Hermann Tertsch.- Pasan tantas cosas y tan graves en España que surge el agravio al tratar unas u otras. Por eso es importante establecer prioridades y criterio de valoración para tratar el acontecer cotidiano. No esperen que los medios coincidan. Tienen otros intereses. Muchos son partícipes, cuando no protagonistas, de agendas lucrativas en esta peligrosa galerna que hace crujir todas las cuadernas de España. Algunos son parte de las causas de una ya posible tragedia nacional. No conviene confundir productos por muy revueltos que se sirvan. No es lo mismo asaltar el poder en un gobierno regional español para destruir el Estado y la Nación y quizás abocarnos a una guerra civil que robar en comisiones ilegales. No es lo mismo. Y lo primero es peor. Las tramas de ladrones de la Gürtel o de la más grave y menos penalizada de los ERE andaluces serían asumible y corregible corrupción del sistema de partidos en la larga historia delictiva española si no tuvieran un terrible efecto debilitante sobre el Estado en un momento de riesgo existencial para España.

Como la corrupción bipartidista y las mezquinas agendas privadas de dirigentes del PP han dejado en manos de fuerzas antiespañolas las televisiones, es muy difícil transmitir a la población esa escala elemental de valoración de los hechos. Un ejemplo, lo más escandaloso del caso de corrupción aun no demostrada del jubilado y enfermo Zaplana, de nula relevancia política, es que él fuera enviado ayer a la cárcel con la misma leucemia que sacó a un asesino múltiple como Bolinaga. Pese a ello, no puede ser difícil transmitir a la sociedad que no es lo mismo robar al Estado que destruir dicho Estado. Ni matar que robar. Algunos condenados de la trama Gürtel reciben mayor pena que los secuestradores y asesinos de Miguel Ángel Blanco. Casi todas son superiores a lo cumplido por los etarras por cada uno de sus asesinatos.

El Gobierno de Rajoy ya está definitivamente condenado a concluir su mandato con similar oprobio que su antecesor. Lo peor por supuesto no es ese oprobio que se ha ganado a pulso. Lo peor es su debilidad frente a los enemigos del Estado que nos ha llevado a un permanente deterioro de la legalidad y ya ha desencadenado la primera violencia. Esta, nadie lo dude, se extenderá durante este verano. La colisión está ya programada entre el rodillo de la agresión separatista antiespañola en plena marcha y la reacción de autodefensa que apenas ha comenzado. El separatismo llama a la lucha final.

España no tiene hoy un gobierno que la defienda en Cataluña. Pero tiene aquello lleno de españoles que lo harán porque se niegan a que les arrebaten su vida en su patria. Lo que el Estado debió hacer hace mucho, poner coto al separatismo, y se pudo hacer con poder coercitivo, ya no va a ser posible sin el uso de la fuerza. Y sin complejos ante unos aliados que lo habrían hecho ya hace tiempo en estas circunstancias. Cuanto más tarde el Estado en hacerlo más alto será el precio y la fuerza necesaria. Pero se hará inevitable al estallar la violencia cuando la agresión permanente del separatismo reciba respuesta en las calles de los españoles no separatistas. Habría sido mejor que Albert Rivera hubiera negado el voto a Rajoy en presupuestos por su lamentable conducta en Cataluña y su cambalache con el PNV en que relega los intereses de España a la garantía para sus dos años de supervivencia. Pero mal puede Rivera retirar por una sentencia de ladrones un apoyo que otorgó pese a la urgencia de un cambio de política ante la emergencia existencial de España.