La huelga política del 8 de noviembre en Cataluña ha puesto de manifiesto un estrepitoso fracaso del principio de autoridad, y por consiguiente, del Estado de Derecho, en España.

La inacción de las fuerzas y cuerpos de seguridad (policía nacional, guardia civil y mozos de escuadra), permitió que los piquetes “informativos” (más bien coactivos e intimidatorios), bloquearan las carreteras y las redes ferroviarias, originando graves quebrantos a la población y a las empresas que forman el núcleo productivo catalán, cada día más reducido, por cierto.

Los agentes de la autoridad, tenían que haber cumplido con las funciones que el ordenamiento jurídico les asigna, pero da la casualidad de que fueron las propias autoridades políticas del Gobierno las que les ordenaron que no hicieran su trabajo.

Es evidente que determinadas razones políticas, que analizaremos, hicieron prevalecer el incumplimiento de las normas legales sobre el Estado de Derecho, y ello es tan grave que ha puesto una vez más en la picota el principio de legalidad y la seguridad jurídica.

El poder político no quería que se pudiera reeditar las actuaciones policiales del 1 de octubre, y para ello hicieron dejación de sus funciones, no cumpliendo con las leyes, en teoría para evitar “males mayores”, cuando realmente lo que sucede es que hubo un notorio y flagrante incumplimiento de las leyes, por parte de quienes tienen el mandato constitucional de cumplirlas, y hacerlas cumplir.

Se debería haber actuado contra los piquetes, impidiendo que el caos y la destrucción del orden público hayan impedido el ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de trabajar, a la libre circulación, etc., de la mayoría de los catalanes, españoles y extranjeros afectados por esta situación, dando además una pésima imagen de nuestra Patria en el resto del mundo.

En definitiva, nos encontramos en un Estado que no garantiza la aplicación de la legalidad en unas parte del territorio nacional, Cataluña, que es incapaz de defender los derechos legítimos de los ciudadanos, trabajadores y empresarios, “dotando” a la convivencia de una total inseguridad jurídica, con todos los efectos adversos que ello supone para la economía, el orden público, las inversiones, etc.

En esta penosa situación, no es extraño que las empresas huyan de Cataluña… Lo raro sería que se quedaran allí.

*Jurista y secretario general de Manos Limpias.