Ana Rosa Quintana.

El empresario sevillano Juan Muñoz, su hermano y el abogado de ambos han sido detenidos este martes en Madrid y Sevilla. Según informa ‘La Vanguardia’, Agentes de Asuntos Internos de la Policía se han personado en sus respectivos domicilios y los han arrestado acusados de contratar al comisario de Policía José Manuel Villarejo para realizar un chantaje.

Los agentes detectaron que los hermanos Muñoz habían contratado a Villarejo tiempo antes de su detención -en noviembre del pasado año- para hacer un seguimiento a una tercera persona y chantajearle si no recuperaban una deuda, según informan las mismas fuentes.

En la misma operación se han producido registros en Sotogrande, Marbella y Madrid, ordenados por el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que lleva la instrucción de la conocida Operación Tándem.

Juan Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana, ha sido arrestado en Madrid y su hermano en Andalucía, por orden de la Fiscalía Anticorrupción. Ambos declararán en las próximas horas ante la Policía.

Esta operación, autorizada por el juez, se produce el mismo día que éste comunica que archiva otras dos piezas más de la causa que investiga a Villarejo. A pesar de que el instructor ha ordenado varios registros vinculados a los hermanos Muñoz, en otras dos piezas acaba de archivar las pesquisas contra los clientes del comisario, que le contrataban para obtener información confidencial por altas cantidades de dinero.

Así, el juez del caso Tándem, Ignacio de Egea, ha archivado dos de las cinco piezas de la causa, las relativas a un encargo hecho por un bufete de abogados al excomisario José Villarejo, llamada Iron, y sobre otro informe que hizo para la familia promotora de la lujosa urbanización de La Finca, conocida como Land.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el juez ha tomado esta decisión en sendos autos fechados ayer y referidos a estas dos piezas, si bien se mantiene la investigación por estos hechos respecto de Villarejo y del abogado Rafael Redondo, en prisión ambos por esta causa.

En la pieza Iron se investiga en encargo del bufete Herrero y Asociados hecho a Villarejo para investigar a un despacho rival, mientras que Land -que está bajo secreto de sumario- versa sobre la participación de Villarejo en la guerra familiar de los Cereceda, promotores de La Finca.

El archivo de estas piezas en lo referente a los clientes de Villarejo, investigado por conseguir y vender información confidencial valiéndose de su condición policial, se produce después de que De Egea sobreseyera hace dos semanas la pieza en la que investigaba al excomisario del aeropuerto de Madrid-Barajas Carlos Salamanca por recibir dádivas a cambio de introducir ciudadanos guineanos de forma ilegal.

En el caso de la pieza Iron, el magistrado argumenta en un auto que no hay indicios de la participación de los directivos del despacho en los delitos de revelación y descubrimiento de secretos y cohecho que les atribuye la Fiscalía Anticorrupción.

El archivo afecta a Francisco Carpintero, Andrés Medina y Álvaro Martínez, como socios mayoritarios del despacho Herrero y Asociados, así como la también investigada María Ángeles Moreno, como directora del departamento de marcas externas del bufete.

Dice el juez que estas personas acudieron en 2012 a Villarejo porque se encontraban en una mala situación económica al marcharse del despacho varios trabajadores y fundar otro bufete, Balder IP, que supuestamente se llevó a clientes.

Los socios del bufete sospechaban que los abogados que se habían ido de la firma se habían apropiado de la información de la base de datos del despacho, especialmente la relativa a los clientes, por lo que les encargaron, “en su calidad de detectives privados”, un encargo formal de hacer un estudio sobre estas personas.

Según De Egea, Villarejo y su socio Redondo no les dijeron cómo se iba a ejecutar el proyecto ni cuáles iban a ser las técnicas de investigación.

Sobre el delito de revelación de secretos, De Egea explica que para que se cometa la interceptación de información debe realizarse mediante “la escucha, el seguimiento y el análisis del contenido de comunicaciones”, prácticas de las que asegura no existen “indicios racionales”.

A este respecto menciona expresamente que uno de los testigos en esta investigación es el informático del despacho Herrero y asociados que pasó después a Balder quien “lo que lo mismo era conocedor del sistema informático de los sistemas operados en ambos bufetes”.

Tampoco constan -señala el auto- “la existencia de elementos documentales, ni anotaciones telemáticas, ni extractos bancarios, que determinen la comisión” del citado delito.

Ese tipo de conducta delictiva, añade el juez, “se castiga solo” cuando es de carácter “intencional” para “descubrir los secretos” de la persona a la que viola la intimidad y se hace “de forma claramente maliciosa para conocer esos secretos con el objeto de “transmitir esos datos a terceros”.

Además, “para poder incoarse un proceso penal para perseguir estos delitos será necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal”, lo que, según indica De Egea, tampoco se ha producido en este caso.

En cuanto al delito de cohecho, el juez insiste en que los investigados desconocían la condición de policía de Villarejo, por lo que entiende que existe “una ausencia de uno de los elementos para la participación en la infracción penal, como es la conexión causal entre la entrega de la dádiva o regalo y el oficio público del funcionario”.

Respecto a la pieza Land, que está bajo secreto, trata sobre un encargo hecho a Villarejo por Francisco Lorenzo Peñalver y Susana García Cereceda, dueños de la urbanización La Finca, situada en Pozuelo de Alarcón (Madrid), y que fueron detenidos en mayo por este caso y quedaron en libertad tras prestar declaración.

Además de los dos archivos de hoy, en las últimas semanas el juez ha sobreseído las actuaciones contra Salamanca y también dejó en libertad, en contra del criterio de la Fiscalía, al comisario Enrique García Castaño, considerado mano derecha de Villarejo. Ambas decisiones han sido recurridas por Anticorrupción.

La detención de García Castaño se produjo el pasado 11 de julio, el mismo día en que se filtró una conversación entre Villarejo y la amiga de Juan Carlos I Corinna zu Sayn-Wittgenstein en la que ella desvela que el Rey emérito tenía cuentas en Suiza y que fue utilizada como testaferro para ocultar su patrimonio en el extranjero.

Tras esta publicación, el juez abrió una pieza, la número 5, llamada Carol, en base a un informe policial con estas grabaciones, y tomó declaración a Villarejo, quien argumentó que fue a hablar con Corinna por orden del Estado para solventar los problemas entre ella y el monarca.