El yate “Vita”

Laureano Benítez Grande-Caballero.- Aparte del oro y la plata enviados a Moscú, París y USA, el Himalaya de robos de la República se ejecutó en otros dos campos, que, al tener como víctimas a particulares e instituciones, puede considerarse como un expolio a la generalidad del pueblo español, que sufrió requisas revolucionarias de sus bienes personales, y de su Patrimonio Histórico-Artístico.

El despojo de los particulares fue consecuencia del decreto del Ministerio de Hacienda del 3 de octubre de 1936, que exigía a los españoles que entregasen todo el oro amonedado o en pasta que poseyesen. Al amparo de esta ley, se legalizó el despojo del oro, plata y divisas de los particulares, Montepíos e instituciones religiosas.

Este decreto fue completado por otro, promulgado el 23 de marzo de 1938, mediante el cual se ordenaba la entrega al Ministerio de Economía y Hacienda de las cajas privadas y depósitos en entidades bancarias privadas. A raíz de esta orden, se abrieron en Madrid casi cinco mil cajas de alquiler, más de un millar de depósitos y una treintena de sobres con joyas. En este expolio destacó la extracción de los depósitos del Monte de Piedad de Madrid, donde, según afirman Francisco Gracia y Gloria Munilla —autores del libro «El tesoro del Vita: La protección y el expolio del patrimonio histórico-arqueológico durante la Guerra Civil»— «las joyas requisadas constituían la prenda de más de treinta mil operaciones de pignoración por valor de 11,6 millones de pesetas. La mayor parte de ellas acabaron formando parte del tesoro del «Vita».

En cuanto a los bienes pertenecientes al Patrimonio Artístico, por decretos del 23 de julio y 1 de agosto de 1926 se creó la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico, dependiente del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, la cual tenía como misión incautar y conservar en nombre del Estado «todas las obras, muebles o inmuebles, de interés artístico, histórico o bibliográfico, que en razón de las anormales circunstancias presentes ofrezcan, a su juicio, peligro de ruina, pérdida o deterioro, tanto de las que pertenecen al Estado como de todas aquellas que […] pertenezcan a las provincias, a los municipios o a los particulares». Peligro que no provenía de las circunstancias bélicas, sino de la rapiña y furor destructivo de los milicianos incontrolados.

Aunque su funcionamiento tuvo cierta eficacia, todo cambió cuando Negrín, mediante un decreto reservado del 9 de abril de 1938, promulgó que todos los asuntos del patrimonio artístico pasaran a depender del Ministerio de Hacienda, medida que causó preocupación y malestar entre las juntas delegadas de la JCTA. No es difícil imaginarse lo que buscaban Negrín y sus adláteres con esta adscripción.

Paralelamente a la JCTA republicana, el bando nacional creó el 22 de abril de 1938 el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN), con los objetivos de conservar y reparar los bienes artísticos deteriorados durante la contienda, y recuperar aquellos que estuviesen en posesión del Frente Popular. Frente a la rapiña y el latrocinio frentepopulista, no se tiene constancia de corrupciones en el SDPAN, pues fueron espontáneas donaciones de particulares quienes suministraron el porcentaje más importante de la financiación del ejército franquista.

La voracidad corrupta del Frente Popular se extendió prácticamente a todos los campos, porque fue muy pronto organizada y planificada por un organismo que se creó a tal efecto, llamado «Caja General de Reparaciones», la cual, bajo el pretexto de proteger el patrimonio de instituciones y particulares del saqueo populista, ejecutó una descarada política de incautaciones, que provocó un apocalíptico expolio del patrimonio artístico español, superior al que perpetró la gabachería durante la Guerra de la Independencia, y la desamortización de 1836. Esta actividad confiscatoria incumplía el artículo 45 de la Constitución de 1931, según el cual el Estado debe salvaguardar «toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituyendo el tesoro cultural de la Nación… que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa». Según afirman Gracia y Munilla, este organismo —que dependía del Ministerio de Hacienda y estaba dirigido por Méndez Aspe, hombre de confianza de Negrín y director del Tesoro— tenía como objetivo la requisa de bienes «No para protegerlos, sino para transformarlos».

