Oficina del Banco Popular en Zaragoza (Heraldo)

La Junta Única de Resolución (JUR) ha decidido de forma preliminar no compensar a los accionistas y acreedores del Banco Popular afectados por la resolución de la entidad el año pasado porque un informe ha concluido que hubieran sufrido mayores pérdidas si se hubiese seguido un procedimiento nacional de insolvencia.

“La JUR decide de forma preliminar, sobre la base de las conclusiones del informe ‘Valoración 3’ que no tiene intención de pagar una compensación a antiguos accionistas y acreedores del Banco Popular afectados por la decisión de resolución”, explica la institución europea en un comunicado.

No obstante, la entidad presidida por la alemana Elke König antes de tomar una decisión formal debe completarse al procedimiento que ha abierto para que los afectados por la operación presenten sus comentarios y alegaciones.

La decisión de la JUR se fundamenta en la conclusiones del informe elaborado por Deloitte que debía determinar si los accionistas y acreedores del Popular hubieran recibido un mejor trato en el caso en que se hubiera liquidado la entidad siguiendo el procedimiento nacional de insolvencia en lugar del procedimiento a nivel europeo.

“Deloitte concluye que para los accionistas y acreedores afectados no habría cabido esperar ninguna recuperación en un procedimiento de insolvencia ordinario, incluso en el escenario considerado como más optimista y, como resultado, no hay diferencia de trato en comparación con la acción de resolución”, afirma la JUR.

La institución comunitaria resalta que, según el documento del Deloitte, la apertura de un procedimiento de insolvencia ordinario en junio de 2017 “habría resultado en una liquidación no planificada” que “hubiera destruido valor ‘per se'”. Entre los motivos que cita están un cese “abrupto” de la actividad de negocio, la pérdida de clientela, un proceso “ineficiente” de realización de activos y reclamaciones y costes adicionales “a menudo significativos”.

Pérdidas de hasta 34.000 millones

El informe de Deloitte considera tres escenarios de tiempo alternativos (18 meses, 3 años y 7 años) de cara a la liquidación mediante un procedimiento de insolvencia ordinario y para cada uno de ellos presenta el mejor y el peor resultado posible.

El documento concluye que en los seis casos las pérdidas para los acreedores del Popular hubieran sido “mucho mayores” que las asumidas en el procedimiento de resolución, que cifra en 11.400 millones: 9.400 de los accionistas y 2.000 millones de titulares de deuda subordinada. Añade además que los clientes, incluidos los depositantes, también habrían sufrido pérdidas.

Así, en el escenario de 18 meses, considerado “altamente improbable” por Deloitte, los acreedores de renta variable y subordinados habrían sufrido pérdidas equivalentes al 100% del valor de sus derechos, mientras que los acreedores no asegurados también habrían sufrido pérdidas de entre 8.000 millones de euros y 14.000 millones. En este escenario, las pérdidas en el mejor de los casos habrían ascendido a 28.200 millones y a 34.100 millones en el peor.

Por otro lado, el escenario de tres años -considerado por Deloitte como el periodo mínimo para liquidar activos de manera eficiente- hubiera dado como resultado unas pérdidas para los acreedores ordinarios de entre 5.800 y 11.500 millones. Las pérdidas totales, por tanto, habrían ascendido a entre 26.000 y 31.000 millones en el mejor y el peor de los casos, respectivamente.

Finalmente, Deloitte ha calculado que un escenario de siete años resultaría en unas pérdidas para los acreedores ordinarios de entre 3.300 millones y 8.500 millones, por lo que las pérdidas totales serían de entre 23.400 y 28.700 millones.

Así mismo, el informe remarca que en un escenario de insolvencia el Fondo de Garantía de Depósitos habría sufrido unas pérdidas de entre 1.800 y 2.200 millones de euros. Y además excluye cualquier “efecto negativo en el sector financiero español o en la economía que podrían haber resultado de una liquidación no planificada de Banco Popular”.

Abre la fase de registro de los afectados

La JUR también ha abierto este lunes la primera fase del procedimiento para que antiguos accionistas y acreedores afectados por la resolución del Popular soliciten “ser escuchados”. Esta fase se extenderá hasta el 14 de septiembre a las 12.00 y en este tiempo los afectados por la resolución podrán registrarse con el objetivo de demostrar su elegibilidad.

En una segunda fase, aquellos accionistas y acreedores que hayan probado que sufrieron pérdidas en la resolución tendrán el derecho a expresar por escrito sus comentarios con respecto a la decisión adoptada este lunes de no compensarles por las conclusiones del informe de Deloitte.

La institución presidida por König ha garantizado que “todos los comentarios que se aporten en esta segunda fase serán debidamente analizados y tenidos en cuenta para preparar la decisión final de la JUR sobre si se concederá o no una compensación”.