Cuesta pensar que si un presidente regional alemán organizara un referéndum ilegal y proclamase una república independiente en cualquiera de los lander de aquél país, los tribunales correspondientes se preocupasen sólo de si tal acción fuera organizada con dinero público. Al fin y al cabo es lo que los miembros del Tribunal de la región en la que fue detenido Puigdemont han venido a decir admitiendo la Euroorden española sólo por delito de malversación de fondos públicos. Si lo que sugieren los campanudos jueces alemanes es que no pasaría nada si la intentona hubiese sido producida con medios privados, es que o bien se han vuelto majaretas o bien nos quieren tomar el pelo. ¡En Alemania!, nada menos que en Alemania, unos togados dan a entender que pretender romper la unidad del Estado alemán sólo tiene responsabilidad penal si eso se hace utilizando el presupuesto del estadito correspondiente, no si se hace con dinero de particulares, como bien apuntó Llarena en su escrito definitivo reclamando el envío del fugado presidente de la generalitat para ser juzgado en España. No cabe en cabeza jurídica alguna.

Europa no puede permanecer ajena al hecho de que, en el seno de la Unión, un país determinadamente severo con quien pretenda hacer en ese territorio algo parecido a lo hecho por Puigdemont en España, se permita ser displicente con la justicia de un país amigo. Europa no se inventó para despreciar olímpicamente los serenos y sensatos argumentos del Supremo de un país sin atisbos de sospecha alguna. Ignoro si hay instancias europeas que puedan corregir dislate semejante, pero visto lo visto, a Llarena le quedan un par de alternativas: aceptarlo o no. Si lo acepta, tragándose la humillación, puede encarcelar al fugado y esperar que la fiscales pidan la máxima pena por el delito de malversación, que oscila entre ocho y doce años. Una cosa es lo que pida la Fiscalía y otra, evidentemente, lo que determine el tribunal que juzgue, pero parece poco probable que pudiera evitar la prisión provisional; aunque también hay quien asegura que podría evitarla sufragando la cantidad presuntamente malversada, cosa que siempre habría quien la proporcionaría. Esa última posibilidad sería la que invitaría a Llarena a renunciar a su entrega, dejando que Puigdemont se convirtiese en un fugado eterno y dando a entender a los alemanes un «ahí os lo quedéis y que os aproveche».

El argumento brindado a las defensas del resto de implicados no es baladí, pero los tribunales españoles no habrán de dejarse influenciar por criterios tan peregrinos como los mostrados por los jueces de ese estado tan singular: si en Schlewsig-Holstein no es delito pretender romper la unidad de Alemania es un problema de repercusión en España, pero afecta, en su inmensa contradicción, a los mismos alemanes.

A partir de ya, cualquier líder secesionista germano podrá exhibir esta sentencia como eximente de culpa si pretende la independencia de cualquier land siempre que lo haga sin utilizar fondos públicos: bastará que unos cuantos mecenas proporcionen dinero particular para que ello no sea considerado delito. Lógicamente eso no se lo cree nadie, pero es lo que se desprende de este mamoneo judicial que viene a dictaminar que España es una especie de Estado medio africano al que hay que tratar con paternalismo, desprecio y condescendencia, dándole lecciones elementales de justicia cool. A ver si os dejáis, españolitos, de atavismos dictatoriales y entendéis que un puñado de políticos regionales son sólo responsables, después de disponer diversas actuaciones contrarias a la ley, de haberse gastado dinero de los contribuyentes, no de actuar contra la integridad del Estado. ¿Entenderán Sánchez y su «distensión» que eso es un ataque a la dignidad de su país?. Vaya usted a saber.