Efrén Díaz Casal*.- La injusticia y atropello que desprenden los hechos que expongo seguidamente me obligan a ofrecer estas reflexiones al pueblo español, cualesquiera que sean sus creencias y circunstancias, solicitando su solidaridad y apoyo para afrontarlos y evitar su repetición teniendo como víctima cualquier otro ciudadano.

Impulsado por el veto municipal a una procesión de mi Parroquia castrense, comencé el presente asunto en abril del pasado año 2017 enseñando al Gabinete de Coordinación y Estudios que dirige el señor Pérez de los Cobos, dependiente orgánicamente de la Secretaría de Estado de Seguridad, y a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Delegación del Gobierno en Madrid encuadrada funcionalmente en la misma Secretaría, que el procedimiento de tramitación de los actos religiosos en la vía pública se rige por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, y el correspondiente organismo de tramitación son las correspondientes delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, no los respectivos ayuntamientos.

El señor Nieto Ballesteros, todavía Secretario de Estado de Seguridad, viene negándose sistemáticamente en estos 10 últimos meses a publicar en el B.O.E o comunicar a las partes afectadas, la Instrucción correspondiente sobre el procedimiento legal de tramitación para la celebración de actos religiosos en la vía pública a fin de evitar la repetición de obstrucciones, prohibiciones municipales o vulneración de la normativa al efecto en cualquier parte del territorio nacional, así como la exigencia de responsabilidades disciplinarias por desconocimiento de sus funciones, de los funcionarios concernidos en el asunto.

Desde el pasado mes de enero me he dirigido en reiteradas ocasiones al señor Rajoy, señora Sáenz de Santa María, señora Cospedal, señor Zoido, señor Méndez de Vigo (hijo y hermano de militares), señor Nieto Ballesteros, señor Maíllo, señor Hernando, señor Merino y señora Dancausa, al resto de delegados del Gobierno y a las sedes regionales del PP a fin de solicitar su concurso y mediación para atender mis racionales y justas solicitudes, siendo obsequiado con un desdeñoso silencio por toda respuesta.

Hasta ahora he sido votante asíduo del Partido Popular, al igual que mi familia que cuenta con veteranos militantes con carnet del PP que han ostentado cargos electivos y, por lo que expongo a continuación, mientras estos señores no se apeen de su soberbia, prepotencia y desprecio al ciudadano, o el electorado les expulse con sobradas razones de la escena política, prefiero tomar cicuta antes que votar al Partido Popular.

Resulta evidente que la exigencia de responsabilidades en el asunto en cuestión debe comenzar por el propio señor Nieto, todavía Secretario de Estado de Inseguridad, y el señor Pérez de los Cobos, Director de su Gabinete de Descoordinación y Despropósitos, órgano de tramitación del expediente que nos ocupa que, lejos de dimitir por vergüenza y decoro personal mostrándome una actitud dialogante y amistosa, me han obsequiado con una injustificada prepotencia traducida en ignorar mis solicitudes a las que han aplicado un displicente silencio.

Con total abstracción de la temática relativa al caso, es obvio que el señor Nieto me obsequia con su déspota proceder y el desprecio a mi dignidad de persona y de ciudadano español que le solicita un diálogo civilizado sobre un determinado asunto para encontrar juntos una solución, aunque no menos digno de mención resulta su cerril y hostil actitud en estos últimos 10 meses hacia la religión católica y sus fieles.

Por contra, el pasado 28 de septiembre, el señor Nieto se trasladó a Barcelona para asistir a una reunión de coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos logros no constan en parte alguna, yendo después a almorzar con el delegado del gobierno y el señor Pérez de los Cobos a un restaurante del Paseo de Gracia donde fueron increpados por una separatista, que en modo alguno cuenta con mi simpatía, abandonando el restaurante “para evitar males mayores” por falta de… arrestos.

Los miembros de las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, recientemente destacados en Cataluña para reforzar los efectivos de plantilla, han soportado unas lamentables condiciones de vida durante su comisión de servicio, exclusivamente imputables al señor Nieto por su incompetencia y falta de consideración hacia sus subordinados.

En la reunión con los sindicatos policiales y Guardia Civil del pasado 20 de febrero sobre equiparación salarial con las policías autónomas, el señor Nieto, en actitud totalmente dispar con la dedicada a la separatista del restaurante del Paseo de Gracia, no ha regateado arrestos para agradecerles los servicios prestados en Cataluña con una descortesía y falta de respeto que les ha obligado a abandonar indignados la mesa de negociación, afianzando inteligentemente de esta forma la lealtad de los miembros de su escolta encargados de su seguridad personal.

