A la misteriosa muerte del fiscal Maza, y el fallecimiento del Fiscal General de Cataluña, don José María Romero de Tejada, habría que solapar el aumento de peticiones de traslado de jueces y fiscales desde Cataluña a otras partes de España, como ya ocurriera con el juez don José María Magán, quien desde Lérida, solicitó su traslado a Alicante harto de los ataques del Gobierno catalán por las expresiones que utilizaba en sus sentencias para denunciar la preponderancia del catalán frente al castellano, llegando incluso a anular multas de tráfico por este motivo.

Pues bien, la fractura social provocada por el proceso separatista que culminó con el golpe de estado en Cataluña, es evidente que ha impactado de lleno en el ámbito judicial. Las manifestaciones a las puertas del Tribunal Superior de Justicia durante el juicio a Artur Mas por el 9-N; las concentraciones intimidatorias y de presión de los separatistas cada vez que ha declarado ante un Tribunal cualquier miembro de la Mesa del Parlamento catalán; los insultos por la calle a la fiscal jefa de Barcelona, Ana Magaldi; las amenazas anónimas recibidas por jueces y fiscales; y, los planes separatistas que pasaban por una depuración en el ámbito judicial catalán, han propiciado un aumento de las peticiones de traslado de jueces y fiscales destinados en Cataluña a otras partes de España.

Pero, lo grave de todo esto, no es que los jueces y fiscales quieran huir del lugar doloroso de la contienda, no. Lo realmente grave, y que al gobierno de Rajoy parece no importarle demasiado es, el posible efecto dominó; que tras esa huida pavorosa de quienes tienen como misión y la obligación imperiosa de impartir justicia, pueda desencadenar la de policías y guardias civiles que, sin estímulo y con la moral por los suelos por el trato recibido; observar la estampida de jueces y fiscales; verse huérfanos de su órgano rector y sin funciones como Policía Judicial, pudiesen esgrimir también lo de estar sometidos en su riguroso, delicado y trascendente quehacer a una triple presión: la política, la ambiental y la separatista.

Esta situación dejaría a los españoles residentes en Cataluña, no solo a merced de la madrastra separatista, sino en manos de una Policía traidora, sectaria y supremacista, en una región con una sociedad dividida, sin ley y sin justicia.

Decía el ya fallecido Adolfo Suárez en una de sus peroratas en plena transición política, que “solo se le puede tener miedo al miedo mismo”. Pues bien, han transcurrido cuarenta años de aquella arenga, y todavía no sé muy bien lo que quiso decir, pero si tuviese que encontrarle algún sentido a la frase, seguro lo hallaría aplicándola al desastroso, nefasto y cobarde proceder del gobierno de España, en su gestión de los graves acontecimientos que están teniendo lugar en Cataluña tras el desafío independentista. Y es que el gobierno de Rajoy y de Soraya, con toda la corte de palmeros que han puesto en escena la farsa del 155, provocan un miedo realmente espantoso. Son el miedo mismo. Representan la personificación del miedo. Porque, solamente por miedo, estos personajes están haciendo lo que ningún gobernante sensato y con sentido de Estado hubiese hecho jamás, refugiarse en los burócratas de Bruselas y en las faldas del falso y nefasto socialismo español, dejando a jueces, fiscales, policías, guardias civiles, y a quienes se sienten catalanes y españoles residentes en Cataluña, ante el más absoluto desamparo.