Osama Bin Laden

El tunecino Sami A. era uno de los encargados de la seguridad de Bin Laden después de los atentados del 11S y cuando éste era el terrorista más buscado del mundo. Ha sido declarado culpable por cuatro tribunales de pertenencia a Al Qaeda y apoyo al terrorismo, pero obtuvo el estatus de asilo político en Alemania debido a que en su país «tiene más probabilidades de sufrir torturas, tratos inhumanos o degradantes», según la sentencia en última instancia del Tribunal Administrativo Superior alemán emitida en abril de 2017, cuenta ABC.

Esto significa que no puede ser deportado a Túnez y que Alemania debe otorgarle el mismo trato que al resto de los refugiados. Dado que pertenece a la lista de terroristas en suelo alemán y es objeto de vigilancia policial permanente, debe presentarse diariamente en una comisaría para fichar, pero ahí terminan sus responsabilidades. A cambio recibe subsidios por 1.167 euros al mes, con lo que vive él y toda su familia.

Sami A. vive en la ciudad de Bochum, junto con su mujer y sus cuatro hijos de entre 4 y 11 años. Llegó a Alemania en 1997, como un estudiante de 21 años, y a partir de 1999 entró en contacto con Al Qaeda. En los años posteriores recibió entrenamiento en campos terroristas en Afganistán y escaló posiciones hasta pasar a formar parte de la guardia personal de Bin Laden hasta que éste se vio obligado a ocultarse en Abbottabad, Pakistán, cercado por las investigaciones internacionales, y redujo al máximo su séquito para no llamar la atención. El nombre de Sami A. apareció por primera vez en las investigaciones en 2006 y el alto Tribunal Administrativo de Münster lo ha declarado en una de las sentencias como «una grave amenaza para la seguridad pública», pero sigue sin poder ser deportado.

El de Sami A. no es un caso aislado. El número de procesos por terrorismo abiertos por la Fiscalía General alemana en 2017 asciende a cerca de 1.200, casi cinco veces más que el año previo. Según datos de la Fiscalía General, alrededor de mil de esos casos tienen un trasfondo islamista, frente a los apenas 200 registrados a lo largo del año pasado. El repunte de estas causas está poniendo al límite la capacidad de la Fiscalía General, la competente para las causas de terrorismo, que este organismo está derivando los casos menos graves a las fiscalías de los estados federados. Y uno de los motivos por el que se concentra en este país la presencia de terroristas es su generosa legislación de asilo combinada con unas ayudas sociales que garantizan la supervivencia sin necesidad de trabajar.

A fecha de marzo de 2018, las autoridades alemanas encargadas de velar por la seguridad en el país reconocen que tienen registradas a cerca de 760 personas clasificadas como potenciales terroristas islamistas. La Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) considera que más de la mitad de ellos se encuentran actualmente en Alemania, pero solo 153 de ellos están en prisión. En total, las fuerzas de seguridad germanas contabilizan más de 980 personas que, desde el comienzo de la guerra en Siria en 2012, viajaron desde Alemania a zonas de conflicto. En este sentido, los expertos observan una ligera tendencia al alza. A mediados de febrero, la Oficina de Investigación Criminal alemana cifraba en unos 750 los potenciales terroristas islamistas en territorio germano y en unos 970 el número de personas que viajaron desde Alemania a zonas de guerra como Siria o Irak.

En el caso de Sami A. «se trata de un claro abuso, la ley alemana de asilo está siendo descaradamente explotada», según denuncia en declaraciones a Bild Eckhard Rehberg, experto en la materia de la Unión Cristianodemócrata de Merkel (CDU), «estamos protegiendo y financiando a un terrorista porque esa ley nos impide deportarlo, no puedo estar de acuerdo con la interpretación de esa norma porque es evidente que atenta contra el sentido común».

Casos con este ejercen además un poderoso efecto llamada. Simpatizantes de grupos terroristas de todo el mundo entienden que en este país serán mejor tratados que en cualquier otro y se refugian en Alemania como elementos durmientes a la espera de entrar en acción. Alrededor de 1.600 personas son consideradas potenciales terroristas islamistas por el Departamento de Protección de la Constitución (BfV), los servicios secretos de interior en Alemania, según ha reconocido su presidente, Hans-Georg Maassen.

El presidente del BfV advierte de los retos a los que se enfrentan los servicios de inteligencia en un marco global que se ha transformado por completo por el impacto de diversos factores en los últimos años, desde la denominada primavera árabe a la crisis de los refugiados. Entre el 70 y el 80 % de las personas que han llegado a Alemania pidiendo asilo no presentaban un pasaporte válido, según Maassen, remitiéndose a datos de la Policía Federal y recordando que el país que ha recibido más de un millón de solicitantes de asilo en los dos últimos años.