El negocio principal de muchas empresas catalanas ha consistido tradicionalmente en apoyar el movimiento independentista. Y, por ende, las exigencias soberanistas del gobierno autonómico de turno. Este posicionamiento político adoptado por una gran parte del empresariado catalán siempre ha estado ligado a objetivos económicos.
El fin de esta estrategia no es otro que lograr, bajo la presión del separatismo, que el Gobierno central conceda privilegios a Cataluña.

No obstante, el proceso independentista ha puesto en jaque esta histórica estrategia empleada por la burguesía catalana, que se ha basado en conseguir concesiones político económicas de Madrid a cambio de no separarse de España. Y mediante la cual se han enriquecido ilimitadamente tanto empresarios como políticos de Cataluña (y de Madrid).

El radicalismo de Puigdemont y sus socios separatistas, que proclamaron la independencia de Cataluña antes de la ‘pseudo aplicación’ del Artículo 155 por parte de Gobierno, multitud de empresas y autónomos catalanes se han tenido que marchar de esta autonomía.

La patronal catalana exige incentivos económicos

Ante esta debacle empresarial, Fomento del Trabajo ha solicitado al presidente Rajoy la concesión de incentivos económicos para Cataluña. Todo ello, al objeto que las empresas huidas de Cataluña retornen, estableciendo de nuevo sus sedes sociales en la comunidad autónoma catalana.

En virtud de lo anterior, es factible deducir que la subvencionada patronal catalana es una confederación empresarial visionaria. Tanto, que esta organización es capaz de prever que tanto el Gobierno del PP como el PSOE podrían estar dispuestos a conceder una mejor financiación a Cataluña.

Sobre todo, si después del 21-D, el nuevo Govern lo conforman partidos de perfil independentista. O un tripartito de izquierdas protagonizado por el PSC e, igualmente, de corte proindependentista.

Incluso, la partidocracia también podría mostrarse partidaria a reformar la Constitución para contentar a los independentistas catalanes, concediéndoles de este modo más prebendas de tipo económico, fiscal, político, etc.

De llevarse a efecto tal reforma, solo se conseguiría aplazar la independencia real de Cataluña unos cuantos años más. Pero mientras tanto, se incrementaría más aún la actual desigualdad existente entre las diferentes CC.AA.

Los españoles reclaman igualdad entre las regiones

Los partidos políticos tradicionales no han descifrado todavía el mensaje que en la actualidad están transmitiendo la mayoría de los españoles, que no están dispuestos a seguir aceptando las desigualdades propias

del Estado de las autonomías. Y mucho menos aún a tolerar un incremento de las mismas.

Al respecto, Ciudadanos se ha mostrado en contra del cupo vasco, un posicionamiento político que seguramente rentabilizará en clave electoral.

Su Majestad el Rey de España, Felipe VI, y los españoles de bien, que son casi todos, independientemente de su ideología política, están a favor de la defensa de España y de la Constitución. En consecuencia, también defienden la igualdad de los españoles a todos los niveles, sin importar en la autonomía que residan.

Las empresas catalanas no deben equivocarse

Del mismo modo, las empresas, que caminan siempre varios pasos por delante en relación a todos los grupos de interés que conforman una sociedad, también han captado las demandas de los ciudadanos de todas las regiones de España.

De hecho, los directivos, empresarios, gerentes, etc., de las empresas catalanas saben que si las mismas vuelven a cambiar su domicilio social a Cataluña, debido a la concesión de incentivos económicos a Cataluña, el boicot contra sus productos en España se incrementará considerablemente.

Fuente: El Economista