La incapacidad estructural para crear empleo suficiente -enfermedad que padece desde hace años la economía española- es la que está detrás de la mayor parte del déficit de la Seguridad Social (se ha mostrado que los efectos de la crisis explican el 70% del déficit actual), y esa misma incapacidad de crear empleo y también la creación de empleos precarios es lo que lleva a muchas mujeres a retrasar la llegada de los hijos y, finalmente, al abandono de la maternidad. Es decir, a la baja fecundidad que se observa en la población española, pues las encuestas de fecundidad vienen señalando que las mujeres españolas desearían tener más del doble de hijos de los que acaban teniendo, y es esa baja fecundidad –y no la baja mortalidad- la que hace crecer la proporción de “viejos” respecto a la población total.

¿La mayor longevidad, es decir, el alargamiento de la esperanza de vida, plantea un grave problema a las futuras pensiones? La respuesta es NO. Bastaría para solucionar este asunto con alargar la edad laboral al mismo ritmo que crece la esperanza de vida para que ese efecto quedara eliminado. Sin embargo, la edad efectiva de jubilación en España está muy por debajo no ya de la “edad legal” (67 años) sino también de los 65 años.

De media, la Seguridad Social devuelve al jubilado todas las cotizaciones aportadas (por él y por su empresa) en tan sólo 12 años de jubilación, pero la esperanza de vida a los 65 años es de 20 años en los varones y 22 en las mujeres.

Pues bien, en esas condiciones siguen campando por sus fueros en España los “jubiladores”, personajes dedicados -en la empresa privada y en el área pública- a forzar la jubilación de muchos empleados “maduros”, descargando así sobre la espalda de la Seguridad Social toneladas de pensiones destinadas a personas que están en perfectas condiciones físicas y mentales y que, además, no quieren jubilarse. Valga un ejemplo sangrante: el de los médicos de los hospitales públicos, arrojados por la fuerza a la jubilación anticipada.

En efecto, gestores sanitarios de muchas Comunidades Autónomas se han dedicado durante los últimos años a prejubilar forzosamente a médicos veteranos para sustituirlos por otros más jóvenes, a quienes se les hacen contratos efímeros. Resultado: el servicio se deteriora, privando a los enfermos de los cuidados que les suministraba gente muy entrenada y competente, y las finanzas de la Seguridad Social se cargan con un innecesario coste en pensiones.

Todo ese afán “jubilador” se basa en una falacia amplia y repetidamente refutada según la cual “jubilar a los viejos crea empleo para los jóvenes”. Una afirmación más falsa que la existencia del éter o del flogisto, como muestra la multitud de artículos publicados, basados todos ellos en estudios empíricos de los EE.UU. y otras economías occidentales.

Desde 2013 es posible compatibilizar la pensión con el trabajo remunerado, pero a cambio de renunciar a la mitad de la pensión, pagar una cotización del 1,35% por Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional y pagar también una cotización llamada de “solidaridad” del 8%. Para una pensión máxima estas “penalizaciones” suponen unos 22.000 euros anuales. Un coste disuasorio.

Por otra parte y desde el punto de vista económico y jurídico, la jubilación en España es prácticamente igual al retiro definitivo, a la inactividad contemplativa. En efecto, sólo 117.000 personas de 65-69 años estaban ocupadas a finales de 2016 y por encima de los 69 años sólo había 34.000 personas activas, y no es de extrañar dadas las restricciones existentes.

Se dice que las pensiones públicas no nos darán para vivir en el futuro, por eso se nos recomienda suscribir algún plan de pensiones. Pero basta con acercarse a una web, como invertio.com, para darse cuenta de que tal “solución” lo será para las entidades financieras emisoras de esos fondos (que no se pueden rescatar antes del día de la jubilación), pero no para sus suscriptores. En la citada web podemos leer que sólo 3 de los 335 fondos con 15 años de historia tuvieron -entre 2001 y 2016- una rentabilidad superior tanto a la de la Bolsa (el 5,24% del Ibex) como a la de los bonos públicos a 15 años (5,27%). Peor aún: la media de esos 335 planes de pensiones arrojó una rentabilidad del 2,03%, de manera que no alcanzó siquiera la mitad de las dos rentabilidades alternativas (Ibex y bonos públicos).

Para mayor precisión conviene acudir a los trabajos del IESE, que dirige Pablo Fernández, respecto a ese mercado de los fondos de pensiones, que cuenta en España con más de siete millones de ahorradores-inversores y mueve casi 70.000 millones de euros. Según asegura Fernández, “pocos gestores se merecen las comisiones que cobran”. Porque si sólo mimetizando al Ibex una cartera duplica de largo la rentabilidad media de los fondos, es que la baja rentabilidad de estos obedece a que: a) las gestoras y bancos que los mantienen son ineficientes o ignorantes; b) imponen al cliente minorista comisiones abusivas (de hasta el 2%); c) les colocan acciones-basura a cambio de lograr de las empresas jugosos contratos de emisión de deuda, dirección de créditos sindicados u otros negocios mayoristas. O por una desleal unión de los tres motivos.