Pedro Sánchez tiene que explicar qué trató con Quim Torra durante la reunión que celebraron en Barcelona el pasado día 20 y, sobre todo, tiene que explicar por qué no dio por terminado el encuentro en cuanto el presidente catalán le entregó el documento con sus reivindicaciones. El mero acto de escuchar a Torra pedir una mediación internacional entre Cataluña y España constituyó, en sí mismo, una cesión a la estrategia de crispación diseñada por el separatismo. Lo peor, sin embargo, fue la explicación del Gobierno central, que calificó de «anecdótico» que Sánchez no informara de esa oferta de internacionalización. Sánchez es un presidente opaco y poco amigo de la verdad.

Desde que accedió a la Presidencia, su mandato se ha caracterizado por perseverar en el plan suicida de pactar con los separatistas solo con el objetivo de reeditar el Pacto del Tinell contra el PP. Por eso no es anecdótico que callara, y siga callando, sobre las peticiones de Torra, sino sintomático del nivel de alienación en el que se encuentra el Ejecutivo ante los separatistas catalanes. Esta vez, el presidente del Gobierno no necesitó intermediarios ni columnas de opinión para saber que Torra está aprovechando su indigencia política para dar pábulo a la estrategia secesionista con un encuentro que fue indigno en su apariencia y ahora también se sabe que en su contenido. Cuando al Estado se le plantea una ofensiva que persigue su destrucción, el presidente del Gobierno tiene que saber muy bien en qué lado debe situarse.

Sánchez parece no saberlo, porque sus actos y sus decisiones no son las propias de quien ostenta la máxima responsabilidad política del Estado, sino de un político en precario que sobrevive con los préstamos de voto que le hacen los enemigos del Estado. Torra ganó la baza política de su encuentro con Sánchez, primero, porque logró una apariencia de encuentro bilateral; y, segundo, porque hizo que Sánchez recibiera una propuesta de destrucción del orden constitucional sin inmutarse. Sólo una anécdota, según el Gobierno.

Bloqueado tras el desastre electoral en Andalucía, el Gobierno de Sánchez es una pieza fácil para el separatismo, que tiene los votos que necesita para alargar el mandato. El drama de España es que no es Sánchez quien decide lo que dura esta legislatura, sino Torra, Puigdemont y Junqueras. Un neofascista, un fugado y un preso. Esta situación no es fruto de acontecimientos inevitables, sino de la voluntad expresa del PSOE y de Sánchez, que, a cambio de no ser devorados por el separatismo, son capaces de emitir un comunicado conjunto con Torra en el que se que refleja el ideario separatista: un conflicto político que sólo se solucionará con una propuesta política apoyada por los catalanes en el marco no de la Constitución, sino de una etérea «seguridad jurídica» creada a la medida. Es dramático, pero cierto: España no tiene un Gobierno que actúe contra el separatismo.