Los seguidores del candidato José Antonio Meade, del PRI, participan en el cierre de campaña de su candidato

¿Puede Andrés Manuel López Obrador perder las elecciones? La perspectiva de un fraude electoral ha sobrevolado toda la campaña mexicana. La guerra sucia entre candidatos, y en especial la compra de votos de los partidos, tiene una larga tradición en México, pero según observadores consultados esta vez cobra proporciones sin precedentes. Aunque las encuestas dan una ventaja al candidato izquierdista de Morena de más de veinte puntos sobre el segundo aspirante, Ricardo Anaya, del conservador PAN, la gente de su equipo está en alerta para evitar sorpresas de última hora.

López Obrador perdió las elecciones presidenciales de 2006 por un estrecho margen. Él denunció un fraude, pero cuando el Instituto Federal Electoral abrió el paquetes de votos para volver a contar resultó que el PRD, que entonces era su partido, tenía más papeletas falsas que su rival del PAN. «En aquellos comicios, López Obrador sólo vigiló el 60% de las urnas. En las elecciones de este domingo su partido hará el seguimiento en más del 90%», asegura el estratega político Antonio Solá, cerebro de la campaña del miedo contra AMLO en 2006.

Diversos observadores apuntan que Obrador tiene que ganar por más de diez puntos para asegurarse al victoria. «El fraude del voto puede afectar al 8% del total», asegura el académico y periodista John Ackerman, cercano a AMLO, como es conocido en México. Antonio Solá añade que «no existe ahora la posibilidad de que Obrador no gane la elección, pero si quiere dormir tranquilo como presidente electo de la República el domingo necesita ganar por más de diez puntos».

Las organizaciones ciudadanas sostienen que todos los partidos compran votos en un país en el que el 50% de la población vive en la pobreza, y donde el precio medio de la cesta básica de la compra cuesta 400 pesos mensuales.

Este clientelismo electoral se ejerce, además de con la compra de votos, con la amenaza de retirar a la gente alguno de los 6.400 programa sociales que existen en México. Beatriz Camacho, del colectivo Alianza Cívica Nuevo León, cuenta que su organización ha detectado compra masiva de comunidades completas en Chiapas para la elección del gobernador.

Según Alberto Serdán, coordinador de Acción Ciudadana contra la Pobreza, el gasto público federal se triplica en el primer semestre del año electoral y se dispara el dinero circulante. María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y responsable del informe «Dinero bajo la mesa», afirma que por cada peso que se registra como gasto en una campaña a gobernador, hay otros 15 que se mueven por debajo de la mesa. Señala también que ese dinero procede del desvío de fondos públicos, de la iniciativa privada y del crimen organizado.

El fraude electrónico mediante algoritmos es «la herramienta más decisiva», según Solá. Pero en México existen otros métodos como el llamado «carrusel», una estrategia para votar varias veces por el mismo candidato en distintas urnas con credenciales falsas. También son comunes «las urnas embarazadas», cajas opacas llenas de votos que aparecen al final de la jornada, y el «mapacheo», el robo de urnas por parte de delincuentes antes del recuento.

Esta semana, «The New York Times» reveló que la empresa Cambridge Analytica, la misma que ayudó a Trump a ganar las elecciones, ofreció sus servicios al PRI para impulsar su imagen y ayudarle a remontar en las encuestas. El partido gobernante –que va tercero en los sondeos– rechazó la propuesta porque consideró que no necesitaba contratar a alguien de fuera para algo que ellos saben hacer. Según el diario, el PRI finalmente decidió pagar a la compañía sólo para que no trabajara para partidos rivales.

Alberto Serdán asegura que los partidos políticos ofrecen 500 pesos (unos 22 euros) por voto, pero se han denunciado casos en Coyoacán de pagos de hasta 10.000 pesos. Según la encuesta patrocinada por esta plataforma, hasta nueve millones de mexicanos han aceptado en esta campaña vender su voto a un partido político y otros 15 millones lo rechazaron. La coalición Todos Por México (PRI, Panal y Partido Verde) ofreció sobornos a 5,3 millones de votantes. Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) lo hizo a 4,9 millones. Mientras que Juntos Haremos Historia, la alianza de Obrador, ofreció la compra del voto a 600.000 personas, según la encuesta, que señala que 19 millones habrían recibido ofertas de varios partidos.

Las organizaciones de derechos civiles han denunciado además que en esta campaña el presupuesto para los observadores internacionales que vigilan las elecciones ha disminuido un 80%. Santiago Nieto, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, resumió la situación con esta frase: «Estamos en presencia de una de las luchas más desiguales de la historia por la democracia en México. Es una lucha en la cual el ciudadano tiene el derecho al voto y donde el Gobierno federal está utilizando los programas sociales y el presupuesto nacional para condicionar el voto».