Fábrica española en los años 60.

AR.- Aclarado queda a efectos legales que expreso hoy aquí, escrito y firmado, mi abominación por la España de Franco a que me obliga la nueva Ley de memoria histórica que el PSOE se propone sacar adelante con los apoyos de la extrema izquierda y los grupos separatistas de distinto pelaje. Nada más ejemplar que retractarme de mis errores y abrazar la España progresista que nos propone Pedro Sánchez, renunciando a cuanto pueda poner en  cuestionamiento o en entredicho la etapa de modernidad justiciera que se nos anuncia.

De entrada, me desdigo de cuanto he escrito en este medio y también de las cosas que pertinazmente (y sin fundamento) he defendido desde mi temprana adolescencia. Debo subrayar aquí y ahora que en las chekas se predicaba el amor y el perdón, que Calvo Sotelo murió de un resfriado, que la república respetó siempre las vidas y haciendas de los católicos, que la revolución golpista de Asturias no existió, que Stalin apenas intervino en la guerra civil, que el oro de Moscú era y es una falaz y fascista mentira, que Franco recibió un país enriquecido y lo convirtió en uno de los más pobres del mundo, y que reprimió las ansias de libertad de millones de españoles levantando un gigantesco muro para que estos no pudiesen abandonar el país, no como en los países de obediencia soviética, donde sus habitantes eran libres de viajar donde quisieran.

Desmiento como falsas las informaciones que atribuyen al régimen de Franco la creación de la sanidad pública que hoy conocemos, las jubilaciones, las viviendas asequibles para todos los trabajadores, la germinación del turismo…

Aquel régimen controlaba y oprimía insoportablemente a los españoles, no como ahora. No puedo aceptar que España fuese en 1975 el segundo país del mundo en servicios, mientras los ilegales, los homosexuales, las feministas, los trepas abajofirmantes… carecían del derecho a ser servidos por el Estado. No me siento orgulloso de que España tuviese ese mismo año la segunda flota pesquera del mundo a base de esquilmar los caladeros de otros países, que hoy nos honran obsequiosamente con miles de “pagapensiones”. ¿Qué interés democrático tiene que en 1972 fuésemos el tercer país con mayor número de astilleros, cuando ya se sabe que barcos sin honra no es lo mismo que honra democrática sin barcos? ¿Acaso debemos congratularnos de que la actividad industrial representara el 36 por ciento del PIB nacional en 1974, cuando el 15 por ciento actual nos acerca mucho más a los objetivos de Kioto que reclaman nuestros ecologistas?  ¿De qué le servía a la España de Franco tener una tasa de paro del 3,78 por ciento o que la clase media representara el 56 por ciento, si a cambio se privaba a los españoles del inmenso placer de votar cada cuatro años? ¿Acaso puede ser comparable en términos democráticos el ejercicio del derecho al voto con estadísticas tales como los 700.000 funcionarios de 1975 frente a los más de tres millones actuales; el 7,3 de deuda sobre el PIB en 1972 frente al 96 en 2914; o la existencia de 21 universidades laborales, hoy desaparecidas, frente al despiporre de los alumnos Erasmus?

Puerto Banús, símbolo del turismo de lujo, inaugurado en 1970.

¿Y qué decir de las anacrónicas ayudas del franquismo a las familias tradicionales? ¿Es de recibo que en vez de promover las prácticas abortistas y los derechos de las feministas, el Estado se dedicase a ofrecer tres niveles de ayudas a familias numerosas, según número de hijos? ¿Es lógico que se fomentara tanto el ocio hasta el punto de que los trabajadores dispusieran de un mes o treinta días naturales de vacaciones retribuidas al año, con paga extra en Navidad y el 17 de julio? ¿Pueden comprometerse más los beneficios patronales que obligando a dos medias pagas extras por beneficios de empresas y a  extras menduales por trienios y quinquenios? El Estado franquista carecía de la sensibilidad del actual para poner en alza la importancia democrática de las familias sin hijos. Como si de un gigantesco paritorio España se tratase, la dictadura obligaba a un incremento mensual en nóminas por cada hijo de cada trabajador (conocido como puntos). Con lo moderno y avanzado que habría sido destinar ese dinero a oenegés  y colectivos que trabajasen por una España multicultural, multiguay e inclusiva. Hoy debo defender y defiendo el uso especulativo del dinero, y no la antigualla franquista de que la riqueza no permaneciese inactiva ni pudiese aplicarse a fines ilícitos. ¿Qué patrimonios económicos habrían justificado el esfuerzo de nuestros democráticos mandamases si hubiesen observado principios tan recatados? ¿Qué nivel de prosperidad democrática habríamos alcanzado con normas tan escasamente democráticas como la que prohibía embargar los bienes privados (artículo 32 del Fuero del Trabajo)? ¿Podrían nuestros bancos haber acreditado un nivel tan alto de beneficios si hubieran tenido que convivir con las anquilosadas normas franquistas que perseguían de forma implacable todo tipo de usura? ¿Cómo podríamos haber hecho frente al sostenimiento de nuestra legión de democráticos subvencionados con el 2 por ciento del Impuesto de Tráfico de Empresa (ITE, actual IVA) o con una presión fiscal del 18,4 frente al 21 y 35 por ciento, respectivamente, vigentes actualmente?