Está claro que este remedo de autócratas abusa cuando cree estar en superioridad de condiciones, tratando de vencer sin convencer, imponiendo su voluntad por encima de la ley y mostrando en cambio una actitud lanar en otras situaciones dignas de otro tratamiento.

La ejecutoria del señor Nieto, que ignora y quebranta su misión de servicio al pueblo español que le paga con sus impuestos, es propia de dictaduras bananeras que en nigún caso puede contar con la aprobación, la tolerancia, y el cómplice silencio de instancias oficiales en un estado social y democrático de derecho sino que, al contrario, exigen su rechazo y censura.

Las obligaciones legales, el juramento o promesa de su cargo, la propia decencia y ética personal de cuantos ejercen responsabilidades públicas deben condenar este tipo de conductas; la acción de gobierno no puede descansar en un sistemático desprecio y agravio al ciudadano que, con toda razón, exige una ejecutoria totalmente inversa.

Por las mismas razones anteriores a las que se une su función constitucional de controlar la acción del Gobierno, los parlamentarios no pueden transigir ni mancillarse con la silenciosa complicidad ante estos hechos notoriamente reprobables so pena de convertir el país en una selva donde impere la ley del más fuerte.

Si antes de las próximas elecciones, gobernantes y parlamentarios del Partido Popular no rectifican su proceder, a excepción de sus familiares y amigos si es que les queda alguno, no parec e previsible que tengan el valor y atrevimiento de comparecer ante ningún español para pedirle su voto.

En todo caso, les ruego que atiendan al ciudadano que acuda a ellos con solicitudes racionales, legales, lógicas y sensatas, con más corrección y respeto, que no jueguen con su paciencia enemiga de amilanarse ante el uso arbitrario del poder.

Exijo al señor Nieto que, con una micra más de cordialidad, un miligramo más de receptividad y disposición al diálogo, una pizca más de inteligencia superior a la hasta ahora desplegada y algunas toneladas más de respeto a la dignidad de la persona, cumpla con un apremiante deber de rectificación, atienda mis solicitudes, presente su dimisión o se decrete su cese por quien por lo expuesto está obligado a ello por el inexcusable deber que los hechos le imponen.

En tanto el señor Nieto persista en su actitud y su mentor político lo consienta, la vergüenza, dignidad, decoro y respeto al Estado de derecho de los miembros del Gobierno exigen su condena de estos hechos y su firme negativa a compartir bancada los viernes con el señor Zoido.

Es obvio que los delegados y subdelegados del Gobierno tienen la obligación principal de guardar y hacer guardar la ley como así lo han jurado o prometido, no pudiendo por tanto cumplir ninguna instrucción contraria al ordenamiento jurídico.

Ruego a las delegaciones del Gobierno la difusión de esta carta a sus respectivas subdelegaciones y el cumplimiento en su ámbito territorial de lo previsto por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, en la tramitación administrativa de cualquier acto religioso en la vía pública.

Ante el ejemplo de los mártires cristianos que lo largo de la Historia se han inmolado en defensa de la fe, y por las mismas razones que recientemente les han impulsado a pronunciarse en asuntos más mundanos, ruego a las autoridades eclesiásticas la tramitación de los actos religiosos en la vía pública de acuerdo con lo dispuesto en la misma Ley Orgánica 9/1983 y requieran de la Secretaría de Estado de Seguridad la correspondiente notificación al respecto.

Me dirijo igualmente a las entidades locales solicitando su colaboración en la tramitación de actos religiosos en la via pública asumiendo el papel que les asigna la reiterada Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.

La militancia del Partido Popular no puede caer en la flaqueza de callar ante este irracional atropello ni apoyar los desafueros de su ejecutor que les denigra con su actitud, que no dudaría obsequiarles con el mismo tratamiento expresado en estos hechos y cuya permanencia en las filas del Partido Popular es incompatible con la de cualquier demócrata.

Apelo al incuestionable poder de persuasión del pueblo español para que levante su voz en defensa de la ley, la racionalidad, la sensatez, el respeto a la dignidad humana y el recto proceder de los poderes públicos, exigiendo la tramitación de los actos religiosos en la vía pública a través de las delegaciones y subdelegaciones del gobierno según lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.

En espera de que los argumentos expuestos promuevan las medidas que la legalidad impone y la inteligencia y la razón exigen.

*Coronel de Infantería (Retirado)