Los grupos parlamentarios, la Fundación Nacional Francisco Franco y la familia del exjefe del Estado están pendientes del mecanismo legal que este viernes decida el Consejo de Ministros para blindar su decisión para la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos.

Esta tarde la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha presidido en la Moncloa la reunión de la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios de Estado, que ordena los asuntos que se debatirán y se aprobarán este viernes en el Consejo de Ministros.

Calvo ha sido la encargada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de coordinar los informes y trabajos para poder llevar a cabo el desenterramiento, por lo que, posiblemente, explique, al final del Consejo, la decisión tomada.

Previsiblemente, la fórmula será el decreto ley, lo que es rechazado por el PP y Ciudadanos, que dudan de la urgencia de tener que hacerlo de esta forma, y lo es también por la familia y por la Fundación, que mantienen que debe permanecer en la tumba actual.

El presidente de la Fundación, Juan Chicharro, ha dicho que están a la espera del contenido del decreto, aunque ha considerado que “sería una medida inconstitucional y un fraude de ley”.

Ha reconocido que, ante un decreto ley, la Fundación “queda ilegitimada para cualquier acción” y ha confiado en que el PP y Ciudadanos “estén a la altura democrática y respondan”.

“Otra cosa será -ha reflexionado- cuando, como consecuencia de un acto derivado del decreto ley, haya conflicto entre el derecho canónico y el civil”, ya que la Fundación entiende que prevalece el derecho canónico para la Basílica del Valle de los Caídos.

El decreto ley deberá ser convalidado por el Congreso, donde el Gobierno espera poder sacarlo adelante sin problemas, ya que el 11 de mayo de 2017 se ratificó una resolución que instaba al Ejecutivo a exhumar los restos de Franco, con 198 votos a favor y sin que se registrara ningún voto en contra.

Aquella proposición no de ley, presentada por el PSOE, contó con el apoyo de Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP y ERC.

El ministro de Cultura y Deportes, José Guirao, ha considerado que tanto el PP como Ciudadanos utilizan el decreto ley como “excusa” para oponerse a la exhumación. Guirao se ha mostrado sorprendido por “la diferencia entre la votación del año pasado, cuando el PP se abstuvo, pero nadie votó en contra, y la reacción de ahora”.

Pablo Casado, presidente del PP, ha criticado la “irresponsabilidad” del Gobierno por “reabrir heridas superadas” en la Transición con este asunto solo para “ocultar su incapacidad para gobernar”.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez (PP), ha pedido “que, por favor, le saquen ya”, para que el Ejecutivo se centre “en los problemas de los ciudadanos”.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha reprochado a Sánchez que no haya buscado el consenso para desenterrar los restos ni intentar pactar con su formación la fórmula legal, por lo que será “muy difícil” que apoyen la convalidación del decreto, aunque esperarán a conocer el texto definitivo.

Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, ha lamentado que PP y Ciudadanos pongan “excusas absurdas” a la exhumación y ha señalado que se trata de una estrategia para atraer “el voto de gente afín a la dictadura”.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha afirmado que al PP “no le molestan los reales decretos, sino que le molesta sacar al dictador” del Valle de los Caídos y “no lo quieren decir abiertamente”.

Para el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, es “insostenible” en un régimen democrático que siga el “trato distinguido, diferencial y la exaltación” en el Valle de los Caídos a un “dictador sanguinario y liberticida”.

La alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Blanca Juárez, no aprecia ninguna consecuencia en la economía de la localidad ante la exhumación, aunque ha reconocido que en los últimos meses ha habido un “aumento considerable” de visitantes a este monumento del municipio.

La regidora ha explicado que el Ayuntamiento no tiene ningún papel en el asunto y que, “como institución”, no “tiene ninguna postura” sobre la decisión del Gobierno.