena fue alertar de las “graves consecuencias que tanto para las Fuerzas Armadas como institución, como para las personas que las integran, podría conllevar la aprobación del Estatuto de Cataluña en los términos que se planteaba”. Según el teniente general Mena, “el hecho de que en una autonomía sea exigible el conocimiento de su lengua particular es una aspiración desmesurada que obligaría en las Fuerzas Armadas a regular los destinos a esa autonomía, de la misma forma que actualmente se regulan los destinos en el extranjero”.

Como puede verse, estos acontecimientos escogidos entre muchos otros, realmente vergonzantes, definen claramente el gobierno que tenemos. Todos los partidos políticos representados en el Parlamento –especialmente el Partido Popular-, lo tienen rigurosamente claro: se hace lo que marque Bruselas. Como te salgas del guion y no sigas el patrón establecido y divulgado a través de sus medios informativos, aun creyendo que defiendes los intereses de España y cumples con la Constitución, serás criminalizado, linchado y condenado al ostracismo, cuando no detenido, paseado por los telediarios, y finalmente procesado.
Los corruptos, independentistas, islamistas, feministas, cristianófobos, antitaurinos, comunistas, okupas e ilegales, gozaran todos ellos de la protección de Estrasburgo, del gobierno de Rajoy, de los partidos políticos, de las instituciones públicas, y de una amplísima mayoría de medios informativos.

Ser honesto y defensor de la vida y de la familia cristiana, cumplir con el fisco y con el orden establecido, y declarar públicamente ser y sentirte español y amar a tu Patria, no cotiza. Para los que se sientan en el Parlamento, embolsándose SEIS MIL EUROS mensuales, esos principios forman parte del pasado. Ahora bien, como tengas un pequeño patrimonio fruto de tu trabajo y sacrificio, una nómina, o simplemente un negocio y no entres en liza, te las verás con Rajoy y con todo su gobierno.