Suenan las alarmas en la Moncloa. Y convocatoria a la carrera de una comisión interministerial para intentar apagar el incendio. A punto de cumplir sus primeros cien días de mandato, Pedro Sánchez se enfrenta ya a duros baños de realidad. A la misma real politik que, hace una década, debía asumir su antecesor socialista en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero, para orillar en ocasiones el idealismo y las convicciones de izquierdas expresadas en mítines o programas electorales frente a las demandas de la alta política internacional o el futuro de contratos comerciales vitales e inversiones de miles de millones.

A Zapatero le ocurrió por ejemplo con George W. Bush, con el que tardó años en enmendar su desplante a la bandera norteamericana en el 2003; cuando tuvo que hacer equilibrios en el eterno conflicto entre Israel y Palestina, también para neutralizar su polémica imagen con un pañuelo palestino en el 2006; o cuando en el 2011 antepuso a la exigencia de libertad y derechos humanos la negociación para que la todopoderosa China comprara deuda española e invirtiera miles de millones para sanear un sistema financiero que amenazaba ruina.

Pedro Sánchez se topa ahora con Arabia Saudí, el imperio de los petrodólares. Y, como ayer se apresuró a asegurar la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, el objetivo inmediato es intentar apagar este fuego y seguir manteniendo “buenas relaciones” con el reino saudí. Aún a costa de tener que rectificar y cambiar el paso. El motivo de esta nueva urgencia en la Moncloa es la amenaza –real o supuesta– de que Arabia Saudí reconsidere y anule el encargo a Navantia de construir cinco corbetas, que afectaría dramáticamente a los astilleros de la bahía de Cádiz. Un contrato por importe de 1.800 millones de euros y que prevé 6.000 puestos de trabajo directos e indirectos anuales, durante cinco años. Y la causa de que este contrato se pueda volatilizar es el anuncio de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de anular la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de precisión láser, por valor de 9,2 millones, ante la sospecha de que se podrían utilizar con efectos devastadores en el conflicto de Yemen.

El contrato lo negoció en el 2015 su antecesor en Defensa, Pedro Morenés, y la contraorden de Robles fue muy aplaudida por el PSOE. La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, se comprometió además ante la oenegé de la campaña Armas Bajo Control a poner en marcha nuevos mecanismos para garantizar que el material de defensa exportado por España no sea utilizado contra la población civil. Pero, ante el riesgo de que ahora Arabia Saudí anule el contrato con Navantia, hay quien critica que Robles no calibró las consecuencias de su decisión. Aunque los sectores más a la izquierda del PSOE están en ebullición por si se rectifica.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, no confirmó ayer que Arabia Saudí haya trasladado su enfado a España y que, efectivamente, amenace con anular el contrato. Pero Celaá sí admitió que hay mar de fondo, aunque trató al tiempo de rebajar su gravedad. “Yo no creo que exista una crisis diplomática. Puede haber alguna discrepancia, que yo creo que se resolverá”, afirmó. Aseguró además que “nos mantendremos firmes en las relaciones de colaboración con Arabia Saudí”. Y, al mismo tiempo, quiso lanzar “un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de Navantia y a la Junta de Andalucía”. “Los 6.000 trabajadores de la bahía de Cádiz pueden estar seguros de que este Gobierno está con ellos”, aseguró.

Fuentes de la Moncloa, en este sentido, lanzaron dos mensajes. Por un lado, que “la información alarmante que corre por la bahía de Cádiz no se corresponde con la realidad”. Y es que ayer mismo más de un millar de empleados del astillero de Navantia en San Fernando cortaron el tráfico de la autovía A-4 en protesta por la posible cancelación del contrato. Además, desde la Moncloa rebajaron el anuncio de la ministra Robles de paralizar la venta de las bombas a una simple “declaración de intenciones”, dejando la puerta abierta a una rectificación. La decisión final, aseguró Celaá, se tomará en base a las conclusiones de la citada comisión interministerial, que engloba a representantes de los ministerios de Defensa, Exteriores, Industria o Interior.

La polémica también le estalló en las manos a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en un momento además muy delicado mientras baraja cuándo convocar las próximas elecciones autonómicas. Así que Díaz salió ayer rápido a la palestra para exigir a Sánchez que “cuanto antes, tiene que encontrar una solución”. La presidenta andaluza aseguró compartir la preocupación de los trabajadores de Navantia por el futuro del contrato más importante de los últimos 20 años en la zona. “Desde el momento que se tuvo conocimiento por parte del Gobierno de España de que ese contrato se podía rescindir, nos pusimos en contacto, a todos los niveles, para trasladarle dos cosas: la preocupación y la oposición del Gobierno de Andalucía”, resaltó. La presidenta andaluza reiteró que le ha exigido ya al Gobierno “que tiene que garantizar el empleo, el contrato y ese horizonte de esperanza que la bahía merece”.

Fuentes de la Junta andaluza aseguran a La Vanguardia que lo que no quieren, bajo ningún concepto, es que la posible amenaza de Arabia Saudí se convierta en una realidad, y que se haga “todo lo posible” por mantener el contrato de Navantia: “¡Son 6.000 empleos!”, advierten.

En apenas cien días de mandato, Pedro Sánchez ya empieza a escuchar serias exigencias por parte de algunas comunidades autónomas gobernadas por el PSOE. Unas comunidades cuyos presidentes se enfrentan de manera más o menos inmediata a la reválida electoral y que, en principio, podrían beneficiarse en las urnas del tirón que para el PSOE supuso la llegada de Sánchez al palacio de la Moncloa. Así, la demanda de la andaluza Díaz porque se garantice el contrato de Navantia se suma a su exigencia de que el Gobierno distribuya también en otras comunidades a los miles de migrantes menores de edad que tiene en tutela, y que además negocie con Marruecos las posibles repatriaciones.

A las advertencias de Susana Díaz a Pedro Sánchez, se añaden las del valenciano Ximo Puig, que denuncia la infrafinanciación de su comunidad. Y también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, embiste contra el último trasvase del Tajo decidido por el gabinete de Sánchez. “¡Es absolutamente inaceptable, es una pésima decisión del Gobierno!”, clama García-Page. Y lanza una pulla al flamante gabinete de Sánchez: “Si se es ecologista para subir el diésel, también se debe ser para reconocer el continuo atropello al Tajo”. “¡Esto debe cambiar!”, advierte.