El separatismo se compone hoy de unos grupos de perturbados que dirigen a una masa de personas histerizadas y fanatizadas. Los perturbados aspiran a dominar una región de España haciendo creer que sus habitantes son superiores a los demás españoles y están oprimidos por estos. En rigor no son catalanistas o vasquistas o lo que sea, sino propiamente antiespañoles, porque tienen una visión tan negativa de España y su historia, como positiva de sus propias virtudes, ambas visiones perfectamente falsas. Sus prédicas se componen a partes iguales de un desmesurado narcisismo regional y del correspondiente victimismo.

Estas cosas que siempre se darán en todas las sociedades, no son muy preocupantes mientras sean mantenidas a raya. Pero hoy han llegado a ser sumamente graves, y puede provocar reacciones de pánico o contraproducentes. Algunos hablan de emplear el ejército, lo que sería absurdo, otros de detenciones generalizadas de los golpistas, etc. Conviene diseñar estrategias para volver a la normalidad. Y esa estrategia no puede trazarse sin tener en cuenta cómo se ha llegado hasta aquí, y cuáles serían los medios más eficaces y económicos para volver a la normalidad.

El separatismo cobró fuerza en España después del “Desastre del 98”, y fue una de las causas principales del derrumbe del régimen de libertades de la Restauración. Casi desapareció durante la Dictadura de Primo de Rivera, para volver a fortalecerse y convertirse en una causa del desastre de la república, en lo que esta tenía de democrática. Ha sido un ariete contra todos los regímenes de libertades en España. Y en el franquismo prácticamente quedó superado.

Que esta última afirmación es cierta, lo prueban dos cosas: al iniciarse la transición podía temerse que, como ocurre en momentos de cambio histórico, la opinión popular diese un vuelco a favor de cualquier cosa que se presentase como nueva; pero ello no ocurrió. Los separatismos eran tan débiles que aparentaban aspirar solo a la autonomía. Y por eso el gobierno de UCD se apresuró a facilitarles la reorganización, con dinero, todo tipo de facilidades mediáticas y complacencias políticas. Un par de datos pueden dejarlo claro: para facilitarles las cosas, Suárez puso en marcha, ilegalmente, las llamadas “preautonomía”, y en Cataluña invitó a Tarradellas a presidirla. Tarradellas era uno de los poquísimos políticos que en el exilio había aprendido algo de la historia, y demostró incluso respeto por la obra de Franco. Pero lo significativo fueron las palabras oficiosas de Suárez: “Por primera vez desde hace siglos el hecho catalán se aborda desde el gobierno de la monarquía y desde Cataluña sin pasiones, sin enfrentamientos, sin violencias, sin plantear a priori hechos consumados ni acciones de fuerza”. Según aquel botarate, la integración de Cataluña en España se había debido hasta entonces a violencia y acciones de fuerza. Con lo cual legitimaba de lleno el separatismo y deslegitimaba la unidad nacional española. Aquellas palabras marcarían la línea, el espíritu de la política en lo sucesivo.

El segundo punto que prueba la debilidad del separatismo fueron las elecciones. En las anteriores, de 1977, una coalición de separatistas- autonomistas, aparentemente moderados, había logrado mayoría en Gerona y Lérida, con Barcelona para el PSOE y Tarragona para UCD. En las de 1979, solo dos años después, los separatistas perdían las cuatro provincias: Gerona y Tarragona pasaron al PSOE, y Lérida a UCD. La pregunta es: ¿cómo han podido evolucionar las cosas para que en la actualidad el PP, heredero de UCD, se haya vuelto irrelevante y el PSOE esté en vías de lo mismo, mientras los radicalismos antiespañoles han conseguido fanatizar a grandes masas e imponer una dictadura en la práctica?

La respuesta, grosso modo, puede encontrarse en la política seguida desde la UCD, tanto por el PSOE como por el PP, concediendo a los separatistas la hiperlegitimación contenida en las palabras citadas de Suárez, un necio frívolo e ignorante, aunque “avispado”, como han sido casi todos los políticos españoles desde entonces. Puede decirse que sentó escuela.

Esa hiperlegitimación se tradujo inmediatamente en política práctica: los gobiernos españoles han venido alentando, justificando y financiando los separatismos. Hecho probablemente único en el mundo. Y no se han contentado con ello: sus partidos (PP y PSOE) en las diversas regiones se han puesto a la cola de los separatistas, con más o menos reticencias, aplicando políticas similarmente y antiespañolas. Es más las personas que en dichas regiones protestaban contra aquellos desmanes fueron marginadas y desprestigiadas desde el poder. Los gobiernos han permitido a los separatistas infringir las leyes (con lo cual las infringían ellos mismos), les han regalado la enseñanza, medios de masas, les han permitido hacer una ilegal política exterior paralela a la oficial y contraria a ella, y han obligado a todos los ciudadanos a pagarla; y los resultados están a la vista. El cúmulo de fechorías perpetrado por estos gobiernos contra la ley, contra la democracia y sobre todo contra España, llenaría muchas páginas.

Pero no se trata ahora de entrar en recriminaciones, pese a que algunos venimos advirtiendo y denunciando estos hechos año tras año y en vano. Se trata, en primer lugar, de entender cómo los separatismos no han partido de un estado de opinión previo ni han crecido por sí mismos, sino fundamentalmente porque los gobiernos que teóricamente representaban a España les han procurado, el ambiente, el dinero y los recursos mediáticos, educativos y de todo tipo, para que prosperasen hasta llevar al país a una crisis histórica. Y, en segundo lugar, las políticas impuestas hasta ahora nos indican precisamente la política a seguir para ir curando ese cáncer: se trata de hacer lo contrario. Sus efectos no serían inmediatos y requerirían tiempo aunque, desde luego, no tanto como el que han necesitado los separatistas para acercarse tanto a sus fines. La autonomía quedaría abolida en la práctica, no necesariamente de iure; sus dirigentes privados de sus cargos o de la posibilidad práctica de ejercerlos, retirándoles la financiación e imponiéndole fuertes multas (meterlos en la cárcel podría ser contraproducente); los mozos de escuadra sustituidos; ocupados los grandes medios de masas para lanzar desde ellos campañas explicativas sobre la realidad histórica y actual, desmontando el discurso separatista y poniendo de relieve su carácter delirante, etc.

La respuesta de los separatistas consistiría probablemente en fomentar el caos en Cataluña mediante huelgas, movilizaciones en las calles, sabotajes, tratando de crear focos de atención de los medios de masas internacionales, como en Libia, Siria o Egipto; etc. Pero no habría mucho inconveniente (económico, sí, pero es un coste inevitable), en permitir hasta cierto punto esas movilizaciones y el caos consiguiente, controlándolos, organizando también manifestaciones antiseparatistas, hasta que se agotasen por cansancio. El Estado conserva dos fuerzas esenciales: la financiación y las fuerzas armadas. La contrafinanciación debe emplearse a fondo y sin reservas, la policía de modo ponderado y paciente, y el ejército solo de modo indirecto, para impedir que la situación se saliese de madre.

Cualquier idea de cambiar drástica y rápidamente la situación creada me parece irrealista. Es preciso que los catalanes razonables se vean muy apoyados por el gobierno, y que los histerizados por el separatismo comprendan adónde llevan esos delirios. Y ello, insisto, no será cosa de dos días, sino de una política firme y paciente.

El problema siguiente es: ¿quién o quiénes aplicarían esa política? No los partidos actuales, por supuesto. Son necesarios nuevos partidos y nuevos políticos. De eso trataremos.