En efecto, la rapiña confiscadora frentepopulista devastó catedrales, templos, palacios, Instituciones, residencias privadas… Cuadros, tapices, orfebrería religiosa, piezas arqueológicas, monedas, acciones bursátiles, incluso textiles, sufrieron la codicia gubernamental de la «Caja General de Reparaciones», con la excusa de proteger esos bienes de los «nacionales». Los sopletes esquilmadores arramblaron incluso con las alianzas matrimoniales empeñadas por gente modesta, además de con alhajas de la clase pudiente… pocos lugares con algo de valor se salvaron de aquel salvaje expolio.

Indalecio Prieto

Mas el verdadero objetivo de esta rapiña era bien distinto, ya que apuntaba más bien a que los jerarcas republicanos, plenamente conscientes de que la victoria franquista era inevitable, pretendieron amasar una fortuna considerable con estos bienes, que les garantizara un futuro holgado fuera de España, abandonando a su suerte a una población necesitada, y a unos combatientes que quedaron a merced de los sublevados.

A este respecto, Pío Moa señala «el contraste entre el interés de muchos miembros de las juntas, centrado en preservar el arte por su valor intrínseco y como tesoro nacional, y el interés del Gobierno, centrado en el valor económico de las obras. La diferencia es esencial, pues sabemos que muy pronto Negrín decidió acopiar todo el material susceptible de venta, con un objetivo que explicó él mismo en su correspondencia con Prieto a raíz de la apropiación por este del tesoro del Vita: se trataba de que los jefes se asegurasen los medios económicos más cuantiosos posibles para el caso de ser derrotados y tener que ir al exilio, como ocurrió».

A esta operación de saqueo se la podría muy bien llamar «Operación Vita», ya que con este nombre se rebautizó un yate adquirido por el nacionalista vasco Marino de Gamboa, hombre de paja de Negrín, el cual zarpó en febrero de 1939 del puerto francés de El Havre con destino al puerto mexicano de Veracruz, llevando en sus bodegas 120 maletas que atesoraban mercancías incautadas por la «Caja General de Reparaciones».

Juan Negrín (de blanco) e Indalecio Prieto.

En el yate se embarcó una ingente fortuna en metales preciosos, obras de arte, reliquias, diamantes y otras joyas, cajas de seguridad de Montes de Piedad, etc… La identificación exacta de estos bienes sigue siendo un misterio, porque jamás se hizo inventario de su cargamento. Según el ugetista Amaro del Rosal, había objetos valiosos y recursos financieros de la Generalitat catalana; piezas del tesoro Artístico Nacional, como las joyas de la Capilla Real de Madrid; una parte del tesoro de la catedral de Tortosa; objetos religiosos de la catedral de Toledo, como el famoso «Manto de las cincuenta mil perlas de la Virgen del Sagrario»… Siguiendo las órdenes del ministro de Hacienda, Méndez Aspe, los tesoros se trasladaron al castillo de Figueras el 23 de enero de 1939 —el cual fue volado ante la inminencia de la derrota, a pesar de que aún había en él tesoros artísticos que los dirigentes en fuga no se habían podido llevar: esto demuestra el desprecio que aquella turba sentía hacia el Patrimonio de todos los españoles—.

Especial importancia tuvo la requisa numismática del Museo Arqueológico Nacional, que en 1925 contaba con 160.000 monedas, 15.000 medallas y medio millar de piezas grabadas. Del expolio se encargó el subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Wenceslao Roces, con el concurso de Antonio Rodríguez-Moñiño.

Junta de accionistas del Banco de España en el interior de la caja fuerte, junto a lingotes de oro Manuel Azaña y Juan Negrin

A la llegada a México, Prieto —en connivencia con Lázaro Cárdenas, el presidente de México, su amigo personal— se adelantó a Negrín, y se apropió del «Vita», con lo cual las relaciones ya deterioradas entre los dos dirigentes socialistas degeneraron en una contienda abierta.

¿Qué valor tenía la fortuna del «Vita»? Prieto —quien nunca rindió cuentas del último destino de aquel tesoro, que tampoco quiso inventariar— ocultó el cargamento en su vivienda, donde instaló un taller que ejecutaba la fundición de las piezas y la extracción de las piedras preciosas, para que las piezas desmontadas y fundidas jamás pudieran ser reconocidas por sus legítimos propietarios. Tasado aproximadamente en 500 millones de pesetas de aquel tiempo —77 millones de euros en la actualidad—, según diversas fuentes, vendió 1.488 kilos de oro de 24 quilates al banco de México, venta que hizo con exención del pago de impuestos. Parte del dinero obtenido por aquella venta de oro se envió a Estados Unidos, y hasta la fecha se desconoce quién fue el beneficiario final.

