Unas 1.300 pequeñas y medianas empresas (pymes) han decidido hasta ahora trasladar su sede social fuera de Cataluña, lo que supone un 1% de las empresas catalanas de hasta 250 trabajadores, mientras que otro 2,2% se lo plantea, según una encuesta de Pimec sobre el impacto del debate político en el tejido empresarial.

La encuesta, realizada entre el 14 y el 18 de octubre, revela que el 79,3% de las empresas no tiene en mente cambiar su domicilio social, un 15,7% señala que no lo sabe y un 1,8% no contesta.

Según el sondeo, el 65% de las pymes catalanas asegura también que el debate político actual no les afecta económicamente, frente a un 34 % que asegura que sí que les ha impactado negativamente y a un 1 % que afirma que le ha ido bien.

Esta inquietud ha llevado a un 11% a afirmar que ya ha abierto cuentas bancarias fuera de Cataluña y a un 13% a decir que lo piensa hacer, mientras que un 23% siente inquietud financiera pero no abrirá cuentas fuera y un 54% no se siente inquieto en absoluto.

En el ámbito de las inversiones, un 10% de las empresas afirma que ha paralizado estas decisiones y un 9% que lo piensa hacer, mientras que un 54% dice que no le preocupa y un 26% señala que no las parará pese a que sí se siente inquieto.

El presidente de la patronal Pimec, Josep González, ha reclamado diálogo a los políticos para evitar que el debate político dañe aún más la economía catalana y ha sido especialmente crítico con el Gobierno del PP, al que ha reprochado que haya aprobado una norma para facilitar la salida de sedes sociales de empresas y “estimular” así el “desplazamiento” de la economía de Cataluña.

“¿Qué hubiera pasado si De Guindos (ministro de Economía) no hubiera aprobado ese decreto o si se hubiera limitado a empresas de gran tamaño? A menos que haya interés en que se vayan muchas más empresas aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid”, ha subrayado.

González, que ha relativizado la afectación hasta ahora del debate político en la economía, ha denunciado la existencia de “discursos catastrofistas” y ha negado que se pueda considerar que “se han perdido dos generaciones o que Cataluña tardará 5 años en recuperar la actividad perdida”, en referencia a unas declaraciones del presidente de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà. “Hay que ser más responsables porque, si no, se está generando alarmismo”, ha dicho.

El presidente de Pimec sí se ha mostrado preocupado por el posible incremento de los plazos para cobrar que puede que tengan que soportar las empresas proveedoras de la administración pública catalana debido al control de las finanzas por parte del Gobierno.

Preguntado por si se han producido presiones a empresarios para salir de Cataluña, González ha asegurado que no tiene constancia de que hayan afectado a pequeñas y medianas empresas, aunque ha apuntado que “las presiones pueden ser muy sutiles”, sobre todo para las compañías más emblemáticas y grandes.

La encuesta de Pimec está basada en una muestra de 401 empresas que tienen asalariados hasta un máximo de 250 empleados, representativas de las 130.000 empresas de este tipo que existen en Cataluña y que emplean a 1,1 millón de personas. Estas empresas desarrollan su actividad básicamente en el sector servicios (65%), el industrial (27%) y la construcción (10%).