Santi Vila, con barbas, con algunos amigos.

El exconsejero de Empresa Santi Vila ha apuntado que el referéndum del 1-O fue financiado por mecenas catalanistas y empresarios que estaban dispuestos a sufragar estos gastos porque el expresident Carles Puigdemont le aseguró: “Estate tranquilo que no gastaremos ningún euro del erario público”.

Vila, acusado de un delito de malversación y otro de desobediencia por el que la Fiscalía pide 7 años de prisión, se ha referido así en la sexta sesión del juicio del “procés” que se celebra en el Tribunal Supremo.

En su interrogatorio, el fiscal Fidel Cadena le ha preguntado sobre la presunta malversación para financiar el referéndum, a lo que el exconsejero ha respondido que “no tenía ni idea” de las supuestas partidas que la Fiscalía atribuye a los acusados.

“Pero mi impresión, por mi bagaje político, es que esto se había financiado por mecenazgos, mecenas catalanistas, empresarios comprometidos con la iniciativa y dispuestos a sufragar estos gastos”, ha destacado el exconsejero, que se desmarco de la DUI al dimitir la víspera de la declaración unilateral de independencia.

Vila ha querido dejar claro que su opinión es especulativa pero que cuando se interesó por estas gestiones, Puigdemont le aseguró: “estate tranquilo que no gastaremos ni un euro del erario público”.

Al respecto, ha afirmado que después de la suspensión de la ley de referéndum por el TC, “nunca se tomó un acuerdo por parte del Gobierno (de la Generalitat) que supusiera un gasto” de forma que se dio “cumplimiento al mandato judicial”.

“No había ningún tipo de posibilidad” de dar luz verde a ningún gasto “a no ser que alguien eludiera su responsabilidad”, ha señalado Vila, quien ha añadido que “sabía que nadie” de su Conseljería iba a tomar “una decisión que comportara gasto público”, por lo que quedó “doblemente tranquilo”.

Jordi Sànchez: “Cuando llegué a la Consejería había una muralla humana”

Jordi Sánchez.

Por su parte, el exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez ha declarado ante el Tribunal Supremo que el 20 de septiembre de 2017, cuando llegó a la Consejería de Economía, “ya había una muralla humana” concentrada en protesta del registro que estaba efectuando la Guardia Civil.

Acusado de rebelión ante el Tribunal Supremo, por el que se enfrenta a una petición de 17 años de cárcel, Sànchez ha explicado que, poco después de las 8.00 de la mañana, cuando llegó al edificio ya había “algunos centenares de personas”, entre ellas representantes públicos de Cataluña y sobre todo “muchos medios de comunicación”.

“Cuando yo llegué había una muralla humana y no fui consciente de los vehículos de la comitiva judicial”, ha dicho Sànchez en relación a los coches de la Guardia Civil que acabaron destrozados.

El acoso a la comitiva judicial el 20S es uno de los principales objetos de acusación que pesan contra Jordi Sànchez y también contra el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ambos en prisión desde el 16 de octubre de 2017, casi un mes después de esa movilización.

Según Sànchez, al llegar había bastante gente concentrada ya, incluidos muchos medios de comunicación, en primera línea, puerta con puerta con la sede del departamento y en los vehículos oficiales para tomar imágenes.

También había “cargos públicos y diputados” en una convocatoria que le dio “una sensación” de “ambiente de absoluta normalidad”.

Aún así, para “dar un poco de oxígeno” y espacio al edificio de la Consejería, animó a los presentes a situarse “unos metros más abajo”, donde ya estaba cortada la circulación.

También intentó contactar con los responsables de seguridad ciudadana, “como hacen siempre” e intentó acceder a la sede, pero las Fuerzas de Seguridad se lo negaron al no tener “autorización”.