Imagen de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos.

El comité de expertos nombrado por Zapatero para resignificar el Valle de los Caídos advirtió en su informe, de 2011, de las «dificultades» de desenterrar los restos de José Antonio Primo de Rivera y del general Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos.

En concreto, precisó que «cualquier actuación del Gobierno en el interior de la basílica exige una actitud de colaboración por parte de la Iglesia, que es a quien se ha confiado la custodia de sus restos y que es quien, dada la calificación legal de la basílica como lugar de culto, ha de dar la preceptiva autorización».

Aquel informe, invocado ahora por el Gobierno de Sánchez, recalca que la presencia de Franco es incompatible con la intención de convertir el Valle en lugar de homenaje a las víctimas de la guerra civil, y que estos deben ser trasladados. Pero se insiste: «A tal efecto el Gobierno deberá buscar los más amplios acuerdos parlamentarios y habrá de negociar con la Iglesia la oportuna autorización».

Tres de los expertos emitieron su voto particular rechazando la recomendación de exhumar y trasladar los restos de «un Jefe de Estado por incompatibilidad con su régimen político», que «resultaría impropia en nuestro contexto europeo y occidental presente, donde no se ha dado nada semejante».

Añadieron que ello «exige» una renegociación del acuerdo con la Santa Sede, que garantiza la «inviolabilidad» del lugar santo por parte del Estado. El Gobierno aseveró ayer que no existe ninguna colisión y que España tiene «instrumentos» para hacer cumplir la ley aun cuando el citado acuerdo internacional excluye competencia al Estado.