Universidades laborales.

¿Cómo no demonizar a los representantes de aquel Estado, que privaba a los alcaldes del derecho democrático a limitar la actividad empresarial a un puñado de privilegiados? ¿Puede tomarse en serio que la apertura de pequeños negocios o comercios apenas necesitaran de requisitos legales más allá de los relacionados con la seguridad y la higiene? ¿Puede ser eficaz un Estado moderno y progresista con una única ley y normativa nacional, como la que existía durante la dictadura, que agilizaba y dinamizaba la economía productiva interterritorial? ¿Es concebible un Estado sin un gigantesco sector público, garante de nuestras libertades democráticas, y no como en la oprobiosa, donde las diputaciones  provinciales coordinaban la relación política entre estado y municipios, suplantando a las Comunidades Autónomas a un costo despreciable? Tampoco son admisibles las medidas populistas empleadas por el franquismo para aumentar el nivel adquisitivo en los hogares con un solo ingreso, tales como prohibir por ley interrumpir el suministro de agua, electricidad o carbón en hogares, por impago. O que se prohibiera trabajar más de ocho horas al día, permitiendo horas extras previa negociación, en contra del principio tan democrático de lo que el amo ordene y mande.

Okupas

Tampoco puede entenderse, desde la perspectiva progresista de socializar el desorden, que el domicilio de los españoles fuese inviolable, bajo dura persecución penal. Ahora, felizmente, están expuestos al democrático disfrute de okupas y perroflautas. Millones de hogares nunca usaban llaves en sus puertas, lo que ocasionó un grave perjuicio económico a cerrajeros y fabricantes de alarma. Por otra parte, el poder intimidador de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado privó a miles de españoles del uso del derecho a delinquir. De ahí las cifras-trampas que los franquistas recalcitrantes nos restriegan cuando comparan los 150.000 presos actuales con los 85.000 de 1975.

Manifestación de apoyo a Franco, en Madrid, el 1 de octubre de 1975.

Por desgracia, son abundantísimas las referencias sobre los éxitos sociales y económicos de la España de Franco que urge empezar a perseguir sin desmayo. Algunas verdaderas minucias, como la de Gonzalo Fernández de la Mora, por ejemplo. Cuenta en sus memorias una anécdota sobre Franco que los nostálgicos de la dictadura le dan una relevancia significativa: le informaba de que se iban a poner en marcha dos ciudades de expansión de Madrid: el actual Tres Cantos y Navalcarnero. Franco le dijo que Navalcarnero, no, porque él tenía allí tierras. ¿Acaso Fernández de la Mora nos estaba sugiriendo que Franco obró de forma distinta a como lo hubiera hecho cualquiera de nuestros ejemplares y honradísimos dirigentes democráticos?

Benidorm, de pueblo de pescadores en 1952 a referencia del turismo mundial.

También es una intolerable exaltación del fascismo que se ponderen como ejemplares las ejecutorias, libres de polvo y paja, de los alcaldes, los presidentes de Diputación, los gobernadores franquistas, porque entraron y salieron ligeros de equipaje. O que se destaque tanto éxitos tan dudosos como el de Pedro Zaragoza, falangista, el alcalde que puso a Benidorm en el mapa del turismo mundial a costa de privarle de su pintoresquismo como pueblo de pescadores y pequeños agricultores. O que se resalte como virtuosa la actitud del también falangista Agatángelo Soler, arquitecto y alcalde de Alicante, que hizo la Explanada de España. Cada Navidad, de forma populista, ponía en la puerta de su casa a un policía municipal para impedir que le llegaran regalos.

Así que duro con ellos, presidente. Que lo que se acuerde en nombre de la memoria histórica no lo discuta nadie, y mucho menos en nombre de la Verdad, término con tantas connotaciones cristianas. Así que doble jarabe orwelliano a quien se atreva a opinar sobre Francisco Franco más allá de lo que establezca como legal la nueva ley de memoria histórica, a la que yo también me adhiero.