La rapacidad de Prieto incluyó la venta de 24 aviones que la República había adquirido en USA. De los cuadros de incalculable valor que viajaron en el «Vita», nunca más se supo, aunque hay testimonios de personas que vieron cuadros de grandes pintores españoles hermoseando salones de expresidentes de México y galerías de Nueva York.

Parte de la plata y otros objetos artísticos los vendió a USA, todo con la complicidad de presidentes —en especial Lázaro Cárdenas— y funcionarios mexicanos, con los cuales formó una verdadera banda mafiosa —Prieto hizo de su vivienda un verdadero búnker, atestado de ametralladoras, para defender su botín— que manejó millones de dólares bajo la tapadera de la JARE —«Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles—, que bien poco ayudó a los exiliados. Se calcula que el gobierno mexicano se apropió de un tercio de aquel gigantesco botín.

Las irregularidades de la JARE —como la fundición de monedas de oro de gran valor numismático— llevaron al gobierno mexicano de Manuel Ávila Camacho a asumir su control en enero de 1941.

Imagen de la proclamación de la II República, firmada por Piortiz, del libro ‘Un siglo en la vida de España’ (Lunwerg).

Esta situación se denunciaba en una carta que las Asociaciones de Refugiados Españoles en México dirigieron a Prieto el 6 de septiembre de 1940, cuyo contenido no dejaba lugar a dudas: «Los que suscriben, refugiados políticos españoles y como tales titulares del patrimonio que usted como presidente de la JARE tiene en su poder (…) Lejos de cumplir con aquellos deberes, la JARE, así como el Comité Técnico, han prostituido su función, distribuyendo el dinero común de modo ilícito entre los amigos y partidarios de los gestores del mismo, obligando a la masa a vivir en la más paupérrima de las miserias (…) Entre tanto, usted y sus parientes y amigos, viven en casas suntuosas como la que usted posee en Nuevo León 103, y dilapidan crapulosamente el dinero colectivo (…) A cuenta del patrimonio de los refugiados, ustedes llevan una conducta en este país que hace honor a los plutócratas y terratenientes españoles contra quienes el pueblo vertió su sangre en la guerra civil».

Camara acorazada del Banco de España.

En conclusión, como afirman en su obra Gracia y Munilla, «La historia del Vita es un cúmulo de despropósitos», y demuestra «hasta dónde pueden llegar, en primer lugar, un gobierno y posteriormente quienes se arrogan la representación de la legitimidad legal en el empleo y la conversión económica del patrimonio histórico-artístico de un Estado en beneficio privado y sin rendir cuentas por ello. Precedente peligroso […] ¿Qué legitimidad tiene un gobierno para decidir, por razones políticas, el destino el patrimonio histórico artístico de toda una nación?».

El investigador libertario Francisco Olaya Morales afirmaba que entre los delegados del bando rojo «la corrupción y el desorden prosperaron y proliferaron, generalmente, porque encontraron el terreno apropiado a su fermentación en la irresponsabilidad gubernamental y en el ascenso y la complicidad de las direcciones políticas». Ya desde 1937 los mismos políticos que ordenaban al pueblo resistir hasta la última bala, se preparaban un exilio dorado con el fabuloso tesoro robado tanto al Estado como a los ciudadanos. No se conoce nada ni remotamente parecido en el bando nacional. Morales opuestas que jugaron un papel decisivo en la suerte de la contienda.

El Himalaya de robos ejecutado por la República puede resumirse con estas palabras de Amaro del Rosal: «…A estas alturas resulta ineludible la pregunta clave que deben hacerse los españoles: ¿Qué fue de todo aquello? Están por explicar los paraderos, el empleo que se dio al oro, a la plata, a los valores y a las joyas y, sobre todo, debe aclararse qué se hizo con los objetos de arte […] Mucho nos tememos que una gestión irresponsable convirtiera en lingotes de oro o plata aquellas colecciones numismáticas de valor incalculable y que se hiciera lo mismo con los objetos religiosos…»

Y éstas son las cuentas, el montante total de la deuda que las izquierdas —especialmente el PSOE— tienen contraídas con el pueblo español, el cual tiene pleno tiene derecho a que les sean satisfechas, de acuerdo con la memoria histórica:

– Oro de Moscú: 15.300 millones de euros.

– Oro de París: 3.598 millones de euros.

– Tesoro del «Vita»: 76 millones de euros.

TOTAL DE LA DEUDA: 19.000 millones de euros.