Puigdemont votando en un colegio electoral de Cornellà de Terri (Gerona)

Ramón Pérez-Maura.- Rompiendo con la forma de proceder que hemos visto hasta ahora, el Gobierno tomó ayer la iniciativa en el Consejo de Ministros y aprobó un decreto-ley para facilitar la salida de Cataluña de cuantas empresas tengan allí su sede social y deseen hacerlo. Y parecen ser muchas. Después de que Oriol Junqueras haya ninguneado el impacto de ese tipo de movimientos, veremos cómo le sienta a las cuentas de Cataluña el que esas sociedades empiecen a pagar sus impuestos en otras autonomías. Empiezo a pensar si no habré sido una mala persona todos estos años riéndome de la pancarta de «Refugees welcome» que había puesto Carmena en el Ayuntamiento de Madrid. Su preclara inteligencia le había permitido anticipar que los refugiados que venían eran otros.

Algunos hace mucho tiempo que entendimos el problema. Yo era un modesto cuentacorrentista del Banco Herrero hasta que un buen día fue adquirido por el Sabadell en tiempos del tripartito catalán de Maragall –que ya apuntaba maneras–. Inmediatamente me llevé todo a otro banco. El año pasado, los accionistas de una empresa multinacional catalana fundada por mi padre en los primeros años setenta, «Grup Maritim TCB» (Terminal de Contenedores de Barcelona), decidimos vender la sociedad a una empresa extranjera. La nuestra era un corporación catalana que a lo largo de los años se había expandido por España, Cuba, Brasil, México, Colombia, Turquía… La operación fue de la suficiente importancia como para ser noticia de portada en «Expansión». Puedo asegurar que ni un céntimo de lo que los accionistas cobraron por aquella operación se ha quedado en Cataluña. Y la sede de la compañía está hoy en Holanda. Y de cómo va el puerto de Barcelona podemos hablar en otro momento.

Es difícil saber qué va a pasar en los próximos días. La falta de ninguna lógica en la actuación de los sediciosos hace probable que veamos una sesión del Parlamento catalán y la declaración de independencia. No parece coherente que, llegados hasta aquí, ninguna prohibición del Constitucional vaya a ser un impedimento para el Gobierno o el Parlamento catalanes como tampoco lo fue para el aquelarre del 1 de octubre. A partir de ahí el Gobierno sí se vería obligado a apretar «el botón nuclear» que implica el uso de la fuerza con todas las complicaciones que eso tiene para la convivencia futura. Algo que ha intentado evitar para exasperación de sus afines. Pero no está de menos recordar que Rajoy se enfrenta hoy a esta crisis con las estructuras del Estado prácticamente desmanteladas en Cataluña, con las Fuerzas de Seguridad del Estado reducidas a poco más que una presencia testimonial y casi todas las competencias en manos de la Generalidad. Como hemos dicho tantas veces, no hay estado federal en el mundo en el que uno de sus territorios tenga tantos poderes como Cataluña: ni el Estado Libre de Baviera, ni la República de California, ni nadie. Y a eso se ha llegado paso a paso con las concesiones que todos los gobiernos han ido haciendo a los nacionalistas catalanes. Todos los Gobiernos menos… éste. Rajoy es el único presidente que nunca ha cedido nada. Y a eso, los secesionistas han respondido «Oiga, es que así no se puede…». Porque ellos se creen con derecho a recibir permanentemente. Pero eso ya no va a ocurrir. Ahora tienen que decidir si declaran la independencia y obligan a usar la fuerza además de enfrentarse a la Justicia, que ya avanza de manera inexorable.

(PD: acudan mañana a la manifestación de Barcelona, hay días en que la dignidad privada necesita ser vista en público).