Los Mossos d’Esquadra presentaron el pasado día 22 unas diligencias en la Fiscalía de la Audiencia Nacional en las que se denuncia la comisión de un posible delito de odio por parte de las personas que colocaron una pancarta contra el Rey la víspera de los actos del 17-A, al cumplirse un año de los atentados de Barcelona. Según fuentes jurídicas, en el atestado elaborado por la Policía autonómica se identifica a cuatro personas, que estaban en el interior del piso (una quinta planta) de la Plaza de Cataluña desde donde se colocó la pancarta, así como al dueño del inmueble, dado que han comprobado que contaban con su permiso para instalarla en su balcón. Los cinco están vinculados al movimiento independentista.

La enorme sábana de 18 por 2,5 metros con el lema «El Rey español no es bienvenido en los Países Catalanes», escrito en inglés y con la foto de Don Felipe boca abajo fue colocada la víspera de la celebración de los actos de homenaje a las víctimas en la Plaza de Cataluña y, al día siguiente, se convirtió en una de las protagonistas de la jornada, tal y como pretendían quienes la colgaron.

El jefe operativo de los Mossos esa madrugada dio la orden de retirarla, pero al enterarse de que los agentes la estaban descolgando recibió una contraorden del consejero de Interior, Miquel Buch, para que la dejaran en el mismo sitio; es decir, la acción policial fue desautorizada por una orden política.

Los Mossos consideran que la colocación de la pancarta fue una «maniobra para boicotear la manifestación» que fue orquestada por el movimiento independentista y que dicha maniobra contó con el respaldo de responsables políticos de esos colectivos (los CDR y ANC), así como con el apoyo de letrados vinculados a los mismos, según las fuentes consultadas. «Esa actuación trasciende la libertad de expresión y de ideas, el objetivo era muy claro», señalan.

Una maniobra de boicot

La que sigue es la secuencia de hechos, que no había trascendido hasta ahora y que evidencia el distanciamiento existente entre la Policía autonómica y sus responsables políticos que tratan de instrumentalizar cada actuación. Los Mossos, al ver que se había instalado la sábana, decidieron actuar ante la posibilidad de que ese lema, además de las personas que se habían congregado en la puerta del edificio, pudieran ocasionar un problema de orden público. Constataron que no se había pedido ningún permiso previo para instalar la pancarta, colocada desde dentro. Esa colocación fue supervisada desde abajo por la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, quien declaró a los periodistas que era un acto de libertad de expresión, acompañada por varios regidores independentistas.

Los agentes, ya de madrugada, accedieron al quinto piso y pidieron que les abrieran. En lugar de eso, les arrojaron un DNI por debajo de la puerta, el de una mujer que responde a las iniciales E.F.C., vinculada al independentismo radical y que aparece en el atestado enviado a la Audiencia Nacional. Dentro del piso había cuatro personas que aseguraron tener permiso del dueño, aunque contestaron con evasivas al inquirir los datos del propietario.

Mientras los policías comprobaban esa titularidad, el jefe operativo esa noche envió a la Unidad de Montaña para que, haciendo rapel por la fachada, comprobaran si estaba bien anclada la banderola o representaba algún peligro.

La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, también acudió al lugar junto a personal de seguridad de Casa Real. Cunillera pidió su retirada y el jefe policial dio la orden de descolgarla. Cuando los Mossos lo hacían, como se ha explicado, este mando recibió la contraorden directa del consejero de Interior, Miquel Buch, de mantener el lema contra el Rey en su lugar. Alegó que no suponía ningún peligro, que era un ejercicio de libertad de expresión y que la decisión competía al ayuntamiento de Ada Colau. El argumento de la libertad de expresión también lo utilizaron en las redes sociales numerosos independentistas exigiendo responsabilidades a Quim Torra y a Buch para mantenerla.

El jefe operativo de los Mossos decidió no jugársela, pese a todo, y estableció un perímetro de seguridad en el suelo con vallado y custodiado por agentes. «Lograron focalizar todo el interés en la dichosa pancarta, vigilada y convertida en el centro de un acto de homenaje a las víctimas. Una vergüenza», admiten fuentes policiales. «Esa orden del responsable político provoca un daño enorme en el Cuerpo, es una burda manipulación», indican.

El mismo día 17 se instruyó el atestado, se identificó a los que estaban dentro del piso y al dueño. Los Mossos sostienen que contaban con una cesión del uso del inmueble, una figura que a su juicio se sacaron de la manga días antes para proteger al propietario y exonerarlo de responsabilidad. «El único fin era tener vía libre para subir la pancarta».

Dado que bajo la enorme sábana había independentistas y constitucionalistas (algunos monárquicos intentaron entrar en el edificio para retirarla por su cuenta) se podría haber organizado una trifulca; los individuos que estaban dentro se atrincheraron y no abrieron a los policías y no colaboraron cuando se les requirió información. Estos argumentos, junto con el lema exhibido, podrían constituir un delito de odio, a juicio de la Policía autonómica. Ahora será la Audiencia Nacional la que decida si el atestado policial y las diligencias presentadas tienen base suficiente para abrir un procedimiento.