Carlos Puigdemont proclama la independencia, basándose o amparándose en el mandato de los dos millones de ciudadanos que supuestamente votaron en el referéndum del 12 de octubre, de los que el diez por ciento votó en contra, dicho sea de paso.

Si el Gobierno de España hubiera evitado ese referéndum, de las 1.200 mesas programadas, solo se clausuraron 300, la mayoría por la guardia civil y la policía nacional, puesto que los mozos de escuadra pasaron de hacer su trabajo, en una actitud de clara rebeldía frente a los legítimos poderes del Estado, entre ellos el poder judicial.

La clausura de todas las mesas, o por lo menos de la mayoría de ellas, hubiera impedido la celebración del referéndum, y por ende la “proclamación” de Carlos Puigdemont como líder de la “nueva” república catalana, totalmente separada del Estado español, y con la presunta legitimidad de los votos anteriormente indicados.

Pero además, si nos fijamos en el “iter del proceso”, la declaración de independencia y la aplicación del artículo 155 (tarde y mal), no se hubiera producido.

En el año 2010, cuando se detectaron las primeras células cancerígenas del proceso secesionista, desde MANOS LIMPIAS ya se advirtió reiteradamente, y hasta en dieciséis ocasiones, de la fractura social de Cataluña, y de la necesidad de aplicar el artículo 155, en alguna de las múltiples variantes posibles.

Huelga decir que el Gobierno hizo caso omiso a todos los escritos enviados.

Las sucesivas Diadas, cada vez más numerosas, en favor del independentismo, así como la creación de estructuras de Estado, con la creación de las “embajadas”, que el Gobierno nunca se atrevió a clausurar, las leyes de creación de una agencia tributaria y seguridad social propia, etc., fueron dados alas a las aspiraciones de los separatistas, que veían enfrente a unos gobernantes débiles, cobardes y corruptos… (Tanto o más que ellos, lo que obviamente les restaba legitimidad a la hora de actuar, así como valentía, ante las amenazas de Jorge Pujol “de mover las ramas” del árbol de la corrupción política en España).

Se empezó a rotular a los vehículos en catalán, exigiendo que la publicidad de los comercios fuera también en catalán, e imponiendo fuertes sanciones a quienes no lo hicieran así, continuando con el “adoctrinamiento” de los niños, desde los 3 años de edad hasta los 16 o veintitantos, dependiendo de los estudios que cursaran, etc.

La Generalidad subvencionó con millones de euros a las organizaciones independentistas, como la Asamblea Nacional Catalana, ANC, Ómnium Cultural, Nuevos Catalanes… Se permitió la presentación de mociones separatistas en más del 75% de los municipios catalanes, así como la retirada de la Bandera Nacional en la mayoría de los edificios públicos, sin que la Delegación del Gobierno y las Subdelegaciones respectivas fueran capaces de cortar todo ello…, posiblemente obedeciendo órdenes superiores, para no molestar.

En otras palabras: el Gobierno de España está recogiendo lo que sembró.

Esas cédulas cancerígenas separatistas han devenido en una metástasis completa en todo el cuerpo social catalán, y no hay institución u organización que no esté ya contaminada.

Las próximas elecciones del 21 de diciembre de 2017 en modo alguno van a devolver la legalidad vigente a la vida pública catalana, pues la oposición al Gobierno de España cada día va en aumento, seguramente por la equivocada política de no haber sabido –p querido- cortar todo esto a tiempo.

Todo ello lo denunció MANOS LIMPIAS, que incluso denuncio a Arturo Mas por sedición, y la respuesta de la fiscalía y de los tribunales fue mirar para otro lado.

Quedará en la Historia de España que hubo una declaración de independencia ilegal, propiciada por la irresponsabilidad de un Gobierno y unos Tribunales que pudieron evitarlo a tiempo, pero no quisieron hacerlo, o no se atrevieron a realizarlo (que no sé qué es peor), y que hubo una organización llamada MANOS LIMPIAS, que con visión de futuro denunció los numerosos hechos delictivos cometidos por la Generalidad…, que la fiscalía, actuando como el apéndice que es del Ejecutivo, y los juzgados y tribunales españoles, no quisieron atajar.

Pues este es el resultado, y es su responsabilidad ante la Historia.

*Jurista y secretario general de Manos Limpias.