La sociedad ecuatoriana ha sido sacudida con escalofriantes denuncias de abuso sexual en instituciones educativas del país. Las propias autoridades hablan de 882 casos, en los últimos tres años, aunque podría haber más.

Madres de familia del colegio réplica Aguirre Abad, de Guayaquil, sacaron a la luz historias de espanto que les habían confiado sus hijos. Luego, hablaron los propios chicos y revelaron el horror que vivían en el centro educativo, donde eran agredidos sexualmente por cuatro profesores, sin que autoridad alguna del plantel los protegiera. Los familiares señalan encubrimiento de la rectora, que habría intimidado a algunas denunciantes, y facilitado la fuga de uno de los agresores, cuando la Policía allanó el establecimiento. Tres de los cuatro agresores guardan prisión, mientras la rectora está siendo procesada.

Este caso destapó otro espeluznante en la Unidad Educativa Mushuk Pakari, en la parroquia Calderón de Quito, dónde se ha denunciado hay 84 niños, de entre 12 y 14 años, agredidos por un depredador sexual. Sus historias son conmovedoras, vidas rotas que claman justicia. De acuerdo a las investigaciones de la fiscal de la causa, Mariana Huilcapi, las agresiones se habrían producido en el año lectivo 2016 y 2017. El presunto autor fue detenido cuando intentaba huir.

La valentía de los niños motivó a exalumnas de la Academia de Ballet, Guadalupe Chávez, de Quito, acudir a la Comisión especial del Parlamento (Asamblea Nacional) para narrar lo que les ocurrió años atrás y pedir justicia.

Reuniones urgentes de las autoridades de los Ministerios de Educación y Justicia para cooperar y evitar la impunidad, han sido la respuesta a la condena social colectiva. Han reconocido “omisión negligente por parte de las autoridades educativas”. Esta semana irán al Congreso el fiscal general de la Nación y el presidente del Consejo de la Judicatura para informar sus acciones frente a estos execrables hechos.

Poder, impunidad y potenciales mafias

La abogada y activista guayaquileña Silvia Buendía ha investigado el caso de los niños agredidos y ha descubierto que la mayoría menciona que los agresores los filmaban. Por eso, cree se trataría de probables mafias. «Eso explicaría también el silencio de la rectora y de autoridades porque es un negocio rentable; hay dinero de por medio», señala a ABC, y se indigna al recordar que el anterior gobierno disolvió a la UNE (Unión Nacional de Educadores) y formó su propia Red de Maestros, donde no todos son docentes. La misma rectora del Colegio Réplica ha admitido que no pasó las pruebas psicológicas.

Verónica Zambrano, experta en derechos de niños y gerente estratégica de Plan Internacional, dice que el maltrato es un tema de ejercicio del poder absolutamente brutal de los grandes hacia los pequeños, porque a los niños no se los considera sujetos de derechos. Menciona que 36% de los niños son maltratados en las escuelas y 46% en sus familias. Con ella coincide Buendía, aunque la abogada habla, directamente, del ejercicio del poder político y el autoritarismo que durante 10 años controló todo e impuso el miedo a hablar.

En un Acuerdo Ministerial de 2012, en el capítulo denominado «Relaciones con los medios de comunicación», se establece que las declaraciones o entrevistas a la prensa escrita, radial o televisiva serán otorgadas solo por las autoridades de esa cartera de Estado.

Hay casos de violación que han causado estupor como el ocurrido en un reconocido colegio de Quito y conocido como el «Principito». El maestro agresor fue defendido por sus colegas. Le otorgaron medidas sustitutivas, pero ya habría fugado. Otro es el de+ Jorge Glas Viejó, padre del vicepresidente de la República (hoy en cárcel), que fue condenado por la violación a una niña, cuando fue su alumna, y que tuvo un hijo. Fue condenado, pero nadie sabe dónde cumple la pena.

«Son doblemente agredidos, por quien los violentó y por el Estado que no aplica la ley», dice la penalista Paulina Araujo, quien recuerda que la Asamblea Constituyente de Montecristi (2008) amnistió al violador de una niña de 12 años, que ya tenía tres sentencias condenatorias ejecutoriadas, y que el caso fue archivado por la Fiscalía, creando un precedente nefasto.