Puigdemont, junto a miembros de JxCat en Bruselas

La Fiscalía española suministró ayer nuevos argumentos al ministerio público de Schleswig-Holstein (SH), land alemán donde se dirime la eventual extradición de Carles Puigdemont. España sustenta el ingrediente de violencia por el que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado al expresident de la Generalitat por un presunto delito de rebelión.

El objetivo es que la Fiscalía General de SH pueda trasladar esa nueva información al Tribunal Superior Regional (Oberlandesgericht) del land, que el pasado 5 de abril excarceló a Puigdemont por considerar “inadmisible en principio” la entrega por rebelión, precisamente por supuesta falta de violencia “suficiente” para doblegar al Gobierno.

En una reunión reservada que se celebró ayer en La Haya (Países Bajos), fiscales españoles que intervienen como parte en la instrucción del juez Llarena transmitieron los nuevos argumentos al respecto al fiscal general de Schleswig-Holstein, Wolfgang Zepter, y a una fiscal de su equipo.

La reunión se hizo en la sede de Eurojust, el organismo de la Unión Europea encargado de reforzar la cooperación judicial entre los países miembros. Eurojust se limitó a ceder un espacio físico para el encuentro, que comenzó a las nueve de la mañana y se celebró “a puerta cerrada, por ser totalmente confidencial”, informa Efe desde La Haya citando fuentes de Eurojust.

En su primera resolución, el Tribunal de SH no vio correspondencia entre el delito español de rebelión y el alemán de alta traición, por echar en falta la “suficiente” violencia en los hechos descritos. En el terreno de la teoría, el Oberlandesgericht podría reevaluar su perspectiva inicial a la luz de los nuevos argumentos que la Fiscalía General del land le traslade en un nuevo escrito, pero la impresión general es que esa probabilidad es remota.

En su escrito del pasado 3 de abril, la Fiscalía del land hizo suyas las tesis del juez Pablo Llarena, y solicitó la entrega de Carles Puigdemont a la justicia española, que el Tribunal de SH estimó luego admisible para el presunto delito de malversación de caudales públicos, sobre el que solicitó más información al Tribunal Supremo de España. La resolución definitiva, contra la que no cabe recurso de apelación, se espera para dentro de dos semanas a lo sumo.

De acordarse la extradición, sí le cabría a Carles Puigdemont un último recurso, y es acudir al Tribunal Constitucional. Su abogado alemán, Wolfgang Schomburg, anunció en su día que en ese caso iría al TC, al que es posible recurrir alegando riesgo de vulneración de la dignidad humana por países terceros. Schomburg también rechaza el delito de malversación de caudales públicos que Llarena atribuye a su cliente.

Si finalmente el Oberlandesgericht de Schleswig-Holstein acuerda la entrega de Puigdemont a España sólo por malversación y no por rebelión, el juez Llarena tiene previsto acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, a presentar una cuestión prejudicial, es decir, a pedir aclaración por una duda sobre cómo aplicar el Derecho de la UE.

Con la admisión a trámite por el TJUE, la causa contra el expresident quedaría paralizada en una pieza aparte, y el resto del proceso seguiría su curso. Como ya adelantó La Vanguardia, eso permitiría a a Pablo Llarena fraccionar el proceso, para que aquellos inculpados por rebelión y malversación que no huyeron de la justicia y están en prisión preventiva en cárceles españolas, sean juzgados por tales delitos, que son más graves del que la justicia alemana podría considerar para la entrega de Puigdemont, quien en la práctica era el líder de los encausados.