La conversión del conflicto incivil catalán en civil, o, lo que es lo mismo, la civilización del conflicto, depende de varios factores: en último término, del éxito de un proceso de distensión o pacificación que minimice el uso de la violencia en ciernes, el uso de la violencia física para dirimir el conflicto, y del de un proceso de institucionalización y, a largo plazo, de interiorización de un acuerdo normativo sobre los principios y los valores de la convivencia, en lo cual tienen un papel muy importante quienes asumen la posición de autoridades públicas o sociales.

El equilibrio en las relaciones de fuerza entre las partes en lid suele ser favorable a la distensión. Una distensión que no existe ni parece que vaya a existir a corto plazo en Cataluña dado que los independentistas se sienten en una posición de fuerza superior al Gobierno central, y este equilibrio de fuerzas es un requisito previo para la civilización del conflicto. Sin embargo, por sí mismo, ese equilibrio sólo da lugar a situaciones de tregua. Para que la tregua se estabilice y la situación permita entre las partes una convivencia civilizada, tienen que intervenir otros factores institucionales y culturales, cuyo análisis, a su vez, nos lleva a la consideración de dos tipos de actores. De un lado, los actores estratégicos, tales como las autoridades públicas y las autoridades sociales como los clérigos, los empresarios y los sindicatos, los políticos de izquierda y de derecha, los jueces, los periodistas. De otro lado, el conjunto de las gentes ordinarias, en sus múltiples roles de ciudadanos, agentes económicos productivos, consumidores, fieles de unas religiones, miembros de unas familias, etc.

Para empezar, el equilibrio en la relación de fuerzas puede agotar a los contendientes y hacerles pensar que los costes del conflicto incivil superan sus beneficios, y que una alternativa a la lucha sin cuartel es la de vivir y dejar vivir. Pero para eso el Gobierno central debe dejar claro que se encuentra en una situación de fuerza igual a la que se le opone, cosa que no ocurre. Estas situaciones de relativo empate o “tablas” crean las condiciones para la intervención de la autoridad pública o de autoridades sociales intermediarias entre las partes, lo que abre la senda para una convivencia civil que ya se está perdiendo en esta Comunidad.

En principio, las autoridades públicas de una sociedad civil tienen la función de establecer, o restablecer, el equilibrio que permite una convivencia en libertad. Son los “guardianes de la comunidad” en tanto garantes de las leyes propias de un orden de libertad, que ellas tienen que respetar tanto como hacer respetar. Por esto tienen que comprometerse en la actividad recurrente de hacer justicia, rectificando el desorden creado por la infracción de las leyes; y, al tiempo, en la de evocar una y otra vez los sentimientos comunitarios de reconciliación y de amor a la patria, evitando así el desarrollo de los sentimientos destructivos de la convivencia. Esta concepción del oficio de las autoridades y los magistrados públicos es el legado tanto de la experiencia de la ciudad clásica como de las prácticas de los estadistas europeos del siglo XVI.

Los conflictos son susceptibles de ser moderados o exacerbados más allá de todo límite por las autoridades sociales más diversas. Abundan los ejemplos de representantes de las Iglesias intolerantes y de partidos políticos extremistas. Existen también ejemplos contrarios, la evolución de Occidente en los últimos siglos sugiere una tendencia clara hacia la civilización de la mayor parte de los actores. Pero esto último no se da en Cataluña.

Hay, además, en la sociedad, otras autoridades sociales intermedias que suelen servir de referencia en este tipo de conflictos. Regulan los debates y recuerdan la importancia de ciertos procedimientos y valores cuya aplicación reduce la intensidad de la contienda. Pueden llegar a desempeñar así un papel de moderadores en el conflicto, y ser reconocidos como relativamente imparciales a la hora de dirimirlo. Tales son las autoridades de jueces, periodistas o académicos, cuya profesión misma les obliga a recordar y recordarse la importancia de la veracidad a la hora de ponderar los argumentos de unos y otros, la conveniencia de que éstos se basen en hechos comprobables y en la lógica, y se ajusten, en su presentación, a procedimientos previamente aceptados como son los que señala la Constitución.

Pero, en último término, la civilización del conflicto depende de la conjunción de la actuación de los agentes estratégicos, autoridades públicas y sociales, con la de amplias masas de población. Aunque el papel educador de las autoridades suele ser importante, probablemente lo es en menor medida que el de los ciudadanos de a pie, cuya conducta práctica, masiva y a largo plazo, será determinante para civilizar la manera de pensar y de obrar de sus propias elites. En todo caso, tanto la conducta efectiva como la mentalidad de unos y otros están afectadas por la influencia de las instituciones dentro de las cuales tienden a operar, que, a su vez, pueden ser vistas como la cristalización de conductas pasadas.

*Teniente coronel de Infantería y doctor por la Universidad de Salamanca.