Aunque Google y Facebook principalmente copan las investigaciones más importantes acerca de su tratamiento con los datos de sus usuarios, Twitter también empieza a estar en el punto de mira de Europa.

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) ha iniciado una investigación a la conocida red de micromensajes para intentar esclarecer cómo rastrea los movimientos de sus usuarios.

La investigación, iniciada a raíz de la negativa de la multinacional estadounidense a facilitar estos datos, viene después de la presentación de una demanda por parte de Michael Veale, investigador de privacidad en la universidad de Londres. Este experto, según informa el medio «Fortune», sospecha que Twitter obtiene «más información» cuando la gente hace clic en los enlaces acortados que vienen del servicio «t.co» por defecto.

Cuando los usuarios comparten un enlace en su perfil, la plataforma aplica su propia herramienta de acortamiento de enlaces. Una medida que, según las cláusulas de la compañía al respecto, le permite conocer el número de clics sobre una dirección URL, al tiempo que considera que estos datos le permite combatir la propagación de código malicioso o «malware». La política de privacidad de Twitter recoge que los anunciantes pueden recopilar datos de las direcciones IP cuando los usuarios hacen clic en sus enlaces.

Los expertos han mostrado su desconfianza al respecto al considerar que la compañía utiliza esta información «para rastrear a esas personas mientras navegan por la web al dejar cookies en sus navegadores». Un hecho que puede atentar contra el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que desde el pasado mayo es de obligado cumplimiento para las empresas.

En este marco legal se establece que las compañías deben facilitar a los usuarios un servicio para descargarse todos sus datos personales y saber para qué los utilizan. La investigación, que posiblemente se traslade a la Junta Europea de Protección de Datos, órgano que centraliza todas las peticiones en esta materia, determinará si Twitter ha cumplido o no con sus obligaciones y si alguna de las disposiciones del RGPD han sido vulneradas. El nuevo marco legal recoge sanciones de hasta 20 millones de euros o del 4% de la facturación anual por faltas graves.