Costel Cristian Piuchiu

La Audiencia de Zaragoza ha condenado a dos años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida a Costel Cristian Piuchiu, el empleado de la bolera de Plaza que acusó a sus jefes de despedirlo por ser homosexual. En su sentencia, el tribunal echa por tierra los argumentos esgrimidos por el trabajador y recuerda que la empresa conocía su condición sexual. Entre otras cosas, porque se había casado con un compañero y ello no había supuesto ningún problema.

“Para nosotros su orientación sexual es intrascendente. Tenemos negocios en España que casualmente están regentados por gays desde hace años y no supone ningún problema”, declaró Nicolás Q., el administrador de las mercantiles Ozone Games y Ozone Bowling S. L. durante la vista. Los magistrados de la Sección Sexta han dado credibilidad a sus palabras y concluyen que la única razón del despido fue la pérdida de confianza, ya que no tienen ninguna duda de que el encausado sisó 140.000 euros de la caja.

Durante el juicio celebrado el pasado julio, el acusado negó haber metido la mano en la caja de la bolera y del salón recreativo. Además de acusar a sus jefes de homófobos, el joven se defendió alegando que estos se llevaban habitualmente dinero en efectivo y en negro y que por eso no cuadraban las cuentas. El tribunal ha abordado también esta cuestión y se apoya en una serie de correos internos para descartar que existiera una segunda contabilidad.

“El texto de los correos puede acreditar que en alguna ocasión ciertas cantidades no se ingresaron en la entidad bancaria por el acusado y fueron entregadas en mano a responsables de la empresa”, reconoce la sentencia. Pero recuerda a continuación que de esos mismos mensajes se desprende que los contables de la compañía seguían el rastro de estas entregas para poder anotarlas.

Para justificar el descuadre de las cuentas, el encausado llegó a decir que había sufrido un robo cuando iba a ingresar el dinero, pero el tribunal tampoco ha encontrado pruebas de que dicho hurto se produjo, ya que ni siquiera presentó denuncia.

La Fiscalía y la acusación particular, a cargo de Javier Osés, mantenían que Costel Cristian se quedó con la recaudación de diez semanas entre abril y septiembre de 2017. Y así lo ha entendido también la Audiencia, que da por buenos los cálculos efectuados por los peritos respecto a las pérdidas sufridas por los denunciantes.

Además de la pena de dos años de cárcel, el tribunal ha impuesto al empleado una multa de 4.860 euros. La sentencia no es firme y cabe recurso.