El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del último Consejo de Ministros.

El Ministerio de Hacienda controlará también los pagos con tarjeta de crédito que realicen los altos cargos de la Generalidad con las tarjetas oficiales, dentro de las medidas de supervisión para evitar ningún pago a favor de la organización del referéndum de independencia del 1 de octubre, han confirmado fuentes del Gobierno.

Técnicos de Hacienda se han reunido este lunes con representantes de la banca española para explicarles las medidas de control del gasto de la Generalidad aprobadas el pasado viernes por el Ejecutivo, ha informado el Ministerio a esta agencia.

El Gobierno quiere dar a los bancos los detalles sobre su decisión de que no colaboren con “actividades ilegales” y exijan que cualquier pago de la Generalidad esté acompañado de un certificado de la Intervención General. El control debe llegar a todos los pagos que se realicen desde esas cuentas bancarias e incluye así los asociados a las tarjetas de crédito de los altos cargos.

Según han detallado fuentes de Hacienda, se ha tratado de una reunión a nivel técnico para explicar el procedimiento que deberán seguir las entidades bancarias en caso de que detecten irregularidades.

Fin del plazo

Por otro lado, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, tiene hasta primera hora del martes para adoptar y comunicar el acuerdo de no disponibilidad presupuestaria que le ha impuesto el Ministerio de Hacienda y para el que le dio un plazo de 48 horas, que empezó a correr el sábado cuando el Boletín Oficial del Estado publicó la medida.

Si en las escasas 24 horas que le quedan Puigdemont no acata la orden, será el ministro Cristóbal Montoro el que adopte ese acuerdo y se lo comunique a la intervención catalana.

La medida afecta a los créditos presupuestarios distintos de los que ya ha asumido Hacienda para evitar que se dedique dinero al proceso soberanista. El pasado viernes, el Gobierno decidió controlar el gasto social de la Generalidad y encargarse del pago directo de las nóminas y de los servicios de educación, sanidad y servicios sociales.

Para controlar el resto del Presupuesto, se ordenó además a Puigdemont adoptar ese acuerdo de no disponibilidad de créditos y se le concedieron 48 horas para hacerlo voluntariamente. El plazo comenzó a correr desde la publicación de la medida en el BOE el sábado por la mañana y expira por tanto el martes a primera hora (el domingo no cuenta).