Catedral de Santiago de Compostela

El Ministerio de Justicia trabaja en la elaboración de un listado con los bienes inmatriculados de la Iglesia Católica, como respuesta a una proposición no de ley aprobada por el Congreso de los diputados en abril de 2017 en la que se instaba al Gobierno a llevar a cabo una relación de dichos bienes en el plazo de seis meses. Así lo explicó ayer el Ejecutivo mediante carta al diputado socialista Antonio Hurtado, quien en su día defendió la iniciativa. Sin embargo, fuentes de Justicia aseguran que este hecho no implica su publicación, aunque «sí existe la voluntad», pues para ello es necesario que se adapte a la normativa vigente, es decir, a la Ley Hipotecaria y a la de Protección de Datos, y es lo que se va a revisar una vez se haya completado la relación.

Los obispos españoles no quisieron valorar ayer el anuncio, pero sí expresaron su deseo de que si finalmente se lleva a cabo la publicación «se haga conforme a la legislación vigente y opere el principio de no discriminación», tal como señaló ayer Fernando Giménez Barriocanal, responsable de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española.

«Recuperar los bienes»

Fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que comenzó a elaborar el listado -aunque en ningún momento manifestó su intención de publicarla-, a raíz de la proposición no de ley presentada por el grupo socialista. Durante la defensa de la iniciativa, Hurtado habló de «recuperar los aproximadamente 4.000 bienes inmatriculados» a favor de la Iglesia.

El parlamentario defendió en ese momento que se trataba del primer paso «hacia la aconfesionalidad del Estado» y reclamó que la Iglesia «se someta al principio de transparencia y de control por parte del Tribunal de Cuentas».
Además, aseguró que el listado serviría para saber cuántas propiedades ha registrado la Iglesia Católica gracias a la Ley Hipotecaria, aprobada en 1998 por el entonces Gobierno de José María Aznar, que le otorgaba la potestad para acreditar la propiedad de templos o lugares de culto. En 2015, con la reforma de esta Ley, se eliminó esa posibilidad, al considerar que tenía «su razón en el pasado» y en la actualidad era «innecesaria».

En noviembre de 2017, el anterior Ejecutivo comunicó al diputado socialista que había encargado al Colegio de Registradores de la Propiedad la relación de todos los bienes inmatriculados de la Iglesia, pero no fue hasta ayer cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunció su intención de publicarlo.

«El punto de partida es saber cuántos bienes se inmatricularon con esta Ley y los efectos que ha tenido», asegura Hurtado. El objetivo es, explica, que una vez se conozcan cuáles son estos bienes puedahaber instituciones o particulares que, si consideran que son suyos, puedan reclamarlos. Sería un juez quien debería dictamine a quién pertenecen. Pero expone otra alternativa: «Que sea la propia Iglesia la que, en determinados casos, reconozca que no se tendría que haber inmatriculado y rectifique».

No implica la adquisición

La Conferencia Episcopal recalca que no sabe con exactitud cuántos son los bienes que están inmatriculados. «En España existen cerca de 40.000 entidades que son reconocidas como Iglesia Católica a nivel civil y que tienen la autonomía que le reconocen las normas civiles y canónicas, en todo, también en su capacidad de inmatriculacion de inmuebles», explicó Giménez Barriocanal. Pero este proceso de inmatriculación no implica la adquisición de la propiedad de los bienes, sino simplemente su registro.

Giménez Barriocanal aseguró que hay alrededor de 23.000 parroquias y varios miles de ermitas y otros lugares de culto que no pudieron ser inscritos en el registro hasta finales de los años 90. «En muchos casos se trata de centros de culto edificados hace muchos siglos», asegura. Sin embargo, si se diera algún caso en el que hubiera algún error en el proceso de estas inmatriculaciones «la legislacion prevé mecanismos para corregirlos», recuerda.

Pese a no entrar a valorar el planteamiento del Gobierno, los obispos sí quisieron recordar «la riqueza cultural, educativa, religiosa y económica» que suponen los más de 3.000 bienes inmuebles que la Iglesia administra en España. «Además del impacto económico relevante que tienen para el país», apostilló la Conferencia Episcopal.