La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del gobierno, Isabel Celáa

El borrador del anteproyecto de Ley Orgánica del PSOE, que modifica el actual marco legislativo en materia de educación en España, echa por tierra treinta años de lucha en Cataluña por devolver al castellano su papel de lengua vehicular en las aulas. El documento concede total libertad al gobierno catalán para perpetuar su modelo de enseñanza monolingüe en catalán (la inmersión) y seguir discriminando a la lengua oficial del Estado en las aulas. El texto, que podría aprobarse a finales de año y que aún puede incluir variaciones en su articulado, da luz verde a la Generalitat para determinar cuántas asignaturas imparte en catalán y en castellano, eliminando la obligatoriedad de dar ambas lenguas cooficiales «en una proporción razonable», tal como establece la justicia y tal como recoge la Lomce.

Varias sentencias firmes del Tribunal Constitucional (TC) y del Supremo (TS) reconocen al Estado la competencia para velar por el respeto de los derechos lingüísticos de los alumnos, así como el derecho a recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado, aunque dan margen a las comunidades para que ellas fijen «la proporción razonable» de la enseñanza en castellano y en la lengua cooficial de la comunidad. Este criterio de «razonabilidad» lo fijó, posteriormente, el Supremo en un mínimo del 25 por ciento del currículo en la lengua oficial del Estado. Ahora, el borrador impulsado por la ministra Isabel Celaá, elimina esos matices y entrega a Cataluña el poder absoluto para gestionar las lenguas en la enseñanza, colocando así la lucha contra la inmersión en el punto de partida.

Una de cal y otra de arena

El borrador que maneja el ministerio reconoce, por un lado, que las administraciones deben velar para garantizar el dominio por parte de los alumnos de las lenguas que sean oficiales en su territorio y que «las administraciones educativas deben garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a recibir la enseñanza en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios». Sin embargo, deja el cumplimiento de este punto a merced de la buena voluntad de los gobiernos autonómicos.

Proporción a secas, sin el «razonable»

«Las Administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes», señala el controvertido texto.

Cabe recordar que en el caso de Cataluña, la voluntad de la Generalitat de devolver al castellano el papel de lengua vehicular ha sido nula durante años. A mediados de los años 90, el Govern se negó reiteradamente a impartir la tercera hora de castellano, pese a que la ley educativa estatal así lo fijaba, y en estos últimos años, el departamento de Enseñanza, capitaneado por varios consejeros, ha interpretado las sentencias lingüísticas de forma restrictiva, concediendo solo el 25 por ciento de castellano a aquellos alumnos avalados por la justicia. El TS tumbó también en febrero la disposición de la Lomce que preveía ayudas a las familias para escolarizar a sus hijos en castellano.

Mecanismos «para compensar carencias»

Por otro lado, el texto da margen, sobre el papel, al igual que el proyecto de revisión del modelo lingüístico que presentó hace unos días el consejero catalán, Josep Bargalló, para que, con el fin de garantizar la competencia en comunicación lingüística «en el grado requerido» tanto en el castellano como en las lenguas cooficiales, «los centros puedan impulsar la adopción de las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas».

La Generalitat lleva años afirmando que en entornos de alumnos mayoritariamente catalanohablantes «los centros tienen la capacidad de reforzar el uso del castellano» en las aulas. Sin embargo, a la práctica, según denuncian asociaciones de profesores, «eso no sucede». El último plan presentado por el Govern sobre lenguas en la escuela insiste en lo mismo y ahora, el borrador del proyecto de ley de Celaá, lo suscribe también.

No discrimar «por lenguas»

El texto que pretende cambiar la Lomce señala, asimismo, que las administraciones educativas deben adoptar las medidas necesarias para que el uso del castellano y del catalán «no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación» y, en otro punto del articulado, garantiza a las familias el derecho a que sus hijos «reciban una educación con la máxima garantía de calidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía y en las leyes educativas». No obstante, el redactado no garantiza el cumplimiento de ninguno de estos dos puntos.

«La educación en manos de unos golpistas»

La reforma que propone el Ministerio ha causado indignación y desánimo entre las asociaciones que llevan años defendiendo el bilingüismo en Cataluña. Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana (CCC), la primera plataforma cívica que arrancó la lucha en defensa del castellano, asegura que si el borrador prospera, «se dejará el manejo de la educación en manos de unos golpistas para que vayan adoctrinando». Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Educación Bilingüe (AEB), que ha amparado en todos estos años a muchas familias que reclaman más castellano e incluso ha elevado su denuncia al tribunal europeo, mantiene la esperanza de que el proyecto de reforma de la ministra «no prospere» y subraya «sus efectos catastróficos» para la causa bilingüe.

Una administración «desleal»

«Si sigue, el Estado dejará de tener responsabilidad sobre lo que ocurre en la educación. No hay órganos de control y se da definitivamente el timón del barco a una administración que es desleal y no cree en el marco constitucional», afirma Losada.

Desde el Parlament, la diputada de Cs, Sonia Sierra, cree que la reforma que plantea el Gobierno no responde a las necesidades educativas actuales. «Una cosa son los intereses políticos y otra muy distinta por dónde va la sociedad», afirma Sierra. Recuerda, asimismo, que aunque cambie la Lomce, «hay derechos constitucionales que se mantienen».

Por su parte, la diputada del PP catalán, Andrea Levy, consdiera que la reforma planteada por Celaá «liquida» los derechos de los padres a elegir la lengua de escolarización de sus hijos y acusa al PSOE de pactar con los nacionalistas por intereses «estrictamente politicos», sin tener en cuenta el efecto que puede tener en las aulas.

(ABC)