Isabel San Sebastián*.- Han sido inútiles las prebendas destinadas a hacer realidad lo que tanto desearía el PP: que el PNV fuese leal a un gobierno de España. Inútiles han sido también los halagos. Tanto las buenas palabras como el cuantioso dinero ofrendados desde Madrid han fracasado estrepitosamente ante el sentimiento antiespañol que habita en lo más profundo de su ser político. Por mucho empeño que haya puesto Mariano Rajoy en seducirles, los nacionalistas vascos siguen a lo suyo, mucho más cerca del golpismo catalán que de la Constitución democrática. Lo demostró una vez más ayer su presidente, Andoni Ortuzar, con la diatriba lanzada desde el púlpito que le brinda cada domingo de Pascua la celebración del Aberri Eguna. El «día de la patria» vasca, se sobreentiende.

«Nuestra posición es clara y es una posición de principios» -bramó el sucesor de Arzalluz-. «Con el 155 no jugamos… No queremos gente en la cárcel por defender ideas políticas… Queremos que los autogobiernos catalán y vasco estén exclusivamente en manos de sus legítimos representantes… No queremos que sean los jueces quienes, por encima de la voluntad popular, decidan quién puede gobernar y quién no». O sea, exactamente lo mismo que dicen Carles Puigdemont y sus secuaces golpistas. Idéntico discurso, idéntico desprecio por las reglas de la democracia, idéntico empeño en ignorar la separación de poderes propia de un Estado de Derecho, idéntica demagogia. Lo único que varía es la estrategia momentánea, toda vez que el separatismo catalán ha asumido la vanguardia del movimiento rupturista mientras que el vasco permanece en retaguardia. No hace mucho era a la inversa y no es descartable que vuelva a serlo. Uno y otro comparten un mismo afán que prevalece sobre cualquier diferencia: el anhelo de romper España.

Como suele ser habitual en ese mitin sabiniano celebrado últimamente en Bilbao (si mi padre y mi abuelo levantaran la cabeza, se volverían a morir de pena), el líder del partido asumió el papel de agitador, cediendo al lehendakari Urkullu el de gestor moderado. «Ser vasco es ser europeo» -proclamó desde la tribuna este último, saltándose el escalón español sin el cual tal afirmación constituye un burdo engaño-. Luego reconoció que su objetivo es conseguir de la Unión Europea el respaldo necesario para que las «comunidades políticas puedan consultar a su ciudadanía en un referéndum legal y pactado». Dicho de otro modo, blanquear lo que ahora, según el marco legal vigente en la mayoría de los países, constituye un delito de sedición.

En vano se empeñan los populares en distinguir entre el PNV y Ezquerra Republicana, Junts per Cataluña o las CUP. Son todos cuña de la misma madera. Aceptarán lo que se les dé, como ese «cuponazo» infame acordado el año pasado con la oposición de Ciudadanos, convertido ahora en blanco de sus más feroces ataques. Cogerán la bolsa sin renunciar a la vida; esto es, sin alterar un ápice sus exigencias ni aceptar que forman parte de una nación única e indisoluble. No rechazarán los privilegios derivados de supuestos fueros históricos inherentes a su pertenencia a España, gracias a los cuales un ciudadano vasco dispone de 4.600 euros de financiación mientras que un madrileño ha de conformarse con 1.800. Verán con agrado que Madrid aporte 19.000 millones anuales a la caja de solidaridad y Euskadi reciba de ella más de 3.000. Incluso es posible que lleguen a respaldar con sus votos unos presupuestos, siempre que se les pague lo que pidan. De ahí a considerarlos «leales» dista un abismo ético que ningún español demócrata debería atreverse a cruzar.

*Articulista de ABC