Por José L. Román.- Definitivamente, el gobierno de Rajoy no es de fiar. Convocar elecciones antes de poner a golpistas, traidores y adoctrinadores ante la Justicia, no ha hecho más que aumentar la desconfianza y la incertidumbre entre los españoles.

Ellos, los que conforman el gobierno de la nación, creen manejar el cálculo electoral como nadie. Han abordado el tema catalán con la salida de cientos de sedes sociales de empresas fuera de Cataluña y la aplicación del artículo 155 a la carta, con el convencimiento de con esas medidas lograrían tranquilizar a cientos de miles de españoles hartos del independentismo catalán y de quienes lo han alimentado durante cuarenta años. Han intentado distraer la atención de un pueblo que hasta ahora permanecía adormecido y encerrado en su hogar, pero que me temo que esta vez no se ha dejado engañar.

Han intentado que todo gire en torno a la aplicación a la carta del dichoso artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Una especie de eclipse artificial cuyo fin era oscurecerlo todo, pero que no ha logrado tapar lo que desde aquí hemos bautizado como “pacto de la diplomacia del engaño y la mentira”. Cada día que pasa el eclipse artificial creado desde la diplomacia aranera, tramposa y embaucadora, pierde efectividad y deja que la luz ilumine el montaje de la farsa que unos y otros han puesto en escena.

Los farsantes han utilizado frívolamente el “golpe de estado en Cataluña”, para que no se hable por ejemplo: de corrupción política descubierta o por descubrir; de la deuda externa española que supera el 100% del PIB; de la entrada masiva e incontrolada de inmigrantes a quienes se les emplea por cama y comida, provocando que el empleo para los españoles sea precario mediante contratos basura y sueldos de miseria; de la voladura controlada del sistema de pensiones y de la Seguridad Social; del alarmante aumento de la criminalidad en nuestro país; de la progresiva islamización de nuestro pueblo; de la implantación del botellón en nuestros barrios junto al tráfico y consumo de drogas que afecta principalmente a nuestros jóvenes; de las brutales agresiones cada vez más sistemáticas a profesores, médicos, enfermeras o taxistas; de la prostitución infantil cada vez más demandada; etc.

Ellos creen que su estrategia ha sido un éxito por conseguir alejar el centro de gravedad de los temas importantes, haciendo que giremos la mirada y que la prensa en general se centre únicamente en Puigdemont y en “los Jordis”. Pero se olvidan de una cosa, del resurgimiento del patriotismo en nuestro pueblo. Un pueblo que harto de tanta tomadura de pelo ha salido a la calle con banderas nacionales en todo lo alto, para decirle, no solo a los independentistas y a quienes les apoyan, sino también a nuestra clase política en general, que no está dispuesto a pasar por las horcas caudinas como lo ha venido haciendo desde hace cuarenta años.

Y, ante este mensaje del pueblo a los políticos, me da la sensación que el gobierno no se da por aludido y sigue con su hoja de ruta. Ahora toca pedir que no salgan más empresas de Cataluña y que los españoles sigamos comprando productos catalanes. Después, apartarán a la juez doña Carmen Lamela como hicieron con doña Mercedes Alaya con el caso de los ERE, entregarán todos los sumarios a sus amigos del Tribunal Supremo, y asunto resuelto.

Solo toca esperar el resultado de las elecciones a las que podrán concurrir los procesados y los que todavía no lo han sido. Y por último, después del 21-D, fecha del “referéndum legal”, una vez salvado el autogobierno, todos a sus puestos como si no hubiese pasado nada. TV3 y los demás medios antiespañoles se quedarán como estaban; los mozos de escuadra continuarán como hasta ahora; y, en los colegios, institutos y universidades catalanas, se seguirá manipulando y adoctrinando con más saña si cabe a los niños y jóvenes, mientras nuestro ministro de Cultura suma trienios para garantizarse su pensión máxima.
Y finalmente, ¿quién seguirá sosteniendo ese autogobierno en quiebra técnica? ¿Quién hará frente a todo el gasto originado por el desplazamiento y estancia de 12.000 policías y guardias civiles en Cataluña desde antes del 1-O? ¿Quién seguirá pagando las nóminas de los antiespañoles que se sientan en los distintos Parlamentos? ¿Quién sostendrá con sus impuestos los emolumentos de miles de funcionarios catalanes que se declaran abiertamente independentistas, y que están al servicio de los que odian a España y a los españoles?

Pues evidentemente, esa carga, ese gasto multimillonario que podría evitarse disolviendo las autonomías e ilegalizando a los partidos independentistas, volverá a recaer, para mayor escarnio, sobre las costillas de todos nosotros, empresarios, técnicos y trabajadores españoles, a los que Rajoy pide insistentemente que sigamos comprando productos catalanes.