El magistrado Pablo Llarena

Los ojos vendados de la Justicia apuntan, de nuevo, a Cataluña. Pero este curso llega la hora de la verdad: el juicio a los líderes secesionistas que trataron de independizar Cataluña por las bravas, fuera de la ley, a través de una insurrección que fracturó la sociedad catalana y la enfrentó contra el Estado.

La vista oral contra los protagonistas del proceso independentista ilegal se prevé para finales de año, en torno a los meses de noviembre o diciembre, sin descartar su retraso hasta el comienzo del año nuevo por los trámites de la fase intermedia, que sirve para preparar la llegada de la vista oral. Los recursos de las defensas, que niegan cualquier delito en sus actuaciones, podrían entorpecer el ritmo del caso.

El juicio en el Tribunal Supremo marcará la agenda política del nuevo curso, y supondrá un hito en la democracia española, que nunca ha enjuiciado a los líderes secesionistas por su plan ilegal contra la integridad territorial de España. La atención se condensará en los muros del Alto Tribunal, en una vista que puede extenderse durante varios meses de discusiones.

Con este horizonte, el Rey presidirá hoy la ceremonia de apertura del año judicial en el Salón de Plenos del Supremo. El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, marcará el tono con su discurso inaugural, que precederá a las palabras de María José Segarra, la nueva fiscal general del Estado. Toda la cúpula judicial escuchará.

Brotes de violencia

El juez instructor del caso, Pablo Llarena, aprecia sólidos indicios de que los procesados cometieron delitos de rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos. El más grave de todos, la rebelión, castiga a aquellos que declaran la independencia de una parte de España a través de un alzamiento violento. Esa cuestión -la existencia de violencia en el «procés»- encierra la esencia de la causa penal y condicionará la gravedad de las condenas. La pena del delito de rebelión, si se comete sin armas, puede alcanzar incluso los 25 años de cárcel.

Uno de los protagonistas del juicio será un ausente, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, la cabeza del plan ilegal. El líder independentista y otros seis encausados (Clara Ponsatí, Lluis Puig, Toni Comin, Meritxell Serret, Anna Gabriel, Marta Rovira) se encuentran huidos y el magistrado les procesó en rebeldía. Ellos rendirán cuentas más adelante, en otra vista oral, cuando culminen los procesos para traerles a España desde los países europeos a los que se fugaron.

Siete magistrados

En el juicio que se celebrará a partir de este otoño se sentarán en el banquillo 18 dirigentes secesionistas, encabezados por el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, entre antiguos gobernantes catalanes, legisladores autonómicos y agitadores del independentismo en las calles, como Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Seis de ellos se encuentran en la cárcel de forma preventiva, para evitar que se fuguen o que reincidan en los delitos.

El desenlace del caso lo escribirá un tribunal formado por siete magistrados de la Sala de lo Penal, la cumbre del sistema judicial español. Se trata de Manuel Marchena -presidente de la Sala-, Antonio del Moral, Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Ana Ferrer, y Andrés Palomo. Cinco de ellos fueron recusados, pero el Supremo avaló su imparcilidad para enjuiciar lo sucedido.

Se mantendrá la rebelión

Antes del juicio llegará la prueba del algodón para la recién nombrada fiscal general, designada tras la irrupción de Pedro Sánchez en La Moncloa. En las próximas semanas se abrirá la fase en la que el Ministerio Público presentará su escrito de acusación, en el que enunciará su petición de condenas y expresará su calificación de las actuaciones de los líderes secesionistas. Hasta ahora, los cuatro fiscales del caso han mantenido siempre que los principales acusados cometieron el delito de rebelión, sin albergar ninguna duda. Fuentes jurídicas ven improbable un giro del guión: lo previsible es que la Fiscalía mantenga esta tesis y acuse por este crimen, un atentado contra la Constitución, el mismo delito que se aplicó a los guardias civiles y militares que cometieron el golpe de Estado de 1981.

Otra causa contra el «procés» avanza en la Audiencia Nacional. El proceso contra Josep Lluís Trapero, el mayor de los Mossos d’Esquadra, por facilitar el referéndum ilegal del 1 de octubre con la inacción del cuerpo encara la recta final. En los próximos meses se conocerá la fecha del juicio, en el que también serán acusados los antiguos responsables políticos de los Mossos Pere Soler y Cèsar Puig, además de la intendente Teresa Laplana. También responderán por el asedio a la Guardia Civil del 20 de septiembre de 2017, cuando una masa de manifestantes impidió la salida de la Consejería de Economía de la Generalitat de los agentes que registraban el inmueble por orden de un juez.

Aunque el «procés» acapara la atención, otras causas seguirán en marcha, resolviendo algunos de los casos de corrupción más graves de este país. A finales de año, la vista por el fraude de los ERE de Andalucía bajará el telón en la Audiencia Provincial de Sevilla. El tribunal prevé que la sentencia tarde «como mínimo» seis meses desde entonces. Dos expresidentes de la Junta y del PSOE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, podrían ser condenados por un sistema de ayudas sin control a prejubilados y empresas en crisis durante una década oscura.

Caso del máster

Este otoño también se resolverá el horizonte judicial de Pablo Casado, el líder del PP al que una juez de Madrid acusa de obtener un máster de Derecho en el curso 2008-2009 como un «regalo» por su relevancia política. El Supremo tiene sobre su mesa la petición de la magistrada Carmen Roríguez-Medel, que solicita su imputación por indicios de prevaricación administrativa y cohecho impropio. Según la juez, el político popular obtuvo la titulación sin cumplir ningún mérito académico. La causa deriva de una pieza del caso en el que está siendo investigada Cristina Cifuentes.
Casado niega el trato de favor.

El tiempo apremia para Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno con el PP en la era de las vacas gordas. El Supremo resolverá los recursos contra la sentencia de la Audiencia Nacional por las tarjetas «black» de Caja Madrid y Bankia, en la que fue condenado a cuatro años y medio de prisión. Si se confirma la pena, el antiguo mandatario, que también será juzgado a partir del 26 de noviembre por la salida a Bolsa de Bankia, sería encarcelado.

En paralelo, las investigaciones contra la corrupción -el caso Villarejo, Púnica, Lezo, los Pujol y otras- continuarán levantando las alfombras del pasado, en busca de pruebas sobre las sospechas que un día serán juzgadas.