El ministro de Justicia Rafael Catalá, y el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo, durante la rueda de prensa celebrada hoy en el Palacio de la Moncloa.

La reunión del Consejo de Ministros que se ha celebrado hoy como cada viernes en el Palacio de La Moncloa ha aprobado cuatro anteproyectos de ley: un real decreto que permitirá liquidar sin limitaciones las aportaciones realizadas a los planes de pensiones y los rendimientos generados a los diez años, el que modifica el Código Penal para ampliar los casos en que se puede aplicar la prisión permanente revisable y otros dos relativos a terrorismo y secretos empresariales.

Planes de pensiones

En lo relativo a planes y fondos de pensiones, el real decreto aprobado por el Ejecutivo permitirá liquidar sin limitaciones a partir de 2025 las aportaciones realizadas durante al menos 10 años a los planes de pensiones y los rendimientos que hayan generado, tal como ya adelantó ayer Rajoy.

La rebaja de las comisiones beneficiará a los ocho millones de partícipes que hay en la actualidad y que la liquidez beneficiará a los partícipes que reúnan los requisitos de antigüedad, apunta el Gobierno.

La norma persigue dos objetivos, según ha explicado el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, tras la reunión ministerial: dar mayor liquidez a los fondos y bajar las comisiones de gestión de estos productos.

“Las pensiones públicas son muy importantes para el Gobierno”, ha apuntado Méndez de Vigo, “este gobierno garantiza que el sistema público seguirá en pie, lo que hace nuestro plan es abaratar las comisiones y dar liquidez”

Así, se podrán hacer líquidas a partir de 2025 las aportaciones con al menos diez años de antigüedad, es decir, las realizadas hasta 2015. Las realizadas a partir de 2016 deberán esperar hasta 2026, y así sucesivamente.

El Real Decreto contempla la sustitución de la comisión de gestión máxima de los planes de pensiones, fijada actualmente en el 1,5%, por su sistema de tres tramos en función de las diferentes políticas de inversión de los propios fondos.

La comisión máxima de gestión de los fondos de renta fija se reducirá hasta el 0,85%, mientras que en el caso de la renta fija mixta, el importe máximo se reduce hasta el 1,3%. Para el resto de fondos -renta variable y fondos garantizados- la comisión de gestión máxima se mantiene en el 1,5%.

De este modo, la comisión máxima media de los planes de pensiones se rebaja hasta el 1,25%, desde el 1,5% anterior, como avanzó el ministro de Economía, Luis de Guindos, el pasado mes de septiembre. Las comisiones depositarias se reducen del 0,25% al 0,2%.

La nueva norma también establecerá que los partícipes de los planes de pensiones de empleo también tendrán derecho a liquidar sus aportaciones en diez años, si así lo permite el compromiso y las especificaciones del plan y sus condiciones y limitaciones.

En la actualidad, tan solo se permite rescatar las aportaciones realizadas a los planes de pensiones una vez alcanzada la jubilación, o en los supuestos de enfermedad grave o paro de larga duración.

Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

El Ejecutivo también ha firmado el anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que amplía los colectivos afectados por la ley.

“Se añaden como sujetos obligados a la aplicación de las medidas contra el blanqueo, aquellos que intermedien en alquileres con renta mensual superior a 10.000 euros y las plataformas de financiación participativa (crowdfunding)”, indica el Ministerio de Economía.

La nueva norma también insta a desarrollar mecanismos para facilitar las denuncias sobre incumplimientos de la normativa de prevención de blanqueo. “Se establece que las entidades sujetas a la norma (bancos, aseguradoras, despachos de abogados, entre otros) deberán crear mecanismos de denuncia interna, mientras que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) contará con un sistema para recibir y canalizar denuncias”, añade.

Otra de las novedades es que permite establecer bases o sistemas comunes de almacenamiento de datos recabados en los procesos de identificación de clientes. “Las entidades pueden así ahorrar recursos al poder compartir esta información”, afirma.

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