En el proceso penal que se instruye en la Sala 2ª del Tribunal Supremo, no solo están imputados o investigados los miembros del ejecutivo del último Gobierno de la Generalitat, también los componentes de la Mesa del Parlamento, a excepción de uno que votó en contra.

El entonces máximo responsable de los mozos, el mayor Trapero, al no tener la condición de aforado, está siendo investigado por la Audiencia Nacional.

Pero en el procés hay otros actores que no han sido imputados o investigados, y que de alguna manera son cómplices, encubridores, cooperadores necesarios y alentadores o instigadores.

Comencemos por la responsabilidad del Gobierno de España, que siendo conocedores día a día del “iter criminis”, no actuaron hasta que se produjo del todo, consumándose urbi et orbe la proclamación de la “república catalana”, con la publicidad negativa que ello supuso para los intereses políticos y económicos de España en todo el mundo.

A continuación, nos encontramos con unos cooperadores necesarios que no han sido imputados. Los 70 diputados que votaron a favor de la república catalana, pero que cobardemente lo hicieron de forma anónima, para evitar su imputación, es decir sin asumir las responsabilidades por sus actos, al estilo Puigdemont.

Asimismo, la mayoría de los medios de comunicación social catalanes, con aquel editorial de once diarios, alentando el separatismo, y dando alas al procés.

Huelga decir que todos esos medios eran y son generosamente regados con dinero público de la Generalidad, que se detrae de sanidad, educación, y otras partidas mucho más necesarias para el bienestar de la sociedad.

Dentro de este contexto, el apoyo de sectores del poder judicial, con declaraciones como la del Presidente del Poder Judicial, don Carlos Lesmes y del Fiscal Superior de Cataluña, señor Rodríguez Sol (posteriormente dimitido), manifestando que el problema catalán era un problema político…, e inmiscuyéndose en asuntos que no eran de su competencia, haciendo política, en definitiva.

El manifiesto independentista de 33 jueces catalanes, ninguno de los cuales fue denunciado o sancionado, a excepción de Santiago Vidal, y éste por redactar una “Constitución Catalana”, a denuncia de Manos Limpias y don Ramiro Grau Morancho, precisamente.

Este Santiago Vidal nada más ser inhabilitado, fue nombrado alto cargo de la Generalidad, posteriormente presentado para Senador, y posteriormente cuando fue obligado a dimitir por unas declaraciones diciendo que la Generalidad investigaba y tenía datos de todo el mundo, fue puesto a sueldo de una de las fundaciones políticas que se nutren del dinero público catalán.
En fin, de esos polvos vienen estos lodos, y una gran parte de culpa es de Rajoy y del PP.

*Jurista y secretario general de Manos Limpias.