¿Qué fines persigue el Estado español de la mano de sus gobiernos de las últimas décadas? ¿Qué modelo de política deben financiar los españoles con los copiosos impuestos que se les exige y pagan? ¿Con qué objeto se les pide nuevos sacrificios, se les empobrece y se les hipoteca su futuro y el de las siguientes generaciones?

Estamos obligados a poner en cuestión la concepción que del Estado tiene esta casta actual de políticos que lo manejan con ideas patrimonialistas y doctrinarias, como si lo consideraran una propiedad privada o una herencia partidista que se transmiten de modo particular.

El presupuesto nacional, que por su esencialidad debe salir de la más pura y transparente actividad democrática, ¿debe imponerse a los españoles contra su voluntad? Los tributos que desembolsamos, las cargas que soportan los ciudadanos ¿han de emplearse en asuntos que no sólo no sirven para engrandecer a la nación, sino que influyen directamente en su ruina? ¿Debemos soportar gabelas para que se destruya la cédula familiar, las tradiciones y símbolos, nuestra civilización y cultura? ¿Debemos con nuestras contribuciones financiar, por ejemplo, las sinecuras de los partidos que nos gobiernan, y los sueldos abusivos de parlamentarios y gobernantes más los de sus asesores y clientes? ¿Debemos sufragar los lóbis rosas y progreculturales, los separatismos, los filoterrorismos? ¿Estamos obligados a subvencionar una inmigración tramposa, que ha perdido su naturaleza solidaria y se ha transformado en negocio de unos cuantos o en instrumento para demoler nuestra identidad histórica? ¿Estamos abocados a costear las ideologías del resentimiento, las culturas de la muerte que destruyen centenares de vidas inocentes cada día?
No, por cierto. A lo que estamos obligados es a luchar por nuestra representación –la de la mayoría silenciada por unos medios de comunicación cómplices de intereses oscuros y traidores al pueblo-; obligados, digo, a luchar por nuestros poderes dentro del Estado, como parte inalienable de él, conscientes de que toda pugna en este sentido constituye una batalla por el poder político.

Obligados a hallar y enaltecer una doctrina nueva de hombres que sepan vivir y morir en la lucha por la libertad.

Siempre considerando que libertad otorgada no es libertad, que la libertad debe ser defendida y conservada por los propios ciudadanos, que sólo se es verdaderamente libre bajo los claros conceptos de persona y dignidad, y dentro de una Patria unida, que honre la vida de sus moradores, y con una fe común en su misión universal y permanente.

El estáblismen parasitario que nos asfixia económicamente y roba esa libertad nuestra –políticos, periodistas, jueces, intelectuales…- está formado por hombres sin conciencia cuyo puñal (poder) se acerca siempre al liberticidio y al oro como la aguja al Norte. En las últimas décadas estamos padeciendo sucesivos dirigentes que, o bien se niegan a velar por la grandeza de la Patria o se muestran absolutamente ineficaces para impedir su degradación o directamente la venden y perjuran. Lo mismo ocurre con gran parte de los miembros de la judicatura, que hacen lo que los políticos les ordenan por temor servil o actúan movidos por funestas ideologías. Nada que ver, pues, con la justicia.

De ahí que a unos y a otros haya que sacarlos de las instituciones y relegarlos a un ostracismo al que se han hecho merecedores con sus intereses, sectarismos y prevaricatos, es decir, con sus tortuosos propósitos. Y hay que sacarlos de ellas con urgencia y lucidez, porque para quien está decidido a ver hay luz bastante. Y que se queden en las tinieblas quienes careciendo de sentido del estado y de la historia eligen caminar en la oscuridad, arrastrándonos a ella.

Los españoles libres necesitan un cauce político. ¿Para cuándo una organización representativa que aglutine el malestar de esa sociedad libre? ¿Para cuándo la unión de tantas asociaciones cívicas que se han creado en los últimos años para defender la vida, la justicia, la libertad, la Patria? ¿Cuándo decidirán agruparse para fortalecerse y fructificar?