Fachada de la sede del Consejo General del Poder Judicial, en Madrid.

Javier Marzal Mercader*.- En agosto saltó a medios de comunicación alternativos, que la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción denunció ante el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), la corrupción sistemática y permanente del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio Fiscal y de los Diputados y Senadores desde julio de 1985, así como la IMPUNIDAD de los jueces.

El Grupo de Estados contra la Corrupción es el organismo de la Unión Europea que es experto en corrupción de los tres poderes públicos. Está formado por los 47 países adscritos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su función consiste en estudiar la corrupción de los poderes públicos, sugerir medidas para controlarla y revisar el cumplimiento de estas medidas.

Se denunció que esta corrupción tiene su origen en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, mantenida en las reformas, así como en las malas prácticas de los funcionarios públicos de los organismos referidos y de los jueces.

La opacidad del CGPJ respecto de las denuncias contra fiscales y jueces, incumpliendo la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Si el PSOE de Felipe González, fue absolutamente descarado al eliminar la independencia judicial en 1985, lo mismo hizo el PP de Rajoy que eliminó la responsabilidad civil de los jueces frente a terceros en 2015.

En la denuncia se dice: “Así las cosas, tenemos por una parte a unos Jueces, Tribunales y CGPJ que jamás actúan contra los Jueces y Magistrados, y a una Fiscalía que por corporativismo tampoco lo hará; este sistema además, resulta si cabe aún más viciado y abusivo, dado que todos los que lo integran, jueces, fiscales, congresistas y senadores están aforados, de tal manera que al corporativismo y prevaricación para no actuar unos en contra de otros se suma un sistema de protección especial a la hora de ser Juzgados. Así, España es el país del mundo con más aforamientos”.

En la denuncia se aportan datos estadísticos con los que afirman se certifica “LA CORRUPCIÓN Y PREVARICACIÓN SISTEMÁTICA DEL CGPJ y DE LA FISCALÍA”.

El autoritarismo judicial vuelve a quedar en evidencia con la acusación: “Hay que resaltar que el CGPJ siempre que un Juez pide amparo en estos términos, se lo conceda, con el objeto de amedrentar a los ciudadanos, letrados, asociaciones o instituciones que están denunciando los actos irregulares o ilícitos de algún Juez”.

En las conclusiones de la denuncia se dice: “es de interés por esta parte, manifestar que España no cumple normas, protocolos de actuación, ni tratados a los que esté adscrita, y se informa dado que el hecho de que se protocolice o se ponga una pretendida solución en una supuesta norma será a buen seguro estéril e inútil, ya que España no la cumplirá, al igual que como consta en la presente denuncia no cumple su propia legislación (Ley orgánica del poder judicial, Estatuto del ministerio fiscal, etc)”.

“Rogamos encarecidamente, se proceda a actuar firmemente contra España, sancionándola, y exigiendo que se tomen medidas urgentes contra el Consejo General del Poder Judicial, El Ministerio Fiscal, miembros del Congreso y del Senado”.

La denuncia incluye referencias a otras denuncias de abogados, personas y asociaciones, contra estos organismos; información periodística; datos estadísticos, etc., describiendo una situación de corrupción sistémica donde las autoridades públicas no cumplen la ley por norma.

En definitiva, los jueces tienen una absoluta IMPUNIDAD que les empuja a incumplir las leyes, a vender sus sentencias, a aplicar sus ignorantes creencias, a encubrir al resto de las autoridades públicas, manteniendo un sistema abusivo y autoritario, que podemos denominar abusocracia.

*Presidente de ANVIPED, Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho.