Casimiro García-Abadillo (Reproducido).- La memoria, por principio, es selectiva. Recordamos lo que nos interesa y olvidamos, o procuramos olvidar, lo que nos incomoda. Es un mecanismo de defensa común en los humanos.

Por eso, cuando en política se apela a “la memoria” hay que echarse a temblar. En 2007 el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero impulsó la llamada ley de Memoria Histórica, que suscitó un enorme debate público, pero que consiguió parcialmente su objetivo político: poner contra las cuerdas a un acomplejado PP, al que los socialistas acusaron de ser heredero del franquismo.

Ahora, diez años después, el PSOE de Pedro Sánchez quiere darle otra vuelta de tuerca a aquella ley, haciéndola aún más sectaria y provocadora.

En la exposición de motivos de la proposición entregada a la Mesa del Congreso el pasado 14 de diciembre, se apela al teórico principio inspirador de la primera iniciativa de Zapatero: “la concordia”. Pero, al entrar en detalle en el documento que, si consigue apoyos suficientes, se convertirá en norma, comprobamos que sus efectos generarán justo lo contrario: discordia.

¿Qué es lo que persigue la modificación de la Ley 52/2007, o, para entendernos, la ley de Memoria Histórica de Zapatero? Así responde el PSOE en su escrito: “Reconocer y ampliar derechos y establecer medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.

El centro de la reforma es, por tanto, la víctima. Y ahí comienzan los problemas. Según recoge el escrito, hay una definición de la Asamblea General de la ONU en la que se entiende como víctima “a toda aquella persona que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales,… como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario”.

La propuesta de ley socialista deja fuera de la consideración de víctimas a todos aquellos que no lucharon en la defensa de la República

Bajo esa definición, serían tan víctimas los republicanos asesinados en la plaza de toros de Badajoz como los franquistas fusilados de Paracuellos del Jarama.

Pero no. Según reza el texto, “a los efectos de la presente Ley, se consideran víctimas todos aquellos y aquellas, con independencia de su nacionalidad que, por su lucha por los derechos y libertades fundamentales del pueblo español, hayan sufrido los mencionados daños como consecuencia de las acciones u omisiones que violan las normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos durante el periodo que abarca la Guerra Civil Española y la dictadura franquista…”.

Es decir, que los que supuestamente no lucharon por “los derechos y libertades”, los conservadores y derechistas que lucharon en el llamado bando nacional, o simplemente las personas que no participaron en la contienda -como los religiosos y religiosas que fueron asesinados en iglesias y conventos-; en fin, todos aquellos que no defendieron la República, quedarían fuera de la consideración de “víctimas” en la propuesta de ley socialista.

El sectarismo que rezuma el texto no se limita a esa discriminación -se entiende que positiva- sobre las víctimas. Se hace tabla rasa con la ley de Amnistía de 1977 (base de la reconciliación que fue la clave de bóveda de la Transición) en orden a perseguir a los responsables de delitos cometidos durante el franquismo, que nunca quedarían prescritos.

El objetivo de esta iniciativa preñada de sectarismo es situar a los partidos de la derecha a la defensiva para acusarlos de herederos del franquismo

Por supuesto, en lo que respecta al callejero, monumentos, etc. la propuesta de ley no deja lugar a duda. Desaparecerán obligatoriamente todos aquellos nombres que recuerden a las figuras consideradas como franquistas. Pero nada se dice de los que rinden homenaje a personas que ocuparon puestos relevantes durante la guerra en el bando republicano o que jugaron un destacado papel en la represión contra los reaccionarios.

El Valle de los Caídos será convertido en un centro dedicado a la memoria de las víctimas, y los restos de Franco y José Antonio Primo de Rivera serán trasladados a un “lugar no preeminente” del recinto. Como si colocarlos en un rinconcillo menoscabara su destacado papel -todo lo criticable que se quiera- en la reciente historia de España.

Pero, es más, el PSOE quiere que “la autoridad competente del Estado pida perdón a las víctimas del franquismo y a sus familiares”. ¿Quién debe ser esa autoridad?: ¿El presidente del gobierno, un ministro, o el propio Rey?

El revanchismo que exhala la propuesta alcanza su cénit cuando entra en el terreno de las penas y sanciones. Un ejemplo: la defensa del franquismo en un medio de comunicación o en internet estará penada con dos años de prisión y multa. Es decir, que cualquiera podría defender la legitimidad de los paseíllos o las checas sin riesgo alguno, mientras que otros podrían pasarse dos años entre rejas por argumentar en favor del régimen de Franco.

En la España de 1936 se produjo un golpe de estado con el objeto de derribar a la República y establecer una dictadura militar. Durante casi tres años se produjo, como consecuencia de ese levantamiento militar, una terrible guerra civil que provocó más de medio millón de muertos, obligó a decenas de miles de españoles a exiliarse y causó la desaparición de miles de personas, entre ellos muchos niños.

La dictadura de Franco, que se prolongó durante casi 40 años, reprimió a los militantes de izquierda y estableció un régimen caracterizado por la falta total de libertades. Y la jerarquía católica colaboró en su legitimación.

Son hechos incuestionables que merecen una reparación para los que sufrieron las consecuencias de esos años miserables. Por tanto, todo lo que recoge la ley sobre la localización e identificación de víctimas e incluso sobre las indemnizaciones a los que sufrieron la represión durante la dictadura, está justificado.

Sin embargo, la guerra civil española no fue un genocidio, sino un enfrentamiento brutal en el que los dos bandos cometieron todo tipo de atrocidades, como demuestran los trabajos históricos más serios.

Una ley que persiguiera la concordia debería considerar víctimas también a los que sufrieron vejaciones y fusilamientos sumarios en el llamado bando nacional.

La ley, tal y como está redactada, más parece una revancha destinada a reescribir la historia.

Al igual que ocurrió con la ley de Zapatero, el endurecimiento que propone ahora Sánchez tiene un objetivo fundamentalmente político. De nuevo se quiere situar al PP (y probablemente a Ciudadanos) ante la tesitura de oponerse y ser tachados de “franquistas” o hacer la vista gorda y aceptar una aberración que, más que favorecer a las víctimas de uno de los dos bandos, insulta de manera burda a la inteligencia.