Disturbios entre policías y manifestantes en los cortes de carreteras en Figueras

La Guardia Civil ha documentado ante el Tribunal Supremo 315 actos de “violencia o agresión” durante los primeros meses del procés. Esta cifra engloba 193 cortes de carreteras y vías férreas en Cataluña pero también 122 episodios en los que se encuentran lanzamientos de artefactos a los cuarteles de la Guardia Civil o agresiones directas a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Los investigadores han confeccionado un extenso informe, en el que se detalla una amplia relación de “actos de agresión, daños, así como de grave resistencia o amedrentamiento” y en el que se destaca la «inacción» de Mossos d’Esquadra durante todos estos episodios.

Estos sucesos, comprendidos entre el pasado 1 de septiembre y el 8 de noviembre, abarcan desde lanzamientos de artefactos explosivos a cuarteles de la Guardia Civil pasando por movilizaciones para acorralar a las Fuerzas de Seguridad del Estado, al corte de las principales comunicaciones o a las movilizaciones frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Estas últimas se consideran actos coercitivos.

En estos sucesos se enclavan “golpes, empujones, insultos y amenazas a los agentes” y el destrozo de sus vehículos, incluso los camuflados.

Algunos de los episodios más agresivos tuvieron lugar en Sant Esteve de les Roures, donde “uno de los manifestantes que ya había agredido a otros agentes aprovechó la caída de uno de ellos, que quedó totalmente indefenso para propinarle una brutal patada en la parte posterior de la cabeza”. En este mismo lugar, el conductor de una motocicleta intentó atropellar a un policía y robarle el arma reglamentaria.

Pero es que “un varón desconocido aprovechó el hueco existente entre dos contenedores para impulsarse e impactar con una patada en la cabeza de un agente de la guardia civil”. En Sant Carles de la Ràpita se produjo un lanzamiento de piedras contra los agentes y los vehículos. Por su parte, en Vic llegaron a rodear las instalaciones policiales 2.000 manifestantes impidiendo la salida no sólo de los agentes sino de sus familiares.

La Guardia Civil también incluye en su informe los actos protagonizados por los líderes independentistas para instigar lo que la Policía Judicial califica de “levantamiento” con un “fin cismático” contra el Estado.

La Guardia Civil atribuye la responsabilidad máxima de estos sucesos a los cabecillas secesionistas, por “valerse de la población, alentando actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado, ocupando carreteras y calles, bloqueando edificios públicos y sometiendo a las autoridades judiciales y a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a un incesante acoso”.

Según los investigadores, “se enorgullecieron de ese movimiento radical, sin hacer ni un intento por tratar de desconvocar o llamar a la calma a la gente sino todo lo contrario”. Fue el caso del “principal exponente de este proceso secesionista, el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que difundió el siguiente mensaje a través de Twitter: Vuestra solidaridad, afecto y compromiso nos alienta. Seguimos”.

O el del ex vicepresidente Oriol Junqueras, que irrumpió en el registro del despacho de su hombre de confianza, Josep María Jové, para darle ánimos. Acto seguido bajó a la calle y alentó a la multitud levantando los brazos para que entorpecieran la actuación judicial.

La Guardia Civil sitúa el inicio de esta espiral de violencia en un suceso que tuvo lugar el 30 de abril de 2017 a las 19.30 horas. En ese momento un individuo que transitaba por la calle Travessera de Gràcia, en las proximidades del cuartel de la Guardia Civil, “cruzó corriendo la calzada y arrojó un objeto que a los pocos segundos produjo una explosión con deflagración de gases”.

Este tipo de episodios se reprodujo, meses más tarde, a partir de septiembre. En el mismo acuartelamiento el día 10 un grupo de 25 personas con bengalas se concentró en la puerta con una pancarta en la que se representaba “la figura del teniente coronel Tejero dentro de una señal de prohibido» y la leyenda Que se vayan”.

Los sucesos callejeros se fueron agravando. El 19 de septiembre, en la localidad de Reus, unos desconocidos realizaron pintadas en el Hotel Gaudí en el que se hospedaban agentes de Policía y “lanzaron bolas de pintura contra la fachada del establecimiento”.

Pero los episodios más graves comenzaron el 20 de septiembre, cuando el Juzgado número 13 de Barcelona ordenó los primeros registros en el marco de la investigación de los preparativos del referéndum ilegal del uno de octubre.

“En algunos puntos geográficos se organizaron diversas concentraciones, que ni mucho menos fueron casuales, sino promovidas por diferentes asociaciones soberanistas (Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural); todo ello con el objetivo de entorpecer y detener la actuación que la Guardia Civil estaba realizando, lo que provocó altercados de orden público”. En esta línea destaca la Policía Judicial que Òmnium Cultural “activó un número de teléfono a través del cual crearon grupos de difusión en aplicaciones de mensajería como Whatsapp o Telegram” para “detener a la Guardia Civil”.

Estos mensajes dejan “bien claro”, a juicio de los investigadores, que “las dos entidades soberanistas fueron las encargadas de movilizar a todo el personal contra la Guardia Civil viviéndose situaciones de mucha tensión y violencia”.