Rajoy y Montoro

Sin Cataluña no habrá reforma de la financiación autonómica. Uno de los principales pactos de Estado que tiene el Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre la mesa no se cerrará hasta que el nuevo Govern catalán no esté conformado, según explican fuentes cercanas al Consejo de Ministros. El Gobierno central, por tanto, aplaza ‘sine die’ un asunto que está pendiente de renovarse desde 2014 y que lleva un año estancado, desde la Conferencia de Presidentes de enero de 2017. Tanto Moncloa como el Ministerio de Hacienda buscan “unanimidad” para aprobar el acuerdo y sin la participación de la Generalitat no hay nada que hacer.

El órdago que mantiene el bloque independentista al Estado apostando por la investidura de Puigdemont está teniendo sus consecuencias en la negociación para reformar la financiación autonómica. Ya se han celebrado en estos primeros días de 2018 varias reuniones técnicas entre el Ministerio de Hacienda y representantes de las comunidades autónomas (el pasado jueves la última), pero en el Gobierno son conscientes de que no se dan las bases para avanzar.

Habrá que esperar, por tanto, a que el nuevo Govern tome posesión y cese el artículo 155 para ofrecer a Cataluña sentarse en la mesa con el resto de ejecutivos autonómicos. Una circunstancia que nadie sabe cuándo se producirá, ya que los secesionistas no son partidarios, de momento, de proponer a un candidato a president que no tenga cuestiones pendientes con la justicia. El propio Montoro explicó este viernes ante sus colegas del Consejo de Ministros cómo se encontraban las negociaciones, según fuentes gubernamentales, y avanzó que el acuerdo no iba a ser fácil.

Tanto Rajoy como Montoro lo tienen claro: hay que negociar sí o sí con el futuro Govern catalán, que previsiblemente será independentista. Otra cosa -admiten en el Ejecutivo central- es que luego no haya acuerdo, pero el nuevo consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat tendrá que sentarse en la mesa con Montoro y el resto de autonomías. A Moncloa, en definitiva, no le vale un acuerdo parcial en el que haya división, sino que se busca que todos los afectados queden satisfechos en la medida de lo posible, una misión bastante complicada en este momento. Los Cupos vasco y navarro van aparte.

El propio Rajoy ya ha ido avanzando con el PSOE en búsqueda de un acuerdo en el que también deben participar los socialistas. Moncloa mantiene con Pedro Sánchez una vía de diálogo y Montoro tiene abiertas, a su vez, conversaciones con las autonomías donde gobiernan sus rivales. El punto de partida es el informe de la Comisión de Expertos de julio de 2017. Ferraz, por su parte, ha fijado sus condiciones para reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA): corregir la infrafinanciación de algunas regiones y garantizar “los principios de autonomía, coordinación y solidaridad recogidos en la Constitución, así como la prestación de los servicios públicos esenciales”, de forma que “todos los ciudadanos y ciudadanas , con independencia de donde vivan, accedan en igualdad de condiciones a dichos servicios”.

Algunos barones socialistas también están librando su propia batalla contra el Gobierno de Rajoy en este asunto. Así, Susana Díaz (Andalucía) ha pedido a Moncloa que cumpla con su palabra de reformar el modelo tras un año sin hacer nada. Ximo Puig (Comunidad Valenciana) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), por su parte, han hecho público un documento en el que instan a impulsar la negociación y sugieren una reestructuración de la deuda.

Fuente: La Información